A Sinaloa lo contrala la violencia: detiene su economía, motiva la política, invierte en campañas, acaba con políticos o encumbra a políticos. Y en medio de ese caos, de esa crisis, como nunca el partido en el poder se burla de la ciudadanía: defiende a un gobernador acusado por vínculos con el narcotráfico…
En tres días, del 21 al 23 de agosto de 2026, los sinaloenses fueron testigos de la ingobernabilidad política en esa entidad federativa. De la ingobernabilidad general, donde impera la ley no escrita en letras sino en balas del crimen organizado, son testigos desde el 2019, cuando el Culiacanazo dejó decenas de muertos y supuestos detenidos de los cuales no se sabe nada, salvo el objetivo principal, Ovidio Guzmán López, detenido por la entonces Policía Federal y liberado horas después por la orden presidencial de Andrés Manuel López Obrador.
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La ingobernabilidad producto de las insanas guerras del Cártel de Sinaloa, se intensificó en julio de 2024 cuando, para sorpresa de todos en México y en los Estados Unidos, Ismael Zambada García, el Mayo, fue detenido en un aeropuerto de Santa Fe, Nuevo México, hasta donde fue llevado por su ahijado, Joaquín Guzmán López, como parte de su entrega al gobierno del vecino país, no sin dejar una estela de muertos detrás de ellos, Héctor Melesio Cuén, el exrector de la Universidad de Sinaloa, y un muerto político muy notorio: Rubén Rocha Moya, quien según declaraciones del detenido Zambada, éste había acudido al lugar de donde lo sacó su ahijado, para verse con Cuén y Rocha y mediar un conflicto político entre ellos. Esa mezcla de narcotráfico y política terminó por acabar con la carrera pública de Rubén Rocha Moya, quien en abril de 2026 se convirtió en el primer gobernador constitucional mexicano en ser indiciado en una corte de los Estados Unidos vía denuncia e investigación del Departamento de Justicia del mismo país.
Además, la entrega de Zambada por parte de un hijo de Joaquín Guzmán Loera desató otra guerra interna en el Cártel de Sinaloa: la Mayiza contra la Chapiza. De acuerdo al recuento que lleva el periódico El Noroeste, desde el 9 de septiembre de 2024 (cuando inició la guerra entre los dos bandos juniors del narco) hasta la fecha suman 12 mil 324 víctimas de la inseguridad, entre muertos, ejecutados y hallados en fosas clandestinas.
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Aquella delación de Zambada García, sobre la reunión que sostendría el día que su ahijado lo secuestró para entregarlo a la Unión Americana, con el gobernador Rocha Moya, sería el inicio del fin de éste. Luego de que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos solicitara y le fuese concedida una orden de captura en México con fines de extradición, y a pesar de la inicial defensa del sistema político morenista, Rocha cayó. Solicitó licencia al cargo.
Hasta que envalentonado por la defensa de la soberanía nacional por parte de Morena y el gobierno central, batalla de la cual se sintió protagonista, quizá exaltado por la furibunda carta del hijo de su líder moral, Andrés Manuel López Beltrán, quien amargamente se quejó ante el presidente de los Estados Unidos porque su visa de turista le fue revocada, Rocha tomó valor y el 21 de agosto, “después de 112 días” de licencia, decidió regresar al cargo.
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Así, en tres días, la crisis política, la crisis de ingobernabilidad en Sinaloa, se acrecentó.
Rubén Rocha despertó, con su unilateral decisión de regresar al cargo, la molestia de la Presidenta, a quien no mencionó en su diatriba de regreso, y ésta, sin nombrarlo, lo conminó a volver a solicitar licencia. Entonces, todo aquel morenismo que había sido solidario con Rocha al grito de “no estás solo”, que había defendido su causa por la soberanía del país, se volcó contra él. Y los mismos gobernadores que le publicaron un desplegado de apoyo, eran los mismos que ahora le condenaban por haber regresado al cargo. Esa fue la segunda caída de Rocha.
El 21 de agosto la gobernadora de Sinaloa, aún de forma interina, era la morenista Yeraldine Bonilla Valverde, quien ocupó el cargo -aún siguiendo los consejos de Rocha, aseguran algunos- del 2 de mayo al 21 de agosto de 2026. Del 21 al 22 de agosto, fue gobernador, por segunda ocasión en el cargo constitucional, para el cual fue electo en el 2021, Rubén Rocha Moya. Pero unas 30 horas después de regresar al cargo, de manera insólita, solicitó de nueva cuenta licencia, esta vez de manera indefinida. El 23 de agosto, el Congreso de Sinaloa nombró a la tercera gobernadora de la entidad en tres días, a la también morenista Graciela Domínguez Nava.
Y como si todo este desbarajuste de ingobernabilidad política no fuese suficiente, y como si Graciela Domínguez no requiriera de tiempo y espacio para legitimarse en la gubernatura de Sinaloa, tres días después de su designación por parte del Congreso, Morena designa, en un opaco proceso interno, a Imelda Castro Castro como candidata de ese partido a las elecciones del 2027 para suceder a Rocha, aunque el poder, en caso de ganar, lo entregará quien quiera que encabece el Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa, como ya lo advirtió la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Este galimatías político creado por la crisis morenista ante la inclusión de uno de los suyos, Rocha, en los vínculos con el Cártel de Sinaloa, de que hay una gobernadora, luego otro, luego otra y más tarde una que quiere ser, está sumergido en el contexto de la inseguridad, la criminalidad, el narcotráfico y el terror que siembran los delincuentes de la alta escala mafiosa, peleando lealtades o defendiendo a los suyos.
Las cifras que reporta el INEGI es que debido a la inseguridad la economía de Sinaloa se ha contraído como nunca; lo mismo los asegurados al IMSS, situados en poco más de 500 mil, que representan la cifra más baja registrada desde 2021 (cuando Rocha Moya tomó posesión); y se reporta el cierre de unas cinco mil empresas, negocios, comercios formales, y la disminución drástica de la inversión extranjera directa.
A Sinaloa lo contrala la violencia: detiene su economía, motiva la política, invierte en campañas, acaba con políticos o encumbra a políticos. Y en medio de ese caos, de esa crisis, como nunca el partido en el poder se burla de la ciudadanía: defiende a un gobernador acusado por vínculos con el narcotráfico; conmina a un senador a solicitar licencia (por el mismo vínculo), Enrique Inzunza, y este desoye al partido, a la presidencia y mejor se declara independiente. Y las tres mujeres que protagonizaron la política en los últimos días, dos gobernadoras interinas y una candidata designada, las tres tienen su pasado en el rochismo, o fueron compañeras de fórmula en el senado, o las subordinadas del despuesto gobernador; pero, como todos los de Morena y aliados, hoy reprochan y reniegan de quien con tanto ahínco defendieron, empezando por el púlpito de Palacio Nacional, en este sexenio, y en el pasado.
