La Suprema Corte confirmó la extinción de dominio de la mansión de Emilio Lozoya en Lomas de Bezares, pasando formalmente al patrimonio del Estado tras un millonario caso de corrupción
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación selló de forma definitiva un emblemático capítulo del combate a la corrupción institucional al confirmar que una exclusiva residencia valuada en más de 50 millones de pesos, adquirida en su momento por el exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, pasa a formar parte oficial del patrimonio del Estado mexicano mediante la figura de extinción de dominio.
El fallo definitivo se consumó cuando la presidencia de la SCJN desechó de plano el recurso de revisión con el que la defensa legal de Lozoya buscaba echar abajo la sentencia emitida previamente por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil. El máximo tribunal determinó que los argumentos presentados carecían de temas novedosos de interpretación constitucional, cerrando así todas las puertas legales para revertir la expropiación del inmueble.
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EL ORIGEN ILÍCITO DE LA PROPIEDAD Y EL VÍNCULO CON EL CASO AGRONITROGENADOS
Las investigaciones ministeriales de la Fiscalía General de la República (FGR) documentaron que el lujoso inmueble, ubicado en el exclusivo fraccionamiento Residencial La Retama dentro de la colonia Lomas de Bezares en la alcaldía Miguel Hidalgo, fue comprado originalmente en 2012 por un monto de 38 millones de pesos.
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No obstante, los dictámenes periciales revelaron que la transacción se fondeó con recursos procedentes de sobornos y lavado de dinero entregados por Alonso Ancira, entonces propietario de Altos Hornos de México (AHMSA), a cambio de que Pemex adquiriera en 2013 la planta chatarra de Agronitrogenados a un sobreprecio estratosférico de 273 millones de dólares.
ANTECEDENTES Y LA TRAMA DE CORRUPCIÓN EN PEMEX DURANTE EL SEXENIO DE PEÑA NIETO
Este aseguramiento patrimonial se enmarca en una de las investigaciones de corrupción política y corporativa más sonadas de la historia reciente de México, desatada tras las revelaciones globales del escándalo Odebrecht.
La compra a sobreprecio de la planta de fertilizantes y la adquisición posterior de Grupo Fertinal representaron millonarias pérdidas al erario público, operadas bajo una red de colusión institucional que involucró transferencias internacionales a través de empresas fachada en paraísos fiscales.
Durante el litigio en tribunales colegiados, la defensa de Lozoya se centró en denunciar una supuesta aplicación retroactiva de la Ley Nacional de Extinción de Dominio de 2019. Sin embargo, el criterio mayoritario de los magistrados federales desestimó el agravio, validando que el proceso civil de extinción de dominio no requiere una sentencia penal condenatoria previa, sino únicamente la comprobación de indicios claros sobre el vínculo de los bienes con conductas ilícitas.
DESTINO DE LOS RECURSOS Y EL ROL DEL INDEP TRAS EL ASEGURAMIENTO DEFINITIVO
Con una superficie superior a los mil metros cuadrados en una de las zonas de mayor plusvalía de la capital del país, la residencia quedará formalmente bajo la administración del Gobierno federal. Corresponderá al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) planificar el proceso de comercialización de la propiedad para que los recursos obtenidos sean canalizados hacia programas sociales y de procuración de justicia.
