La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó el 28 de mayo de 2026 que la investigación en torno a la participación de dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) de EE.UU. en un operativo realizado en la sierra de Chihuahua no responde a una motivación política contra la gobernadora de ese estado, María Eugenia Campos Galván, y señaló que la indagatoria corresponde conducirla a la Fiscalía General de la República (FGR). Un día antes, Campos Galván se presentó en las instalaciones de la FGR en la Ciudad de México para rechazar formalmente el citatorio que la convocaba a declarar como testigo en el caso.
“¿Tiene que ver con un asunto político de la Presidenta? No, pero es importante que haya investigación en un caso donde hay la participación de dos agentes extranjeros”, declaró la mandataria nacional durante su conferencia mañanera. Sheinbaum Pardo descartó también que la situación derive en un conflicto permanente con EE.UU., aunque subrayó la necesidad de claridad en las reglas de cooperación bilateral: “Tenemos que ser muy claros en que ellos cumplan las reglas y nosotros también de cuál es la relación de cooperación y coordinación”.
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La titular del Poder Ejecutivo Federal rechazó que la investigación busque obstaculizar las acciones contra la producción de drogas en el país. Según Sheinbaum Pardo, desde el inicio de su administración se han desmantelado más de 2 mil 350 laboratorios del narco, por lo que la relevancia del caso radica precisamente en que la operación involucró la participación de personas extranjeras sin pleno conocimiento de las autoridades mexicanas.
Campos Galván, acompañada de políticos de oposición, entregó un escrito en la sede de la FGR en el que manifestó su negativa a rendir testimonio bajo el argumento de que el citatorio carece de fundamento legal. “No comparezco para rendir entrevista en calidad de testigo ni para sujetarme a acto de investigación alguno. Acudo para responder a un oficio que contiene un citatorio ambiguo, internamente incongruente y carente de la debida fundamentación y motivación”, indica el documento presentado por la mandataria estatal. En el mismo escrito, Campos Galván señaló su disposición a colaborar con cualquier investigación de la autoridad federal, aunque rechazó someterse a la diligencia pretendida.
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El senador morenista Javier Corral Jurado acusó a Campos Galván de instrumentalizar el citatorio para presentarse como víctima de persecución política. En un video publicado en sus redes sociales el 27 de mayo de 2026, el legislador sostuvo que la gobernadora mezcla deliberadamente dos asuntos distintos: la investigación federal por el caso CIA y una impugnación que él mismo interpuso ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) contra una resolución que determinó no proceder penalmente en su contra. Corral Jurado precisó que ese recurso fue presentado en marzo de 2026, un mes antes de los hechos del 18 y 19 de abril del mismo año, cuando se reveló la participación clandestina de los agentes de la CIA en el desmantelamiento de un narcolaboratorio en la sierra chihuahuense.
“María Eugenia Campos Galván, la Gobernadora acusada de traición a la patria por permitir que agentes de la CIA participen encubiertos en operativos policiacos, vuelve a su recurrente estrategia de politizar las denuncias en su contra para victimizarse y llamarse perseguida política”, declaró Corral Jurado. El senador acusó además a la gobernadora de haber transferido más de 2 mil 500 millones de pesos a medios de comunicación durante su gestión, y la vinculó con el exgobernador César Duarte —preso por lavado de dinero— como cómplices dentro de una misma red de corrupción.
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El abogado defensor de Campos Galván, Roberto Gil Zuarth, calificó como “hostigamiento sistemático” el conjunto de procedimientos legales que la gobernadora enfrenta de manera simultánea: una comparecencia ante el Ministerio Público Federal por el caso CIA, una denuncia de juicio político en el Congreso de la Unión y una audiencia ante un juez de control en la Ciudad de México para debatir la posible reapertura de una carpeta de investigación por el presunto delito de secuestro, derivada de una denuncia que Corral Jurado presentó en el marco del caso conocido como “Tinge”. Dicha carpeta fue cerrada, pero podría reabrirse a solicitud del propio legislador.
“Creo que el contexto nos da cierta imagen, por lo menos nos da cierta muestra de que esto es un hostigamiento. Esto tiene carácter sistemático. Esto está inscrito en una lógica de persecución”, afirmó Gil Zuarth en entrevista con la periodista Azucena Uresti. El abogado cuestionó si existe coordinación entre actores de Morena y autoridades federales detrás de los procedimientos emprendidos contra la gobernadora. “No sé si estaban coordinados el Ministerio Público Federal, el grupo de diputados de Morena, los grupos federales, la presidenta de Morena y además el senador de Morena, pero esa es la semana de la gobernadora Maru Campos”, concluyó.
