CIUDAD DE MÉXICO.- Entre febrero y abril de 2026, 74% de la población adulta consideró inseguro vivir en su respectiva entidad federativa, y ubicando a la delincuencia como el
En este panorama evaluado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) a través de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), la sensación de vulnerabilidad no se distribuye de manera igualitaria en el territorio nacional.
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Los datos revelan que el Estado de México encabeza la percepción de inseguridad con un alarmante 90.0%, seguido de cerca por Morelos con 88.7 % y Tabasco con 87.6 %.
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En contraste, las regiones que experimentan los menores niveles de temor social son Coahuila con 27.8 %, Yucatán con 35.5 % y Aguascalientes con 41.0 %.
Frente a este escenario de temor, las actividades cotidianas de la ciudadanía se han visto drásticamente transformadas: 62.8 % de las familias optó por prohibir que los menores salgan sin compañía, mientras que 44.7 % prefiere evitar transitar o realizar actividades durante las horas nocturnas.
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EL COSTO FINANCIERO Y LAS PÉRDIDAS
Detrás de esta crisis de percepción se encuentra un impacto financiero que afecta directamente la economía familiar y nacional. Durante 2025, el costo total derivado de la inseguridad y los delitos en los hogares se estimó en 267.3 mil millones de pesos, lo que equivale al 1.06% del Producto Interno Bruto (PIB) del país y representa un promedio de 6,130 pesos por cada persona directamente afectada.
Este gasto se compone de dos vertientes principales: las pérdidas económicas directas a consecuencia de los ilícitos, que sumaron 165.9 mil millones de pesos (62.1% del total), y los recursos destinados por los hogares a la implementación de medidas preventivas, los cuales alcanzaron los 91.6 mil millones de pesos (34.3%).
Para proteger su patrimonio frente a la amenaza constante del robo, 23.1 % de las familias optó por cambiar o colocar cerraduras y candados; 19.2 % sustituyó puertas o ventanas; 12.9 % decidió instalar rejas o bardas perimetrales, y un sector considerable recurrió a la compra de perros guardianes o a la organización de esquemas de vigilancia vecinal.
CUÁNTOS SUFRIERON DELITOS
En el plano estrictamente de la victimización, el INEGI estimó que 11.7 millones de hogares —que representan 28.5 % del total nacional— fueron víctimas de al menos un delito en agravio de alguno de sus integrantes a lo largo de 2025, una proporción que se mantiene prácticamente sin cambio en comparación con 29.0 % registrado en el ciclo previo. A nivel individual, 23.0 millones de personas mayores de edad fueron víctimas de algún ilícito, arrojando una tasa nacional de 23,473 afectados por cada 100 mil habitantes.
Las demarcaciones territoriales con las tasas más elevadas de victimización se concentraron nuevamente en los centros urbanos más poblados del país. La Ciudad de México lideró la estadística con 34,930 víctimas por cada 100 mil habitantes, seguida de muy cerca por el estado de México con 31,889 y Puebla con 26,164. En el extremo opuesto, los menores índices de prevalencia delictiva se documentaron en Chiapas con 13,462 casos, Veracruz con 14,171 y Zacatecas con 15,733, evidenciando las profundas disparidades regionales en materia de seguridad y procuración de justicia.
IMPUNIDAD Y CIFRA OCULTA DE 93.4%
A pesar de que durante 2025 se cometieron un estimado de 33.8 millones de delitos en todo el país —lo que arroja una incidencia de 34,442 delitos por cada 100 mil habitantes—, la respuesta institucional continúa marcada por una severa parálisis operativa y desconfianza social. Los datos de la ENVIPE revelan que la ciudadanía únicamente denunció un escaso 9.0% de los casos totales.
La denominada “cifra oculta”, que agrupa los delitos no denunciados o aquellos en los que las fiscalías omitieron abrir una carpeta de investigación, se situó en un preocupante 93.4%. Entre las razones principales expuestas por las víctimas para no acudir ante las autoridades destacan la percepción de que denunciar constituye una “pérdida de tiempo” con 35.8%, la clasificación del ilícito como un asunto de baja importancia con un 14.5%, y la profunda desconfianza en los ministerios públicos y jueces con un 13.0%.
Aun cuando se inicia una investigación, 77.6 % de los expedientes concluyen sin resolución alguna, consolidando un ciclo de impunidad que desalienta la participación ciudadana.
