Fausto Corrales Rodríguez fue capturado en la CDMX por encubrimiento y falsedad de declaraciones. Dictámenes periciales confirmaron que el homicidio del exrector de la UAS ocurrió en Huertos del Pedregal
La Fiscalía General de la República detuvo en la Ciudad de México a Fausto Ernesto Corrales Rodríguez, testigo en las investigaciones federales por el homicidio del político Héctor Melesio Cuén Ojeda y la privación de la libertad de Ismael “Mayo” Zambada García, ocurridos el 25 de julio de 2024 en Sinaloa.
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La aprehensión se ejecutó por elementos de la Policía Federal Ministerial e Interpol en la alcaldía Miguel Hidalgo, en cumplimiento de una orden de aprehensión por su probable responsabilidad en los delitos de encubrimiento en el homicidio y falsedad de declaraciones ante las autoridades judiciales.
Corrales Rodríguez, hijo del político sinaloense Víctor Antonio Corrales Burgueño, era conductor de Cuén Ojeda, quien se desempeñó como rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa al momento de su fallecimiento.
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La trascendencia de esta captura radica en que el detenido es el testigo civil que presenció de manera directa los momentos previos al traslado de Zambada García y al homicidio de Cuén Ojeda en la finca Huertos del Pedregal, en Culiacán.
De acuerdo con las indagatorias de la federación, la detención de Corrales Rodríguez desarticula el montaje de las autoridades de Sinaloa para ocultar el lugar real en el que se cometió el crimen.
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En las horas posteriores a los acontecimientos de ese día, la fiscalía de Sinaloa sostuvo que Héctor Melesio Cuén Ojeda había sido víctima de una agresión por disparos de arma de fuego en una gasolinera al norte de Culiacán durante un supuesto intento de robo de su vehículo.
Fausto Ernesto Corrales Rodríguez fue el principal promotor de esta versión ante el ministerio público local, declarando que conducía la camioneta y presenció el intento de robo con violencia.
No obstante, los dictámenes de los peritos federales comprobaron que la escena de la gasolinera fue simulada mediante un video editado y testimonios coordinados para ocultar que el homicidio ocurrió donde Joaquín Guzmán López, integrante de la facción de Los Chapitos, sometió al cofundador del Cártel de Sinaloa.
La cronología de la Fiscalía General de la República señala que Cuén Ojeda y su chofer llegaron a Huertos del Pedregal antes de las once de la mañana para una reunión política. En ese sitio se encontraba Ismael Zambada García, con quien se saludaron antes de ingresar a las oficinas.
Alrededor de las once y media de la mañana, un grupo de hombres armados sometió por la fuerza a Zambada García, procediendo a maniatarlo, encapucharlo y trasladarlo a una pista de aterrizaje para su posterior transporte aéreo hacia Nuevo México, en Estados Unidos.
De forma simultánea a la privación de la libertad de Zambada García, Héctor Melesio Cuén Ojeda fue asesinado a tiros en el mismo inmueble, lo que quedó demostrado mediante la compatibilidad de sus rastros hemáticos en el suelo de la finca, descartando que el homicidio ocurriera en la gasolinera.
En ese mismo evento también fueron sometidos y desaparecidos los dos escoltas personales de Zambada García, identificados como José Rosario Heras y Rodolfo Chaidez, quienes se encuentran ilocalizables desde esa fecha.
Las investigaciones federales determinaron que las declaraciones iniciales del chofer tuvieron el propósito de engañar a las autoridades y dar tiempo para ocultar evidencias en el lugar, incluyendo la cremación exprés del cadáver de Cuén Ojeda.
Tras la atracción federal del expediente, los fiscales detectaron contradicciones e incompatibilidades de horarios en los testimonios de Corrales Rodríguez, quien ocultó su destino real y la presencia de figuras públicas sinaloenses en la finca de la reunión.
Este ocultamiento y la manipulación de la carpeta de investigación provocaron la renuncia de la entonces fiscal general de Sinaloa, Sara Bruna Quiñónez Estrada, quien enfrenta cargos por su participación en la confección de las actuaciones falsas.
El caso mantiene bajo investigación también al gobernador Rubén Rocha Moya, debido a que Zambada García declaró en una misiva pública que la reunión política en la finca se había convocado para mediar diferencias por el control de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Con la detención y permanencia bajo custodia de Corrales Rodríguez en la Ciudad de México, la fiscalía busca obtener información sobre quiénes operaron el homicidio y la sustracción de Zambada García.
El proceso se dirime bajo criterios de seguridad nacional y de soberanía nacional, debido a que el traslado forzado de Ismael Zambada hacia el aeropuerto de Santa Teresa en Nuevo México mantiene un diferendo diplomático activo entre la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y las agencias de Estados Unidos sobre la legalidad de la intervención unilateral de su personal.
La situación jurídica del exchofer queda sujeta al juez de control federal que emitió el mandamiento judicial, mientras se deslindan responsabilidades de los peritos sinaloenses, policías investigadores y mandos estatales involucrados en la simulación de la investigación ministerial.
