La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó, en la madrugada del 28 de mayo de 2026, con 322 votos a favor, 132 en contra y 22 abstenciones, una reserva que permite a los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en funciones postularse para un nuevo periodo en los comicios judiciales programados para junio de 2028, con lo que algunos de ellos podrían acumular hasta 18 años en el cargo.
La modificación fue presentada de último momento por el diputado Sergio Gutiérrez Luna, de Morena, como parte de la discusión en lo particular del dictamen que aplaza al primer domingo de junio de 2028 la segunda etapa de la elección del Poder Judicial de la Federación (PJF), luego de más de 15 horas de debate. Gutiérrez Luna argumentó que la reserva buscaba “armonizar el andamiaje constitucional, electoral y jurisdiccional” y evitar un trato diferenciado entre los distintos integrantes del PJF, dado que en la reforma judicial de 2024 no se contempló la situación particular de las magistraturas de la Sala Superior del TEPJF. Con la modificación aprobada, podrían continuar en el cargo los magistrados Felipe de la Mata, Felipe Fuentes, Mónica Soto y Reyes Rodríguez Mondragón hasta 2034, si resultaran electos en 2028.
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La reserva generó un rechazo inusual incluso dentro de las propias filas de Morena. Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador del grupo parlamentario oficialista, solicitó que sus compañeros retiraran la propuesta y advirtió que violaba el artículo 99 de la Constitución, el cual establece para los magistrados electorales un periodo de seis años improrrogables. “Lo que están proponiendo es que los que ya duraron seis años, y luego les dimos otros dos, y les vamos a dar otro porque vamos a elegir hasta el 28, y lo que aquí nos proponen es que les demos otros seis, que duren 17 años, casi la mitad de lo que duró Porfirio Díaz en México”, señaló Ramírez Cuéllar desde la tribuna. El vicecoordinador calificó la medida como “la vergüenza nacional” que Morena no debería sufrir, por considerarla contraria al espíritu original de la reforma judicial, cuyo propósito declarado era “acabar con las castas que se perpetuaban” en los tribunales.
La bancada del Partido del Trabajo (PT) también expresó su rechazo. Las diputadas petistas Aracely Cruz, Margarita García y Lilia Aguilar secundaron la solicitud de Ramírez Cuéllar de votar la reserva de forma separada, cuestionaron los “acuerdos” que habrían impulsado a Gutiérrez Luna a presentar la modificación y calificaron de “corruptos” a los magistrados beneficiados. Pese a estas objeciones, la mayoría legislativa desechó en votación económica la petición de votación diferenciada.
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La oposición rechazó la reserva de forma unánime y la describió como un “albazo” que ignoró el diálogo sostenido durante todo el día entre los coordinadores parlamentarios. Elías Lixa, coordinador del Partido Acción Nacional (PAN), anunció que su bancada no participaría en la discusión ni posicionaría en tribuna, al calificarla de simulación. “Esta no formó parte de ningún tipo de diálogo. Esta es una reserva conocida hace tres minutos”, afirmó. Por su parte, Rubén Moreira, coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), advirtió sobre las contradicciones de los legisladores de Morena, quienes meses atrás impulsaron una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para prohibir la reelección de legisladores, alcaldes y presidentes municipales. “Me preocupa que mañana cambien y entonces venga la reelección para presidente de la República o para gobernadores, porque esto contradice su discurso”, subrayó Moreira.
El pleno de San Lázaro aprobó en total tres reservas al dictamen. La primera, presentada por Reginaldo Sandoval, coordinador del PT, modificó el artículo 35 constitucional para precisar que el proceso de revocación de mandato se realizará el primer domingo de junio del cuarto año del periodo constitucional, con el fin de que nunca coincida con elecciones federales o presidenciales, aunque sí podrá coincidir con comicios locales y con la elección al Poder Judicial de 2028. La segunda y tercera, impulsadas por el diputado morenista Leonel Godoy, aclararon que el periodo de los magistrados de circuito y jueces de distrito que resulten electos en 2028 será de ocho años —dado el aplazamiento de la jornada— y establecieron que las dos secciones que se crean en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podrán funcionar con aprobación del Pleno.
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La votación que aplazó la elección judicial a 2028 se encuadra en el periodo extraordinario de sesiones convocado para el desahogo de cuatro iniciativas de reforma —dos presidenciales y dos legislativas—, y siguió a la aprobación en lo general del dictamen, realizada el 26 de mayo de 2026 con 341 votos a favor. Una vez concluido el proceso en lo particular en San Lázaro, la minuta será enviada al Senado de la República y, posteriormente, a los congresos locales para su ratificación, con miras a su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF). En la elección de junio de 2028 se renovarán, en el ámbito federal, cuatro magistrados electorales de la Sala Superior del TEPJF, 463 magistrados de circuito y 385 jueces de distrito, además de más de tres mil cargos locales en 25 estados de la República.
