Regidores del Cabildo en Ensenada aprobaron propuestas presentadas por la presidenta municipal, Claudia Agatón Muñiz, para mejorar las condiciones financieras del Ayuntamiento, y al mismo tiempo autorizan nuevos endeudamientos y respaldan contrataciones con empresas privadas.
Los conflictos en el pleno del Cabildo iniciaron desde marzo de 2026, cuando los regidores rechazaron una propuesta hecha por la alcaldesa para contratar un crédito bancario por 450 millones de pesos, como parte de las medidas financieras planteadas durante su administración.
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En ese momento, Agatón habló públicamente de la crisis económica en su gobierno y mencionó la necesidad de realizar remodelaciones en campos deportivos y la pavimentación de calles.
Después, en el mes de mayo, los regidores le aprobaron un proyecto para refinanciar un crédito por 410 millones con lo que, aseguró, tendrían un ahorro de 17 millones anuales (1.4 MDP al mes) y con eso podría pagar servicios públicos, infraestructura y pavimentación.
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Finalmente, el martes 2 de septiembre, la mayoría de los regidores aprobaron que el ayuntamiento solicite un anticipo de participaciones federales por 91 millones 791 mil pesos, operación que implicará el pago de aproximadamente 10 millones 619 mil pesos en intereses.
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GOBIERNO MUNICIPAL CONTRATA EN MEDIO DE LA CRISIS ECONÓMICA
En la misma sesión en la que se aprobó el adelanto de participaciones federales a través de un crédito bancario, la alcaldesa Claudia Agatón Muñiz y la tesorera municipal, Guadalupe Salazar Valle, solicitaron además una ampliación presupuestal por 22 millones de pesos.
La petición del dinero se hizo bajo el concepto de “Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar”, recursos que serían destinados al pago de las empresas STRATIMEX, S.A.P.I. de C.V. y Proveedora Internacional de Servicios Institucionales, S.A. de C.V., contratadas para recuperar la cartera vencida del impuesto predial.
Sin embargo, la propuesta no obtuvo los votos suficientes para ser aprobada, por lo que la alcaldesa solicitó que el punto fuera enviado a comisiones para revisión.
Hasta ese momento, algunos regidores aseguraron desconocer la contratación de ambas empresas. Ante ello, la mayoría votó en contra de la ampliación presupuestal propuesta por la Presidencia Municipal y acordó turnar el asunto a comisiones para su revisión, con la posibilidad de que posteriormente sea presentado nuevamente ante el pleno.
STRATIMEX y Proveedora Internacional fueron contratadas en enero, a petición del recaudador de Rentas Municipal, Raymundo Beltrán Montez, quien solicitó a la Tesorería Municipal la contratación de ambas empresas mediante adjudicación directa.
De acuerdo con información oficial, el argumento utilizado para evitar un proceso de licitación fue el artículo 76 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamiento y Contratación de Servicios del Municipio de Ensenada, específicamente sus fracciones III y V.
La fracción III establece que podrán realizarse adjudicaciones directas cuando se trate de servicios que requieran experiencia, técnicas o equipos especiales, mientras que la fracción V contempla aquellos servicios cuya contratación pueda provocar pérdidas o costos adicionales importantes para el Ayuntamiento.
La propuesta señala que los recursos permitirán financiar el proceso de notificación de requerimientos de pago a contribuyentes con adeudos, con el objetivo de incrementar la recaudación y fortalecer los ingresos propios del municipio.
Desde 2020, STRATIMEX, empresa vinculada a Luis Miguel Niño de Rivera Taracena y en la que participan otros políticos de la Ciudad de México, ha sido contratada por gobiernos de Baja California, incluidos organismos paraestatales como la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), para realizar labores relacionadas con la recuperación de cuentas.
En un comunicado de prensa, el recaudador Raymundo Beltrán mencionó que los 22 millones no serían usados para el pago de una deuda, sino que es una medida preventiva y su uso dependerá de los resultados en la recuperación de la cartera vencida del impuesto predial. Sin precisar a cuánto asciende la cartera vencida, estimó que la proyección es recuperar más de 100 millones de pesos.
“La cantidad de hasta 22 millones de pesos contemplada en la propuesta, no representa el monto de una deuda ni un recurso comprometido, sino una previsión presupuestal ante un escenario en el que la recuperación de cartera vencida continúe creciendo”, aclaró.
IMPUNIDAD EN LA CONTRATACIÓN DE NUEVO CRÉDITO PARA EL ISSSTECALI
Por otra parte, los 91.8 millones de pesos que el Ayuntamiento pretende obtener mediante el anticipo de participaciones federales serían destinados al pago de obligaciones con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (Issstecali), con el que podrán jubilar y pensionar a trabajadores que han superado los 30 años de servicio.
De acuerdo con información de Oficialía Mayor, en promedio dos trabajadores alcanzan mensualmente la edad de retiro laboral, lo que representa alrededor de 24 jubilaciones al año. Cada caso implica un costo estimado de entre 1.8 y 2.5 millones de pesos.
En la sesión de Cabildo, la regidora Ana Daniela García Salgado, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien votó en contra, reprochó los actos de impunidad en contra de los gobiernos anteriores.
Mencionó que el recurso económico correspondientes a las aportaciones de los trabajadores al Issstecali ya fueron descontados vía nómina a empleados afiliados al Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California (SUTSPEMIDBC).
Ese dinero, dijo, habría sido utilizado por administraciones anteriores para fines distintos a los que estaban etiquetados.
En esa sesión la mayoría de los regidores votó a favor de la solicitud, con excepción de la regidora del Partido Encuentro Solidario (PES), Brenda Kawanishi, y de Daniela García.
Aunque la mayoría de los ediles razonó su voto y exigieron a la alcaldesa mayor transparencia en el manejo de los recursos públicos, todos votaron a favor de la propuesta.
El síndico procurador Eli Oviedo mencionó que votaría a favor siempre y cuando se abriera una cuenta bancaria exclusiva para administrar el crédito y la solicitud de que Issstecali considere los intereses generados como parte de la obligación a cubrir.
Durante sus intervenciones, algunos regidores también dirigieron cuestionamientos a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, a quien señalaron por la situación financiera que enfrenta el sistema de seguridad social de los trabajadores del estado y los municipios.
