Rocha Moya regresó al cargo tras ser supuestamente investigado por la Fiscalía General de la República que determinó que no existen pruebas en su contra y no judicializó la petición de Estados Unidos para detenerlo con fines de extradición
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Rubén Rocha Moya anunció su reincorporación como gobernador de Sinaloa este viernes 21 de agosto, concluyendo así con 112 días de licencia temporal que solicitó el 1 de mayo de este mismo año.
La separación del cargo ocurrió tras la difusión de señalamientos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos que lo vinculan con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.
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Mediante un comunicado, Rocha Moya manifestó que retoma sus funciones administrativas para cumplir el mandato constitucional para el cual fue electo, que concluye el 31 de octubre de 2027.
El gobernador de extracción morenista justificó su regreso bajo el argumento de que la Fiscalía General de la República (FGR) determinó la inexistencia de elementos probatorios suficientes que sustenten alguna conducta penal en su contra en el ámbito nacional.
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Durante su licencia de casi cuatro meses, el mandatario sinaloense afirmó haberse sometido a los procedimientos de indagación de las instituciones de procuración de justicia mexicanas, renunciando al fuero constitucional de su investidura.
Rocha Moya detalló que compareció personalmente ante el ministerio público de la federación de la FGR para responder de manera directa a los requerimientos formulados por los agentes de investigación.
Asimismo, calificó las acusaciones de las agencias de seguridad de los Estados Unidos como imputaciones sin sustento, atribuyéndolas a motivaciones políticas de sectores opositores de la derecha nacional y extranjera con el propósito de afectar la soberanía del Estado mexicano y su administración.
La acusación que motivó la separación temporal de Rocha Moya se encuentra integrada en el expediente judicial S9 23 Cr. 180, en el tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York.
El pliego de cargos, avalado por un Gran Jurado el 29 de abril de 2026 y suscrito por el fiscal Jay Clayton, señala al gobernador como presunto partícipe en una red de colusión con mandos de la delincuencia organizada.
Los documentos de la fiscalía estadounidense sostienen que Rocha Moya sostuvo reuniones de carácter logístico a inicios del año 2021 con Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Ovidio Guzmán López.
De acuerdo con las indagatorias norteamericanas, el propósito consistió en pactar el apoyo operativo de la facción criminal para asegurar el resultado electoral de la contienda de 2021 mediante el robo de urnas, la neutralización de candidatos opositores y la inacción de las corporaciones policiales el día de la jornada comicial.
A cambio de este respaldo, las autoridades judiciales de Nueva York sostienen que la administración de Rocha Moya facilitó el control de las corporaciones de seguridad del orden estatal y municipal a personal afín a la organización delictiva, permitiendo el trasiego de cargamentos de fentanilo, cocaína y metanfetaminas hacia los Estados Unidos.
La solicitud formal de detención provisional con fines de extradición contra el gobernador acumuló a la fecha de su reinstalación más de 115 días de inactividad procesal en el ámbito federal mexicano.
La Secretaría de Relaciones Exteriores y la FGR han rechazado dar curso a la orden de aprehensión internacional con el argumento de que la documentación enviada por la corte estadounidense no satisface los criterios de suficiencia probatoria y urgencia previstos en la legislación del país.
Mientras el gobierno federal mantiene inactivo el trámite de extradición, colaboradores cercanos de Rocha Moya enfrentan procesos directos en las cortes federales estadounidenses.
El general en retiro Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa y coimputado en la misma causa penal de Nueva York, fue excarcelado el 11 de agosto de 2026 de la prisión de Brooklyn.
Registros penitenciarios confirman que Mérida Sánchez permanece bajo custodia confidencial para incorporarse al programa de testigos colaboradores de la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.
Este procedimiento es homólogo al iniciado en mayo de 2026 por Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de la entidad, quien también comparece en el expediente de colusión.
El testimonio de estos exfuncionarios ante los fiscales estadounidenses representa una vía de aportación de evidencias testimoniales que contrasta con el dictamen de exoneración de las autoridades nacionales.
Así, el retorno de Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa se produce en un escenario de contradicción jurídica binacional, donde la FGR declara la ausencia de elementos delictivos en el ámbito interno, mientras las cortes norteamericanas consolidan expedientes basados en la cooperación de testigos del mismo gabinete estatal.
