La denuncia involucra además a otros servidores públicos de Sinaloa señalados en la investigación federal estadounidense, en un caso que ya generó reacciones del PAN, el PRI y la bancada de Morena.
La propuesta conserva el voto ciudadano para elegir juzgadores, pero impone un filtro técnico único y jornadas electorales separadas de los comicios políticos.