El nuevo marco jurídico pretende, en esencia, homologar criterios derivados de la reforma judicial concretada en 2025, pero aún deja algunos temas pendientes.
A pesar de que desde hace prácticamente un año se encuentran en vigor los planteamientos esgrimidos bajo el supuesto de una depuración del Poder Judicial, en Baja California, el Congreso del Estado no había realizado las reformas correspondientes para el funcionamiento del nuevo Poder Judicial, el cual, como se sabe, está compuesto por dos nuevos órganos que acompañan al Tribunal Superior de Justicia del Estado: el Consejo de Administración (que emula funciones del extinto Consejo de la Judicatura) y el Tribunal de Disciplina Judicial.
Con 23 votos a favor y de manera remota, los legisladores aprobaron la entrada en vigor de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de Baja California, la cual modifica conceptos y crea todo un apartado para regular el funcionamiento del Tribunal de Disciplina Judicial, el único organismo creado totalmente por el partido Morena.
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El objetivo de la iniciativa, avalada la mañana de este lunes 31 de agosto, es brindar certeza jurídica al funcionamiento de los nuevos organismos, dado que había complicaciones importantes en la definición de las responsabilidades de cada uno de ellos.
Entre los puntos más relevantes se encuentra que el Tribunal de Disciplina tendrá la facultad de evaluar el desempeño de jueces y magistrados, además de imponer sanciones a funcionarios del propio Poder Judicial. Incluso, será el ente encargado de resolver conflictos laborales entre trabajadores y la institución, una medida que modificará, por ejemplo, la Ley del Servicio Civil y la Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA). En lo que respecta a las sanciones no graves, estas corresponderán al Consejo de Administración.
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Dicho órgano colegiado también se encargará de la administración de los recursos financieros del Poder Judicial, así como de la capacitación y formación de los juzgadores.
La reforma también distribuye la atribución al Tribunal Superior de Justicia para designar, remover y aceptar renuncias del personal adscrito a la Secretaría General de Acuerdos del órgano colegiado.
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También le otorga al propio Tribunal de Disciplina Judicial del Estado la facultad para el manejo de la transparencia.
La reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación.
