El 21 de octubre de 2026, la Cámara de Diputados aprobó la reforma al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial que incorpora el artículo 403 Bis, conocida por la oposición como “Ley Antimemes”. La mayoría de Morena y sus aliados la avaló sin modificaciones, con 312 votos a favor y 119 en contra, pese a los llamados de los grupos opositores a incluir una salvaguarda para la libertad de expresión.
El artículo 403 Bis establece penas de uno a cinco años de prisión y multa de mil a diez mil unidades de medida y actualización vigentes al momento de cometerse el delito para quien utilice, reproduzca, imite o incorpore, a escala comercial, la identidad gráfica institucional, dominios electrónicos o cualquier documento oficial de instituciones públicas de los tres órdenes de gobierno, con el fin de inducir al error o al engaño para cometer un ilícito.
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Durante la discusión, legisladores de oposición colocaron memes y pancartas en sus curules y propusieron de manera reiterada que las sanciones no aplicaran cuando el uso tuviera fines periodísticos, informativos, educativos, artísticos, humorísticos, de parodia, sátira, crítica u opinión. La oposición ofreció que, con esa excepción, la reforma podría aprobarse por unanimidad. La mayoría rechazó la propuesta.
El diputado del Partido Acción Nacional (PAN) Marcelo Torres Cofiño llamó a la reforma “Ley Bozal” y sostuvo que busca sancionar a quienes critiquen al Gobierno Federal. Calificó el artículo 403 Bis como una aberración y afirmó que el texto deja sin definición conceptos como documento oficial e identidad gráfica, lo que, según dijo, permitirá al Ministerio Público interpretar como delito conductas no previstas de forma expresa.
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“Si mañana un caricaturista los retrata vestidos de narcos, como lo son, o un ciudadano comparte un documento para poder exhibir sus moches, sus transas y su corrupción, el narcogobierno lo quiere ver tras las rejas. Esto no es derecho penal, es terrorismo de Estado disfrazado de propiedad industrial”, afirmó Torres Cofiño.
El coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rubén Moreira Valdez, presentó una moción suspensiva para modificar el dictamen e incluir que no se cometerá delito “cuando el uso, reproducción, imitación o incorporación se realice con fines periodísticos, informativos, educativos, artísticos, humorísticos, paródicos, satíricos, de crítica u opinión”. El pleno rechazó la moción.
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“Tan sencillo, yo creo que esta ley saldría por unanimidad si ustedes agregan cuatro renglones, cuatro renglones. Si uno escucha lo que ha dicho el Ejecutivo Federal, ellos dicen que en esto no se va a aplicar, sí, nada más que eso no dice la ley”, declaró Moreira Valdez.
El diputado de Movimiento Ciudadano (MC) Gibrán Ramírez Reyes cuestionó que el artículo 403 Bis sancione el uso de la identidad gráfica institucional con la intención de cometer un delito sin precisar cómo se probará esa intención. Advirtió que, con conceptos amplios y ambiguos, la delimitación de la conducta punible queda en manos de la fiscalía y no del Poder Legislativo. También rechazó que la reforma derive de una obligación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), porque el acuerdo se refiere a marcas y piratería, y criticó que el artículo 433 fije hasta diez años de cárcel para quien sea encontrado con mercancía en un puesto semifijo o en la vía pública, lo que, dijo, afectará a comerciantes informales y ambulantes.
El diputado de Morena Arturo Ávila Anaya negó que se trate de una “Ley Antimemes” y sostuvo que el objetivo es combatir el fraude mediante la suplantación de la identidad gráfica institucional de dependencias públicas. Citó la alerta emitida por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) respecto a páginas falsas que suplantan su identidad y un caso de 2024 en el que personas transfirieron recursos a un sitio que engañaba al público.
“Esta reforma de la Presidenta Claudia Sheinbaum protege justamente a creadores, emprendedores, combate la piratería, combate la falsificación, fortalece la reparación del daño, atiende obras distribuidas ilícitamente”, afirmó Ávila Anaya, quien agregó que el dictamen cumple compromisos comerciales sin incrementos presupuestales ni nuevas cargas regulatorias, con debido proceso y presunción de inocencia.
El legislador de Morena negó que la reforma busque censurar a caricaturistas, periodistas o moneros, y respondió a los memes exhibidos por la oposición durante la sesión.
