La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó, el 26 de mayo de 2026, los dictámenes de dos reformas constitucionales impulsadas por Ricardo Monreal Ávila: la primera para incorporar la injerencia extranjera como causal de nulidad electoral, y la segunda para aplazar la elección del Poder Judicial al mes de junio de 2028. Ambas fueron turnadas al pleno de San Lázaro para su discusión y eventual aprobación.
La reforma sobre injerencia extranjera se avaló con 28 votos a favor —provenientes de Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT)— y nueve en contra del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC). La dictaminación generó dos abstenciones notables dentro de la bancada oficialista: la del vicecoordinador de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, y la de Olga Sánchez Cordero, exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y diputada del mismo partido, quien argumentó que la norma carecía de precisión jurídica. “Yo estimo que estamos frente a una norma abierta y esa norma abierta no establece con precisión su contenido y alcance. Y como juzgadora puedo decirles que se puede rellenar con cualquier cantidad de supuestos normativos. Yo voy a votar en abstención porque atenta contra el principio de certeza”, declaró.
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La iniciativa plantea una modificación directa al artículo 41 de la Constitución, así como a la Ley de Medios de Impugnación y otras normativas electorales, con el objetivo de sumar la intervención extranjera a las causales que ya contempla la ley para invalidar unos comicios. Sin embargo, el alcance operativo de la propuesta registra zonas de indefinición: la norma no precisó de qué manera se acreditaría legalmente la injerencia de otros países para poder declarar la nulidad de una elección. Morena y sus aliados sostuvieron que la reforma busca blindar los procesos electorales ante la influencia de EE.UU. y de intereses externos sobre la voluntad de los ciudadanos mexicanos. “No debemos ni debemos permitir como país que el destino de México se decida fuera de él. La democracia no solo se tiene que defender en las urnas, también de todos aquellos intereses externos”, afirmó Ricardo Astudillo, diputado del PVEM.
La oposición rechazó la reforma con el argumento de que usa el concepto de soberanía nacional para abrir la posibilidad de anular elecciones ante críticas provenientes del extranjero hacia políticos o hacia el Gobierno. Señalaron que la redacción ambigua no define qué constituye injerencia extranjera y omite la amenaza interna que representa el crimen organizado. “Nadie estamos a favor de la intromisión extranjera; de lo que estamos en contra es de la ambigüedad jurídica que les permita querer arrebatar en la mesa lo que ya están previendo que no van a poder ganar en la urna”, señaló Noemí Luna, diputada del PAN. Por su parte, el priista Alejandro Domínguez Rodríguez cuestionó los verdaderos motivos de la iniciativa y planteó si detrás de la reforma existía el temor a señalamientos respecto a vínculos del partido gobernante con el crimen organizado.
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Respecto a la segunda reforma, la comisión aprobó con 29 votos a favor y 11 en contra el dictamen que aplaza la elección judicial a junio de 2028. Sánchez Cordero, junto con su compañera de bancada Mariana Benítez Tiburcio y legisladores del PT y del PVEM, anunciaron que presentarán reservas en el pleno para buscar modificaciones en temas como la renovación escalonada de los órganos de administración judicial y del Tribunal de Disciplina Judicial, para evitar que futuras elecciones judiciales coincidan con los comicios intermedios, y para corregir la antinomia que existe en los artículos 94 y 97 constitucionales respecto a la designación de la presidencia de la SCJN. La exministra también informó que trasladará al pleno observaciones de magistradas y jueces en materia de estabilidad en el empleo, indemnización y adscripción.
La oposición consideró que el aplazamiento resulta insuficiente, pues no atiende los problemas de fondo de la reforma al Poder Judicial aprobada en septiembre de 2024. Argumentaron que la iniciativa no corrige la antinomia constitucional vigente desde hace casi dos años, no elimina los acordeones ni la intervención de los partidos y del crimen organizado en las candidaturas, y empatará la elección judicial con la revocación de mandato, pese a que el acuerdo previo era evitar ese escenario. “Tendríamos que estar haciendo una reforma más profunda y no solamente de bote pronto. ¿Dónde está la modificación sustancial al modelo de elección? Solo se pospone del 2027 al 2028, mientras las elecciones posteriores van a mantener el mismo esquema de concurrencia”, advirtió Laura Hernández García, diputada de Movimiento Ciudadano. La emecista Claudia Ruiz Massieu Salinas resumió la postura opositora con una crítica directa al alcance de las reformas: “No corrige ninguno de los defectos del diseño institucional del 2024, sólo trasladan el problema a la siguiente Legislatura, o sea patea el bote”.
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El PT anunció que presentará reservas en el pleno para buscar modificaciones al contenido de ambas propuestas antes de que sean sometidas a votación final en San Lázaro.
