El nuevo marco jurídico pretende, en esencia, homologar criterios derivados de la reforma judicial concretada en 2025, pero aún deja algunos temas pendientes.
El término “analfabeta”, sin resultar peyorativo (insultante), toca a aquella persona no letrada, es decir, que no tiene conocimiento de leer ni escribir; para que esto se traslade al mundo legal, el mismo sólo aplicaría a quienes opinan y practican ilegalmente el Derecho sin haber cursado o concluido la Carrera de Leyes, sin tener Título ni Cédula Profesional, de los coloquialmente conocidos como “coyotes”.
