La exjefa del Consejo de Ministros del Perú, Betssy Betzabet Chávez Chino, abandonó el territorio peruano a la medianoche del 7 de agosto de 2026 con destino a México, tras recibir el salvoconducto otorgado por el Gobierno de la presidenta Keiko Sofía Fujimori Higuchi. Horas después, los gobiernos de los Estados Unidos Mexicanos y de la República del Perú anunciaron mediante un comunicado conjunto la reanudación de sus relaciones diplomáticas, interrumpidas desde noviembre de 2025 precisamente por el asilo concedido a la exfuncionaria.
Carlos Espá, titular del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, informó que la salida se coordinó con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) antes de la publicación del comunicado conjunto y precisó que el documento se expidió “en fiel cumplimiento a la Convención de Caracas”. El canciller peruano agradeció al Gobierno de Brasil, que mantenía la representación de los intereses mexicanos en el Perú, al Ministerio de Defensa por autorizar el vuelo de la aeronave mexicana que arribó a Lima y al Ministerio del Interior por el operativo de seguridad. Según Espá, Chávez Chino se encontraba en buenas condiciones de salud.
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Según el comunicado conjunto, ambos Estados adoptaron la decisión al considerar los históricos lazos de hermandad, amistad y cooperación que unen a los dos países, y reafirmaron su respeto al derecho internacional y a los principios de la Carta de las Naciones Unidas. El texto peruano fue difundido desde la ciudad de Lima a las 6:30 horas.
El salvoconducto se concedió en cumplimiento de los artículos V y XII de la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954, instrumento que obliga al Estado territorial a permitir la salida del asilado hacia el país asilante sin que sea detenido. La Cancillería peruana dejó constancia de que se reserva el derecho de solicitar la extradición de la exfuncionaria si las autoridades judiciales del país sudamericano así lo requieren.
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El Gobierno peruano rechazó de manera expresa que exista persecución política en su contra. “El Gobierno del Perú reitera, de manera enfática, que no existe persecución política y que en el país impera el Estado de derecho, la separación de poderes y el respeto a las garantías de la administración de justicia, incluyendo el debido proceso”, señaló el comunicado. La Cancillería peruana informó previamente a México que Chávez Chino fue sentenciada y que permanece bajo investigación del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación.
La exfuncionaria fue condenada a 11 años y 5 meses de prisión como coautora del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional, en la modalidad de conspiración para una rebelión, previsto en el artículo 349 del Código Penal peruano, por el fallido intento de disolución del Congreso ejecutado en diciembre de 2022. La misma pena recayó sobre el expresidente José Pedro Castillo Terrones, quien encabezó el Gobierno peruano entre 2021 y 2022.
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Chávez Chino permaneció en la residencia de la embajada de México en Lima desde noviembre de 2025 a la espera de una respuesta que los mandatarios interinos José Jerí y José María Balcázar evitaron emitir. La administración encabezada por Jerí fue la que rompió el 3 de noviembre de 2025 las relaciones con México tras conocerse el otorgamiento del asilo, al sostener que ese país había incurrido en actos de injerencia inadmisible y sistemática en los asuntos internos peruanos. La ruptura implicó la expulsión del personal diplomático mexicano acreditado, aunque el Gobierno peruano precisó que los canales consulares para la protección de sus ciudadanos permanecerían vigentes.
El vínculo bilateral ya operaba a nivel de encargados de negocios desde diciembre de 2022, cuando el Perú expulsó al embajador mexicano y retiró al suyo en Ciudad de México, después de que el entonces titular del Poder Ejecutivo Federal mexicano, Andrés Manuel López Obrador, condenó el encarcelamiento de Castillo Terrones y desconoció la legitimidad de su sucesora, Dina Ercilia Boluarte Zegarra.
El Gobierno peruano anunció que continuará impulsando las consultas iniciadas a raíz del caso en el seno de la Organización de los Estados Americanos (OEA), con miras a una eventual modificación de los tratados internacionales en la materia, al considerar que asilos como el otorgado por México desvirtúan el espíritu de esos instrumentos.
Fujimori Higuchi asumió la presidencia constitucional de la República del Perú el 28 de julio de 2026, tras imponerse en la segunda vuelta de las elecciones generales de ese año al candidato Roberto Sánchez, con lo cual se convirtió en la primera mujer electa por sufragio directo al frente de la jefatura de Estado peruana. Lideresa del partido Fuerza Popular y figura central del fujimorismo, es hija mayor del exmandatario Alberto Fujimori Fujimori y ejerció como primera dama entre 1994 y 2000. Su canciller incorporó la normalización del vínculo con México entre las prioridades de la nueva administración, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó a inicios de agosto de 2026 que ambas cancillerías sostenían conversaciones.
Espá adelantó que la reanudación permitirá reabrir las embajadas en cada país y que posteriormente se conocerán los nombramientos de los embajadores, además de impulsar iniciativas de orden económico y cultural entre ambos Estados.
