La Auditoría Superior de la Federación (ASF) acreditó irregularidades en contratos por 514 millones de pesos del Instituto Nacional Electoral (INE) con empresas del proveedor José Alfredo Hernández Casillas, e inició una investigación de oficio sobre posible uso indebido de recursos públicos en el órgano electoral, según un comunicado que el organismo fiscalizador emitió el 23 de octubre de 2026.
En la revisión de esos contratos, la ASF encontró simulación de convenios, triangulación de recursos, conflictos de interés y operaciones con empresas factureras sancionadas por las autoridades fiscales. En su comunicado, el organismo refirió “indicios de irregularidades en contratos, posibles conflictos de interés y triangulación de recursos” en el órgano electoral, sin precisar montos.
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Una de las compañías revisadas, TOL Producciones, que presentó licitaciones en bloque con Corporativo ZEG y Cajas Graf, recibió más de 300 millones de pesos en contratos con el INE durante 2025, además de 30 millones de pesos con Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) de varios estados. Según las pesquisas de la ASF, la empresa registró operaciones simuladas y se encuentra sancionada por las autoridades fiscales, conforme a los registros del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Corporativo ZEG, también de Hernández Casillas, subcontrató servicios y recibió facturas emitidas por personas morales que tuvieron operaciones con factureras. Esa compañía obtuvo contratos con el INE por 184 millones de pesos, pese a contar solo con cinco empleados registrados, lo que para las autoridades indica una anomalía de operación empresarial. Del monto obtenido, transfirió 167 millones de pesos a otras cuatro compañías en una triangulación de fondos.
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La indagatoria del órgano fiscalizador abarcará al INE y a los OPLES, así como a empresas, servidores públicos y proveedores que pudieran estar relacionados con los hechos. La investigación coincide con las pesquisas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que reportó ilícitos en contrataciones en una red de siete empresas proveedoras del INE y de organismos electorales locales, vinculadas con los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas. La UIF investiga simulación de competencia y triangulación de recursos con empresas con características de factureras.
El 23 de octubre de 2026, el medio digital Latinus difundió un video grabado en una suite de un hotel de cinco estrellas de París, Francia, en el que Hernández Casillas brinda con champán con Jorge Francisco Piñeda Taddei, uno de los tres hijos de la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala. “¡París a tus pies, chamaquito!”, se escucha decir al empresario mientras muestra la vista a la Torre Eiffel y al Museo del Louvre. La suite tiene un costo de 200 mil pesos la noche, según Latinus.
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Las imágenes difundidas incluyen una fotografía de Hernández Casillas con el hijo de Taddei Zavala en el avión rumbo a París; otra con su operador financiero, Daniel Durán, junto a Piñeda Taddei; una más en la casa del empresario en Jardines del Pedregal, en la Ciudad de México, y otra con los tres hijos de la consejera presidenta: León Fernando, Jorge Francisco y Luis Rogelio Piñeda Taddei, este último secretario particular de Alfonso Durazo, gobernador de Sonora y presidente del Consejo Nacional de Morena. El empresario participó en la organización del festejo por el cumpleaños 62 de la funcionaria, celebrado en junio de 2025.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo exigió que se realicen las auditorías necesarias para esclarecer los señalamientos y sostuvo que no debe existir ninguna sospecha de corrupción en el organismo, en particular ante la proximidad del proceso electoral de 2027. “No debe haber ninguna sombra de corrupción en el INE. Eso pienso”, declaró durante la conferencia matutina en Palacio Nacional.
La mandataria nacional evitó pedir la separación del cargo de Taddei Zavala y señaló que esa decisión corresponde a la consejera presidenta. “Pues esto depende de ella. Yo sólo digo que creo que es relevante, pues, que no debe haber ninguna sombra de corrupción, que tienen que hacerse las auditorías, que tienen que hacerse”, respondió. La titular del Poder Ejecutivo Federal insistió en que las instituciones deben transparentar cualquier situación que genere dudas sobre su funcionamiento.
Luego de ser citada el 23 de octubre de 2026 a la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Taddei Zavala aceptó la revisión de la ASF sobre posibles irregularidades en contrataciones, conflicto de interés, colusiones y triangulación de recursos, y afirmó que colaborará con el organismo fiscalizador, aunque dijo que no responderá sobre casos particulares. En los primeros minutos del 24 de octubre de 2026, difundió un comunicado de prensa en el que señaló que ella misma pidió una auditoría a los procesos de licitación del INE. El día 23 del mismo mes y año afirmó que no renunciaría al cargo.
En la Cámara de Diputados, el grupo parlamentario de Morena evalúa revisar las facultades extraordinarias que en 2024 se otorgaron a la presidencia del INE. El coordinador de la bancada, Ricardo Monreal Ávila, rechazó que la mayoría se equivocara al aprobarlas, ya que la reforma correspondió a un momento y a circunstancias coyunturales, aunque consideró aceptable revisar la necesidad de no otorgar ese tipo de atribuciones a órganos colegiados.
“Vamos a platicar con el grupo parlamentario y con los demás grupos parlamentarios, pero no es mala idea, es aceptable que revisemos con seriedad el no otorgar facultades exorbitadas a ningún órgano colegiado”, dijo Monreal Ávila. El legislador agregó: “No (nos equivocamos), yo creo que era un momento coyuntural y circunstancial que obedeció a otorgárselos, pero siempre la ley se está actualizando y modernizando y es momento de hacer una reflexión pública”.
En 2024, el Congreso de la Unión aprobó una reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que permitió a la consejera presidenta designar de forma directa y sin aprobación del Consejo General a los titulares de las direcciones ejecutivas y unidades técnicas del Instituto. Esas atribuciones incluyen la designación de 16 directores, titulares de unidades y coordinadores, y la toma de decisiones técnicas y operativas para las elecciones a la Presidencia de la República, al Congreso y al Poder Judicial, que antes correspondían a los consejeros en comisiones y al Consejo General.
Monreal Ávila reconoció que la Cámara de Diputados no tiene capacidad jurídica para solicitar la dimisión de la consejera presidenta, aunque llamó a una reflexión seria, prudente y sensible a la funcionaria. “No somos tapadera de nadie (…) es capacidad de ella, nosotros no tenemos capacidad jurídica para solicitar la renuncia, pero ella tiene que revisarlo”, explicó. La consejera Carla Astrid Humphrey Jordán advirtió que la situación es consecuencia de que el Congreso entregó ese superpoder para nombrar a directores.
Foto: Cuenta en X de la Presidencia del INE
