Juzgado federal en Mexicali negó la suspensión provisional al exesposo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila contra su incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas de la Secretaría de Hacienda y el congelamiento de cuentas
El empresario y político Carlos Alberto Torres Torres, ex esposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, solicitó el amparo y protección de la justicia federal en contra de las determinaciones ejecutadas por autoridades financieras mexicanas en seguimiento a investigaciones que realiza el gobierno de los Estados Unidos en su contra.
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El Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, resolvió negar la suspensión provisional solicitada por Torres Torres dentro del juicio de amparo indirecto 1161/2026.
El juicio de derechos fundamentales reclama la aplicación del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, la inclusión del político y empresario en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el aseguramiento de sus cuentas bancarias en la institución financiera Banco Mercantil del Norte (Banorte).
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La inmovilización de los instrumentos financieros de Carlos Torres deriva de la acción administrativa ejecutada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mediante el acuerdo 471/2026.
Dicho acto local responde a las investigaciones y a la posterior publicación realizada el 29 de septiembre de 2026 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
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En esa fecha, la autoridad estadounidense formalizó la inclusión de 21 personas físicas y 25 entidades comerciales en la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas, al atribuirles la aportación de apoyo financiero, material o tecnológico, o el suministro de bienes y servicios a favor de la organización denominada Cártel de Sinaloa.
El contexto de la sanción emitida en el país vecino abarca una red de operadores, intermediarios y estructuras mercantiles asentadas en municipios de Baja California como Tijuana y Mexicali, así como en entidades como Sinaloa, Sonora y Chihuahua.
La resolución del Departamento del Tesoro dispuso el congelamiento de activos bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición de transacciones financieras a ciudadanos y empresas de ese país con los señalados.
A partir de la difusión de ese listado internacional, la SHCP en México procedió al análisis de la información disponible e incorporó a los sujetos referidos en el padrón nacional de bloqueos como medida de contención para proteger la integridad de la economía y del sistema financiero.
En el escrito inicial de demanda presentado ante el órgano jurisdiccional federal, Carlos Alberto Torres Torres alegó el desconocimiento formal de las causas del procedimiento administrativo.
Asimismo, sostuvo la inconstitucionalidad del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito bajo el argumento de que dicho precepto omite fijar plazos máximos de permanencia en el registro y carece de parámetros para la eliminación de personas en dicho padrón, circunstancia que expuso como una vulneración a las garantías de seguridad y certeza jurídica.
Las cuentas bancarias objeto de la restricción corresponden a una cuenta preferente y a una cuenta de inversión de vista preferente radicadas en la firma Banorte.
Al resolver sobre la solicitud de suspensión provisional en el cuaderno incidental con fecha del 22 de octubre de 2026, el juzgador federal determinó que el desconocimiento manifestado por el quejoso no resta validez a la actuación de la autoridad administrativa.
La resolución judicial fundó la negativa en la Ley de Amparo que establece la improcedencia de la suspensión cuando se afecten disposiciones de orden público y de interés social.
El fallo señaló que la orden emitida por la Unidad de Inteligencia Financiera goza de presunción de legalidad y responde a la facultad estatal de prevenir y detectar operaciones ejecutadas con recursos de procedencia ilícita.
Con la admisión a trámite del juicio de amparo, el juzgado solicitó a las autoridades señaladas como responsables, entre ellas la Presidencia de la República y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la rendición de sus informes justificados en un plazo de quince días.
De igual manera, el órgano jurisdiccional dio intervención al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y fijó el 29 de octubre de 2026 para la celebración de la audiencia incidental en la que se decidirá sobre la suspensión definitiva del acto reclamado.
La fecha para la audiencia constitucional quedó programada para el 24 de noviembre de 2026, mientras que las autoridades requeridas deberán presentar las constancias que respalden la constitucionalidad del acto.
LOS OTROS DESIGNADOS
Además de Carlos Alberto, entre los individuos sancionados por la OFAC del Departamento del Tesoro, destaca la inclusión de su hermano Luis Alfonso Torres Torres, Rafael Buenrostro Martín, Pedro Ariel Mendívil García, Marco Antonio Moreno Gómez Santelices y Carlos Villela Gómez Santelices.
Otros son Hildegardo Gastélum García, Ismael Zambada Sicairos, Diosvany Samuel Chapotín Villalba, José Ángel Rivera Zazueta, Lorenzo Castillo Maldonado, Ilia Elizabeth Félix Rivera, Franklin Ernesto Huezo Hernández y Pedro Humberto Martínez Rodríguez.
La lista de personas físicas cierra con la designación de Francisco Javier Mendoza Uriarte, Jorge Luis Mendoza Uriarte,Jesús Rafael Yocupicio Yocupicio, Alfonso Arzate García, René Arzate García, así como los hermanos Jorge Mario Vera Ayala y Jerónimo Javier Vera Ayala.
En el sector empresarial y financiero se sancionó a Galerías Centro Cambiario, , Mía Centro Cambiario, Private Equity Baja, Private Equity Bursátil, Rivos Servicios, Vida Orgánica Tijuana, Publicidad e Imagen Integral, Servicios Hoteleros Gastélum, Conciertos y Espectáculos Inhouse, Festivales Artistas Mobiliario Asesoría, Wermak Publired, Raes Restaurante y The Woods Bar.
También fueron enlistadas las compañías Grupo Gasolinero Nueva Esperanza, Xolo Gas de Baja California, Inteliproof Efficient, Proyecto Alerta Verde, Videovigilancia Colaborativa, Baja Fixer Group, Edifika Desarrollos Baja, Holistic Wellwaves, Codesuam, Grupo Baja Firme y a la textilera Lthings Mexico.
