En 2026, el gasto social en México absorbió entre 47% y 50% del gasto programable, creciendo 9.7% anual y alcanzando 3% del PIB, mientras la inversión pública cayó 7.9%, rondando apenas 2.5% del PIB
La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que el aumento del gasto social esté afectando la inversión pública en infraestructura. “No es uno en vez del otro, son todos al mismo tiempo”, afirmó durante su conferencia matutina del lunes 7 de septiembre, al insistir en que su gobierno impulsa simultáneamente los programas de bienestar, la obra pública y el fortalecimiento de la educación y la salud.
“NO SE SUSTITUYÓ LA INVERSIÓN POR EL BIENESTAR”
“He escuchado que dicen que los programas de bienestar sustituyeron la inversión pública, y eso no es cierto”, dijo Sheinbaum. Explicó que su administración ha desarrollado esquemas de inversión directa, mixta y bajo la nueva ley de inversión para el desarrollo económico con bienestar, que este mismo año saldrán a licitación. “Estamos impulsando la obra pública y al mismo tiempo los programas de bienestar”, reiteró.
LAS CIFRAS QUE CONTRADICEN EL DISCURSO
Los datos oficiales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el INEGI muestran una tendencia distinta. En 2026, el gasto social creció 9.7% real anual, mientras la inversión pública cayó 7.9% en el mismo periodo. Los programas de bienestar alcanzaron un nivel histórico equivalente al 3% del PIB, frente a una inversión física presupuestaria que se mantiene alrededor del 2.5% del PIB.
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DOMINIO DEL GASTO SOCIAL
Las funciones agrupadas en Desarrollo Social —que incluyen salud, educación, protección social y pensiones— absorben sistemáticamente entre 47% y 50% de todo el gasto programable del sector público. En ejercicios recientes como la Cuenta Pública auditada, el gasto en protección social y transferencias directas ha alcanzado techos históricos, impulsados por la obligatoriedad constitucional de los programas universales.
INVERSIÓN PÚBLICA EN DESCENSO
La inversión física, medida como proporción del Producto Interno Bruto (PIB), se mantiene por debajo del umbral necesario para detonar un crecimiento sostenido. Organismos como el Centro de Investigación Económica Presupuestaria (CIEP) y el IMCO advierten que el incremento del gasto social, junto con el costo financiero de la deuda y el pago de pensiones, ha reducido el espacio fiscal disponible para infraestructura y mantenimiento.
LA POSTURA DE COPARMEX
Desde la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) se considera que el Paquete Económico 2027 debe ser una oportunidad para dejar atrás la inercia presupuestaria y colocar el gasto público al servicio del crecimiento económico. La organización empresarial subraya que México necesita finanzas públicas ordenadas, pero también recursos que atiendan los rezagos que hoy limitan la productividad, la inversión y la generación de empleo formal.
COPARMEX plantea que el presupuesto debe establecer prioridades claras y decisiones que permitan recuperar la confianza en el rumbo económico del país. Propone mantener el compromiso de no crear nuevos impuestos, mejorar la eficiencia recaudatoria y combatir la evasión fiscal. Además, advierte que Pemex y CFE requieren esquemas que garanticen su viabilidad financiera y operativa, evitando comprometer recursos públicos sin planes claros de saneamiento y transparencia.
La confederación también pide privilegiar la inversión en seguridad, salud, educación, energía, agua e infraestructura logística y digital, sectores capaces de elevar la productividad y generar más empleos formales. En materia de deuda, sostiene que esta debe destinarse solo a proyectos con rentabilidad comprobable, no para sostener gasto corriente.
UN EQUILIBRIO COMPLEJO
Sheinbaum sostiene que el modelo de desarrollo con bienestar busca equilibrar justicia social y crecimiento económico. “Eso nos va a permitir seguir sacando de la pobreza a millones y millones de mexicanos. Y vamos bien, vamos bien y vamos a seguir mejor”, concluyó. No obstante, los indicadores presupuestarios reflejan que el desafío será mantener ese equilibrio sin comprometer la capacidad de inversión productiva del Estado.





