Senadores republicanos y demócratas de Estados Unidos presentaron el 28 de mayo de 2026 una iniciativa de ley bipartidista que, de ser aprobada, obligaría al Departamento de Defensa a entregar al Capitolio un reporte con recomendaciones para combatir el robo y el contrabando de combustible por organizaciones criminales con sede en México, en medio de una investigación paralela en ambos países contra Ikon Midstream, una empresa petrolera con sede en Houston, Texas, señalada como pieza central de una presunta red de huachicol fiscal vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La iniciativa fue presentada por el senador republicano John Cornyn, del estado de Texas, y la senadora demócrata Jacky Rosen, de Nevada, y fue bautizada como Ley para Detener el Fomento a la Violencia de los Cárteles. El texto del proyecto señala que “el robo y el tráfico transfronterizo ilícito de petróleo crudo, diésel, gasolina y productos derivados del petróleo refinado por parte de organizaciones criminales transnacionales con sede en México constituyen una amenaza significativa para la seguridad nacional y la seguridad pública de los Estados Unidos”. La propuesta ordena al Pentágono que, además de rendir el informe, fortalezca capacidades y comparta inteligencia sobre el fenómeno con agencias civiles.
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“Los cárteles en México están obteniendo ganancias del combustible y del petróleo crudo robados, lo que les permite mantener sus operaciones ilegales a ambos lados de la frontera”, declaró Rosen al anunciar la iniciativa. Por su parte, Cornyn señaló que “los cárteles y otros grupos criminales en México están desarrollando métodos cada vez más sofisticados para robar o contrabandear productos de hidrocarburos, venderlos en el mercado negro y usar las ganancias para financiar el narcotráfico y la trata de personas”. Para convertirse en ley, la propuesta deberá superar primero los comités del Senado, ser votada en el pleno y recorrer el mismo proceso en la Cámara de Representantes antes de que el Ejecutivo federal la promulgue.
La presentación de la iniciativa coincidió con la publicación, el 27 de mayo de 2026, de una investigación de la agencia Reuters basada en cuatro documentos de seguridad del Gobierno de México y tres fuentes con conocimiento directo del asunto, que identifican a Ikon Midstream como una de las “piezas centrales” de una presunta red de contrabando de combustible vinculada al CJNG. Según esos documentos, elaborados entre marzo y abril de 2026, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación formal contra la empresa con base en testimonios, documentos y vigilancias. El Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. ejecutó una orden de allanamiento en las oficinas de Ikon Midstream en Houston el 14 de abril de 2026, acción que esa dependencia describió el 17 de abril del mismo mes y año como relacionada con “una investigación en curso sobre actividades delictivas”. Ikon Midstream ha negado reiteradamente haber cometido irregularidades.
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La investigación en México no se limita al cargamento del buque cisterna Torm Agnes. Los documentos gubernamentales revelan que Ikon Midstream proveyó productos petrolíferos a través de al menos otro cliente mexicano sin presencia física verificable: Azteca Cone, empresa también investigada por contrabando de combustible y presuntos vínculos con el CJNG, con la misma estructura operativa que Intanza, otra firma previamente señalada como fachada del cártel. Ninguna de las dos contaba con número de teléfono, sitio web ni ubicación física registrados, según constató Reuters. La revisión de registros de importación del Servicio de Administración Tributaria (SAT) reveló que ni Azteca Cone ni Intanza contaban con los permisos requeridos por la Secretaría de Energía para importar diésel o nafta; ambas fueron suspendidas del registro de importadores del SAT el 31 de marzo de 2025.
Los documentos internos que Ikon Midstream compartió con Reuters muestran que la empresa describió incorrectamente la carga de al menos cuatro envíos en sus declaraciones ante la aduana estadounidense. En los conocimientos de embarque de dos cargamentos de enero de 2025 a bordo del buque Torm Louise, Ikon Midstream utilizó el código del Sistema Armonizado correspondiente a aceites lubricantes para motores, en lugar de los códigos propios del diésel y la nafta que, según su propio abogado y el gerente comercial de los buques, eran los productos realmente transportados. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP, por sus siglas en inglés) señaló que ese código no es el apropiado para esos combustibles y que los errores reiterados pueden derivar en sanciones, incautaciones y mayor escrutinio. “Es difícil creer que se trate simplemente de un descuido”, declaró James Swanson, exdirector de seguridad y control de carga de la CBP. Tras ser informada de la postura de la CBP, Ikon Midstream reconoció el 24 de abril de 2026 haber cometido errores en sus declaraciones, los calificó como menores e involuntarios y afirmó estar “comprometida con una clasificación precisa en el futuro”.
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El caso Ikon Midstream se inscribe en el escándalo de mayor magnitud del denominado huachicol fiscal, que en México involucra a mandos de la Secretaría de Marina (SEMAR) y cuya red principal, conocida como “Los Primos”, permitió el ingreso ilegal de al menos 31 buques con combustible de contrabando a las aduanas de Altamira y Tampico, Tamaulipas, entre 2023 y 2025. El vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna permanece recluido desde el 2 de septiembre de 2025 en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) número 1, El Altiplano, en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, mientras su hermano, el contralmirante Fernando Farías Laguna, fue detenido el 23 de abril de 2026 en Buenos Aires, Argentina, donde aguarda la resolución de su extradición a México. El quebranto al fisco federal por concepto de huachicol fiscal fue estimado en 600 mil millones de pesos por Grisel Galeano García, procuradora Fiscal de la Federación, durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en octubre de 2025.
En el frente judicial mexicano, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aceptó el 27 de mayo de 2026 atraer un segundo recurso de revisión en el que puede ser el mayor caso de huachicol fiscal del que se tenga registro: la acusación por contrabando de 21.5 millones de litros de diésel contra el empresario Edgar Marín Meza Moreno, dueño de Impulsora de Productos Sustentables, por un costo calculado en 173 millones de pesos en impuestos evadidos. La SCJN deberá resolver si el SAT conserva facultades para representar el interés fiscal de la Federación en delitos de contrabando, después de que sus funciones en materia aduanera pasaron a la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) en 2022. La pregunta central es si la ANAM debió haber participado en todos los delitos relacionados con aduanas desde ese año, dado que la FGR omitió notificarle de la denuncia contra Meza Moreno.
Según la imputación presentada por la FGR el 3 de julio de 2025, entre el 4 y el 18 de octubre de 2019 el buque Atlantic Bay introdujo al país 28.7 millones de litros de diésel, pero Impulsora de Productos Sustentables solo declaró la importación de 7.2 millones de litros, por los que pagó 46.1 millones de pesos de impuestos. El excedente, de 21.5 millones de litros, no se sometió a las formalidades del despacho aduanero, lo que generó un perjuicio al fisco de 173 millones de pesos por concepto de IEPS, IVA y derechos de trámite aduanero no pagados. Un juez federal de Xalapa, Veracruz, dictó auto de vinculación a proceso contra Meza Moreno, pero el Tribunal Colegiado de Apelación del Séptimo Circuito lo revocó en noviembre de 2025 al argumentar que la FGR no dio intervención al caso a la ANAM. La SCJN había aceptado atraer un primer recurso en su sesión del 18 de marzo de 2026; el segundo, avalado por unanimidad del Pleno el 27 de mayo del mismo año, fue llevado por los ministros Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la SCJN, y Sara Irene Herrerías.
