Miguel Sánchez Altamirano, alcalde de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, fue detenido por fuerzas federales y estatales acusado de extorsión agravada y vínculos con el crimen organizado
Miguel Sánchez Altamirano, presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, fue detenido este miércoles en un despliegue de fuerzas federales y estatales.
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El operativo, ejecutado por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y corporaciones de seguridad federal, es una actuación más en contra de la infiltración del crimen organizado en las administraciones locales de la región del Istmo.
Fue en el municipio vecino de Ciudad Ixtepec, donde fue capturado el edil —conocido regionalmente bajo el alias de “Quetu”—, quien luego fue trasladado bajo estrictas medidas de seguridad rumbo a un penal federal en la Ciudad de México.
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LAS IMPUTACIONES QUE SE REALIZAN
Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), confirmó públicamente la detención del alcalde emanado de las filas de Morena.
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Según las investigaciones a nivel ministerial, Sánchez Altamirano contaba con orden de aprehensión vigente junto a Carlos Alberto “N”, alias “La Parca”. Las autoridades imputan a ambos los delitos de extorsión agravada y atentados contra la seguridad del Estado.
La carpeta de investigación establece que el edil era una pieza clave en una red delictiva dedicada de manera sistemática al cobro de piso a comerciantes locales, extorsión a emprendedores, narcomenudeo, tráfico de personas y homicidios en esta zona estratégica del sur de México.
ASEGURAMIENTO DE CUENTAS Y DESARTICULACIÓN DE BLOQUEO POLICIAL
La estrategia gubernamental no se limitó al ámbito operativo de captura, sino que también contempló la desarticulación económica de la presunta red criminal.
García Harfuch dio a conocer que que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), procedió al congelamiento de cuentas bancarias y a la inmovilización de recursos de personas físicas y morales directamente vinculadas con la indagatoria contra el munícipe.
En tanto, la detención generó reacciones violentas de contención: reportes preliminares de corporaciones locales indicaron que elementos de la propia policía municipal de Juchitán intentaron bloquear diversos accesos carreteros en un esfuerzo infructuoso por obstruir el traslado y lograr la liberación de su superior jerárquico.
CONTEXTO PREVIO DE VIOLENCIA
El arresto de Sánchez Altamirano ocurre en un momento de alta turbulencia política y social para Juchitán de Zaragoza, un territorio clave del Istmo que recientemente había recibido atención prioritaria de la federación. Apenas el pasado 11 de septiembre, el alcalde había participado activamente en la gira institucional de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por tierras oaxaqueñas.
Sin embargo, la gobernabilidad local se encontraba pendiendo de un hilo tras denuncias públicas de gravedad, como la realizada por el diseñador Elvis Guerra, quien solicitó la intervención directa de la SSPC federal tras sufrir un atentado armado en su propia residencia.
Guerra documentó ser blanco constante de extorsiones y amenazas, un clima de inseguridad generalizada que ha provocado el desplazamiento forzado temporal de decenas de habitantes que huyen de la violencia en el municipio.
