La mayoría de Morena en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión bloqueó el 5 de agosto de 2026 un punto de acuerdo del Partido Acción Nacional (PAN) que pedía a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y a los mandatarios de Sinaloa y Tamaulipas por su presunta “colaboración” con el crimen organizado.
La propuesta incluía un exhorto a los titulares de la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Federal y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para investigar “las acusaciones en contra de servidores públicos de Baja California, Tamaulipas y Sinaloa, así como esclarecer si existen vínculos financieros, operativos o de colaboración entre autoridades locales y estructuras delictivas”.
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El planteamiento panista pretendía que las autoridades federales determinaran la existencia de nexos financieros y operativos entre los gobiernos estatales y grupos delictivos. La bancada mayoritaria frenó la iniciativa sin dificultad en el órgano legislativo que sesiona durante el receso de ambas Cámaras.
Con la misma mayoría, los legisladores de Morena aprobaron un exhorto a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para prevenir “posibles actos de injerencia extranjera”, entre los que el dictamen enlistó campañas digitales de desinformación, financiamiento político o mediático externo, manipulación informativa y acciones coordinadas o dirigidas a vulnerar la soberanía nacional, la seguridad nacional, la estabilidad democrática y la autodeterminación del pueblo de México.
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El dictamen consideró que la SRE “es la dependencia que por mandato constitucional y legal conduce la política exterior del Estado mexicano, es la contraparte natural en la instrumentación de mecanismos de cooperación bilateral en materia de seguridad, como el Programa de Cooperación de Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley, y es la instancia con la visión más integral sobre la naturaleza, el origen y la evolución de los riesgos provenientes del exterior”.
El señalamiento contra la administración bajacaliforniana se produjo en un momento de tensión política en la entidad fronteriza, marcada por los audios filtrados que involucran al exgobernador Jaime Bonilla Valdez y por el proceso penal contra el también exgobernador Ernesto Ruffo Appel, casos que han alimentado el enfrentamiento entre Morena y la Oposición en la entidad.
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La sesión de la Permanente registró además un choque entre ambas fuerzas por los lineamientos que impulsa el Gobierno Federal para regular los derechos de las audiencias. El portavoz de la diputación mayoritaria, Arturo Ávila, negó cualquier intención de censura: “Falso: hay tres elementos de sanción: no tener un código de ética, no nombrar a un defensor de las audiencias y no tener un mecanismo definido de defensa”, afirmó.
El senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara defendió desde tribuna que la regulación protege “la libertad de expresión, la libertad programática, la libertad editorial y establece garantías frente a la censura previa”. El diputado panista Marcelo Torres replicó que el Gobierno buscaba “censurar porque quiere tapar los escándalos, toda la porquería que ha ido creciendo y escondiendo durante los últimos años”.
