“México sí está en una guerra contra los cárteles, al menos en la narrativa internacional de la cooperación con EU”.
De la cuestionada guerra contra las drogas encabezada por el entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa y quien fuera su Secretario de Seguridad, el mal afamado y preso por delitos de narcotráfico en los Estados Unidos, Genaro García Luna, el país trascendió al sexenio del priista Enrique Peña Nieto, quien cambió la estrategia de la “guerra” por un “plan por un México en Paz”. Luego vendrían los seis infames años de la política pública de seguridad convertida en una simplona, pero gravísima conclusión: “abrazos, no balazos”, en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, en el cual, ciertamente, los cárteles de la droga en la República Mexicana vivieron un alargado verano.
Hoy día, aun cuando no lo dice abiertamente, ni lo refiere con palabras puntuales, al menos no es el caso de las autoridades mexicanas, de la mano del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y propulsado por el gobierno de los Estados Unidos, como la narrativa norteamericana lo señala, México vive una guerra contra los cárteles.
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Aunque ciertamente la guerra no comenzó en el país, sino en enero de 2025, cuando el Presidente del vecino del norte firmó un decreto para clasificar a ciertos cárteles de la droga mexicanos como organizaciones terroristas, el Cártel de Sinaloa, el de Jalisco Nueva Generación, el del Golfo, la Familia Michoacana, el Cártel Unidos, el del Noroeste, el de Juárez y los llamados Viagras.
Con ese contexto internacional, García Harfuch comenzó a reestructurar la Secretaría de Seguridad del Gobierno de la República que en el sexenio de López Obrador fue prácticamente desmantelada y reducida a una Secretaría de acuerdos y estadísticas, concentrando toda la fuerza operativa en el Ejército nacional.
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Sin una policía, dado que la Guardia Nacional fue transferida a la Defensa, García Harfuch creó una corporación federal de agentes de Investigación e Inteligencia, los llamados Harfuchitos, que, equipados con unidades especializadas, armamento de élite y profesionales de la seguridad, se coordinan con Fuerzas Armadas federales, con policías estatales y municipales, para combatir, principalmente a los cárteles.
Con información provista mayormente por las agencias de los Estados Unidos, como los titulares de la DEA, la CIA y otras norteamericanas lo han referido públicamente, la Secretaría de Seguridad de Harfuch ha logrado, por ejemplo, el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder depuesto del Cártel Jalisco Nueva Generación, la aprehensión de cabecillas del Cártel de Sinaloa y algunos importantes decomisos de droga, particularmente de drogas químicas, y participación en temas de contrabando de combustibles, el llamado huachicol, sacando de la estadística el “mega decomiso de huachicol de 59 millones de litros de combustible” en Guanajuato, que fue un fiasco dado que se trataba de una empresa debidamente establecida y registrada.
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Desde el inicio de la Administración de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y sin el cuerpo operativo, García Harfuch informó que su estrategia para la seguridad estaría basada en la inteligencia, la investigación, y la coordinación con fuerzas federales y estatales, todo para “debilitar” las estructuras de las organizaciones criminales.
Y así, sin decirlo abiertamente, inició la guerra contra los cárteles. Quizá por cuidar la narrativa para no ser tan contraria a la pasmada estrategia del sexenio pasado de “abrazos, no balazos”, no se reconoce abiertamente, pero sí se lleva a cabo en la práctica.
Quienes sí hablan abiertamente de la excelente colaboración con el Secretario de Seguridad federal para el combate a los cárteles de la droga son los norteamericanos. Terrance Cole, el director de la Agencia Antinarcóticos de los Estados Unidos, la DEA, ha exaltado la buena relación y pláticas diarias que sostiene con Omar García Harfuch para combatir a los cárteles, y de hecho han presumido la colaboración entre los dos países, en el intercambio de información para operativos en tierra en suelo mexicano.
En palabras de los estadounidenses, ya accionan en territorio mexicano, así sea sólo compartiendo información sobre los cárteles y sus líderes y miembros. Y lo que no se acepta en suelo mexicano justificando una forzada defensa de la soberanía nacional, sí se reconoce en la Unión Americana. Esta semana en un bélico discurso de media hora en la Organización de las Naciones Unidos, en el que posteriormente advertiría de la posibilidad de aniquilar Irán, el Presidente Donald Trump arengó contra los cárteles mexicanos.
Criticó primero lo que ha no se ha cansado de decir, que “México es el epicentro de la violencia de los cárteles. Lamentablemente, es inaceptable que EU comparta una frontera de tres mil 200 kilómetros con un territorio controlado por cárteles enemigos. Por lo tanto, México debe recuperar el control de su territorio de manos de los enemigos de la humanidad”.
Luego de la crítica, presumió la coordinación binacional: “La seguridad y protección llegará a México. Me enorgullece decirles que tenemos una excelente relación con el Gobierno mexicano. Hemos logrado grandes avances con México. Ellos tampoco quieren a los cárteles. Y cuando llegue ese día, toda esta región será un lugar mejor, más seguro, y más hermoso para vivir y prosperar”.
En México ni la Presidenta ni el Secretario de Seguridad han dado tal esperanza a los gobernados nacionales, primero, porque niegan el problema al asegurar que no hay crisis de inseguridad, que los homicidios han disminuido en un -increíble- 53 por ciento, y que las estructuras criminales no dominan el territorio nacional. Entonces si el problema no es reconocido oficialmente, no hay mensaje de aliento al combatirlo.
Esto se observó en la discursiva de la Presidenta en Culiacán este fin de semana, cuando advirtió, a propósito de la captura de Ismael Zambada García, que la “injerencia extranjera genera violencia”.
Pero México sí está en una guerra contra los cárteles, al menos en la narrativa internacional de la cooperación con un país, ciertamente consumidor principal de las drogas que producen los cárteles mexicanos, mientras que el partido oficialista defiende la soberanía nacional, pese a que se trata de combatir al narcotráfico y el crimen organizado.
