La Cámara de Diputados aprobó el 26 de mayo de 2026, en lo general, la reforma constitucional que aplaza de 2027 a 2028 la segunda elección del Poder Judicial de la Federación (PJF), en lo que constituye la segunda modificación de este tipo en la historia del país. La iniciativa obtuvo 341 votos a favor de las bancadas de Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), frente a 124 en contra de los partidos de oposición.
La votación en el Pleno de San Lázaro se realizó en el marco del periodo extraordinario de sesiones convocado para el desahogo de cuatro iniciativas de reforma —dos presidenciales y dos legislativas—, entre ellas la que busca establecer la injerencia extranjera como causal de nulidad electoral. Horas antes, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados había aprobado los dictámenes de ambas reformas con el respaldo de 29 votos a favor y 11 en contra en el caso del aplazamiento judicial. La discusión en lo particular continuará el 27 del mismo mes y año.
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La reforma forma parte de un paquete impulsado en el Congreso de la Unión que pospone la renovación de 463 magistrados de circuito, 385 jueces de distrito y centenares de cargos locales en 25 estados de la República. La iniciativa, enviada formalmente al Congreso el 20 de mayo de 2026 por Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), contempla también la simplificación de las boletas mediante la reducción a dos candidatos por cargo y especialidad, frente a las extensas listas que caracterizaron la elección judicial de 2025, así como la creación de una Comisión Coordinadora para homologar criterios de evaluación entre los comités del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.
La aprobación en lo general estuvo acompañada de reservas y abstenciones notables. Olga Sánchez Cordero, exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y diputada de Morena, anunció que trasladará al pleno observaciones en materia de estabilidad en el empleo, indemnización y adscripción de magistradas y jueces, y que buscará corregir lo que describió como una antinomia entre los artículos 94 y 97 constitucionales respecto a la designación de la presidencia de la SCJN. También anticipó que presentará reservas junto con su compañera de bancada Mariana Benítez Tiburcio y legisladores del PT y del PVEM para modificar aspectos relacionados con la renovación escalonada de los órganos de administración judicial.
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La oposición rechazó la reforma al considerarla insuficiente y contradictoria en su planteamiento central. Laura Hernández García, diputada de Movimiento Ciudadano (MC), cuestionó que la iniciativa no corrija la antinomia constitucional vigente desde hace casi dos años, no elimine los acordeones ni la intervención de los partidos políticos y del crimen organizado en las candidaturas, y que empatará la elección judicial con la revocación de mandato, pese a que el acuerdo previo era evitar precisamente ese escenario. “Tendríamos que estar haciendo una reforma más profunda y no solamente de bote pronto. ¿Dónde está la modificación sustancial al modelo de elección? Solo se pospone del 2027 al 2028, mientras las elecciones posteriores van a mantener el mismo esquema de concurrencia”, señaló. La también emecista Claudia Ruiz Massieu Salinas resumió la postura opositora con una crítica directa: “No corrige ninguno de los defectos del diseño institucional del 2024, sólo trasladan el problema a la siguiente Legislatura, o sea patea el bote”.
Una vez aprobada en lo particular en San Lázaro, la minuta será remitida al Senado de la República, desde donde pasará a los congresos locales para su ratificación en un procedimiento expedito, con miras a la declaratoria de constitucionalidad y su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF). El oficialismo aspira a completar ese proceso en el menor tiempo posible para dotar de certidumbre jurídica al proceso electoral de 2027 y al nuevo ciclo de renovación del PJF previsto para junio de 2028.
