La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó el 28 de mayo de 2026, desde Palacio Nacional, que sí existe un riesgo real de que haya intervención extranjera en los próximos comicios de México, luego de que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobara en la madrugada de ese mismo día la reforma constitucional que establece la nulidad de elecciones cuando se acrediten actos de injerencia externa en sus resultados. “Sí, sí puede haber un riesgo de una intervención extranjera en las elecciones en México”, declaró la mandataria nacional durante su conferencia mañanera al ser cuestionada sobre la pertinencia del cambio constitucional.
Sheinbaum Pardo sostuvo que, ante la “ofensiva que estamos viendo desde fuera, es importante que quede muy claro que en México decidimos los mexicanos”, y señaló que en el pasado se ha demostrado la existencia de financiamientos externos a candidatos. La titular del Poder Ejecutivo Federal rechazó las críticas de la oposición que califica la reforma como un mecanismo para garantizar el poder a Morena, y aseguró que “no hay nada más falso que eso”. “Todos los mexicanos deberíamos estar de acuerdo con eso: que no haya injerencia extranjera en las elecciones en México. Quien vota en contra de esta propuesta parece que está a favor de que haya injerencia extranjera en las elecciones en México”, señaló.
Publicidad
La mandataria nacional reconoció que el aspecto central del debate será la forma en que se acreditará legalmente esa intervención. “El asunto es cómo demuestras que en efecto hubo intervención extranjera en una elección y eso tiene que venir en la ley de manera muy clara. Entiendo que viene una discusión para poder determinar cuáles son las características que pudieran definir que en efecto, para que no sea algo subjetivo, sino que realmente se demuestre que hubo intervención extranjera”, afirmó. Sheinbaum Pardo precisó que la aprobación de la reforma queda establecida en la Constitución, pero que ahora corresponde discutir la ley secundaria en la que se especifique qué implica la injerencia y cómo se revisaría si realmente ocurrió.
La reforma al artículo 41 constitucional fue aprobada por San Lázaro con 307 votos a favor, 128 en contra y una abstención, al término de una sesión que se prolongó más de 15 horas. La iniciativa fue presentada por Ricardo Monreal Ávila, coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, y avalada por las bancadas de Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT). El nuevo inciso D del artículo 41 establece que procederá la nulidad cuando “se acrediten actos de intervención o injerencia extranjera que influyan en los resultados electorales”, únicamente cuando se demuestre de forma objetiva que la injerencia fue grave y determinante. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sería el órgano encargado de analizar cada caso. El marco legal abarca financiamiento ilícito, propaganda, desinformación, manipulación digital mediante bots, presiones diplomáticas, económicas o mediáticas, y cualquier acto que vulnere la libertad del sufragio.
Publicidad
Al fundamentar su propuesta, Monreal Ávila precisó que busca imponer una sanción real a quienes intervengan en procesos electorales nacionales. “Actualmente no hay sanción para aquel que pretenda tener injerencia en procesos electorales. La sanción que estoy planteando es la nulidad de la elección para todo aquel proceso en donde se demuestre con pruebas plenas y fehacientes que gobiernos extranjeros o agentes externos han intervenido en una elección”, expuso. El legislador añadió que una reforma secundaria desarrollaría con mayor detalle los supuestos jurídicos de qué implica una injerencia extranjera.
La oposición rechazó de manera unánime la reforma al señalar que su redacción contiene una ambigüedad jurídica que podría utilizarse de forma discrecional para anular elecciones ganadas por partidos distintos al oficialismo. Los diputados del Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC) advirtieron que, al no delimitar con precisión qué constituye intervención extranjera, cualquier informe de una organización no gubernamental internacional, opinión periodística o declaración de un funcionario extranjero podría convertirse en pretexto político. Homero Ricardo Niño de Rivera, diputado del PAN, acusó que Morena busca “más herramientas” para blindarse ante una eventual derrota electoral y señaló que el oficialismo ya ejerce control sobre el Instituto Nacional Electoral (INE), el TEPJF y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Publicidad
Irais Reyes, diputada de MC, planteó interrogantes sobre el alcance real de la norma: “Si mañana un medio internacional publica una investigación sobre corrupción o narcotráfico durante una campaña, ¿eso será periodismo o intervención extranjera y causal para anular elección?”, cuestionó. La diputada del PRI Xitlalic Ceja García sostuvo que Morena pretende construir una “narcosoberanía” para proteger a personajes señalados por EE.UU. —en alusión al gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya— y generar “inmunidad para el régimen”. Rubén Moreira, coordinador del PRI, señaló que la premura con que se presentó la iniciativa el 21 de mayo de 2026 impidió analizar a fondo la distinción entre los conceptos de intervención e injerencia, que tienen acepciones distintas en las resoluciones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En respuesta, Monreal Ávila negó que la reforma contemple como causal de nulidad publicaciones de medios extranjeros o declaraciones de funcionarios de otros países. “Que no se venga con el cuento de que habrá censura, de que si se publica un artículo en New York Times ya será motivo de la anulación”, aseguró.
La reforma constitucional quedó complementada con modificaciones a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Una vez ratificada por el Senado de la República, deberá ser aprobada por los congresos locales para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF). La iniciativa se inscribe en el periodo extraordinario de sesiones convocado para el desahogo de cuatro reformas —dos presidenciales y dos legislativas— que incluyen también el aplazamiento de la segunda elección del Poder Judicial de la Federación (PJF) al primer domingo de junio de 2028 y la creación de la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, adscrita al INE, para impedir que aspirantes con posibles vínculos con la delincuencia organizada participen en los comicios de 2027.
