El testigo permanecerá en el penal de El Altiplano antes de resolverse su situación legal por falsedad de declaraciones y encubrimiento. FGR sostiene que el conductor encubrió el homicidio del exrector de la UAS simulando un robo violento
Un juez de control de distrito federal en Almoloya, Estado de México, dictó prisión preventiva a Fausto Ernesto Corrales Rodríguez, investigado por encubrimiento y falsedad de declaraciones.
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El imputado, exasistente de Héctor Melesio Cuén Ojeda, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, fue detenido en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, por agentes de la Policía Federal Ministerial y de la Interpol.
La resolución judicial determinó que Corrales Rodríguez, hijo del político Víctor Antonio Corrales Burgueño, permanezca recluido en el penal de máxima seguridad de El Altiplano mientras se resuelve su situación jurídica en las próximas horas.
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La defensa legal del procesado, dirigida por el abogado Miguel Darío Albarrán, solicitó la duplicidad del plazo constitucional para aportar elementos de prueba antes de la resolución del juzgador.
Por este motivo, el juez federal resolverá el próximo lunes si dicta el auto de vinculación a proceso en contra del exchofer por los cargos formulados por el Ministerio Público de la Federación.
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La representación social de la federación imputa al detenido haber proporcionado testimonios falsos y haber realizado actos de encubrimiento destinados a ocultar las circunstancias reales bajo las cuales ocurrió el homicidio de Cuén Ojeda el veinticinco de julio de veinticuatro.
De acuerdo con las indagatorias ministeriales de la Fiscalía General de la República, Corrales Rodríguez proporcionó declaraciones contradictorias ante las autoridades de Sinaloa con el propósito de validar un montaje en una gasolinera de Culiacán.
En la versión inicial de la fiscalía local, apoyada por el testimonio del hoy detenido, se asentó que Cuén Ojeda había sido agredido con disparos de arma de fuego en una gasolinera de la salida norte de Culiacán durante un supuesto intento de robo de su vehículo.
Las investigaciones federales posteriores demostraron que el incidente en el establecimiento de combustible fue simulado y coordinado para ocultar que el homicidio del exrector ocurrió en la finca campestre Huertos del Pedregal.
La reconstrucción científica de los hechos determinó que Corrales Rodríguez trasladó a Cuén Ojeda al citado inmueble rural el veinticinco de julio de veinticuatro para asistir a una reunión previamente acordada.
En ese lugar se encontraba Ismael Zambada García, cofundador del Cártel de Sinaloa, a quien saludaron al ingresar.
Conforme a las pruebas periciales de la federación, en esa finca se ejecutó de manera simultánea el secuestro de Zambada García y el asesinato de Cuén Ojeda por parte de un grupo encabezado por Joaquín Guzmán López.
Los peritajes biológicos confirmaron el hallazgo de huellas hemáticas del exrector en el suelo de la propiedad y el sometimiento de los escoltas del capo, José Rosario Heras y Rodolfo Chaidez.
La relevancia de Corrales Rodríguez como testigo radica en su presencia en el lugar y hora en que ocurrieron los dos sucesos delictivos.
Las autoridades federales señalan que el imputado incurrió en contradicciones de horarios y rutas con el fin de ocultar el encuentro previsto con Zambada García, Guzmán López y el gobernador Rubén Rocha Moya.
Esta simulación en las investigaciones locales derivó en la renuncia de la fiscal general de Sinaloa, Sara Bruna Quiñónez Estrada, y mantiene bajo investigación penal a servidores públicos locales por alterar evidencias y cremar el cuerpo de la víctima.
El caso del exchofer se desenvuelve en el marco del proceso judicial contra Ismael Zambada García en los Estados Unidos.
El capo sinaloense fue trasladado en un vuelo privado conducido por el piloto Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias El Jando, desde Sinaloa hasta el aeropuerto de Santa Teresa, Nuevo México, donde fue detenido por agentes federales.
Ante la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, la fiscalía estadounidense solicitó la pena de cadena perpetua y el decomiso de quince mil millones de dólares contra Zambada García, quien admitió culpabilidad en delitos de delincuencia organizada y tráfico de drogas.
Por su parte, el gobierno de México mantiene una investigación abierta bajo la hipótesis de traición a la patria y violación a la soberanía nacional debido al traslado forzado del narcotraficante a territorio extranjero sin autorización del Estado mexicano.
En este escenario de interés público y de seguridad nacional, el testimonio de Corrales Rodríguez es considerado por la Fiscalía General de la República como una fuente para identificar a los autores materiales del secuestro del capo y del homicidio del exrector.
La resolución sobre su vinculación a proceso definirá el inicio formal de la etapa de investigación complementaria por parte de la federación.
El imputado continuará encarcelado en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 del Estado de México a disposición del juez de la causa, quien valorará si los datos de prueba expuestos por los fiscales federales son suficientes para sustentar el proceso penal por la supuesta obstrucción de la justicia.
