Juez federal rechazó suspender la inmovilización de fondos de dos empresarios señalados por el Tesoro estadounidense de lavar dinero del Cártel de Sinaloa. Marco Moreno Gómez Santelices es investigado por contratos de sus empresas con dependencias de Baja California
Los empresarios Marco Antonio Moreno Gómez Santelices y Carlos Villela Gómez Santelices señalados por la Oficina de Control de Activos (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de estar presuntamente vinculados a la fracción de Los Mayos, del Cártel de Sinaloa, presentaron demandas de amparo para descongelar sus cuentas bancarias bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
En el Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, se radicaron ambas demandas de derechos fundamentales, cuyo titular resolvió negarles la suspensión de plano de los actos reclamados.
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La demanda promovida por Marco Gómez Santelices reclama la orden de bloqueo e inmovilización de fondos de sus cuentas bancarias personales, así como de las cuentas pertenecientes a las empresas Inteliproof Efficient, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable; Conciertos y Espectáculos Inhouse, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, y Corevial Constructora, SRL de CV.
En otra solicitud de amparo y protección de la justicia de la Unión se aboga por la compañía Baja Fixer Group S.A. de C.V., también bloqueada en sus recursos económicos en bancos.
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Las medidas cautelares fueron ejecutadas a través del oficio emitido por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en cumplimiento del Acuerdo 471/2026 del 28 de septiembre de 2026, mediante el cual se ordenó la incorporación formal del quejoso en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) del sistema financiero mexicano.
La misma autoridad jurisdiccional federal resolvió negar la suspensión de plano en el juicio de amparo indirecto promovido por Carlos Villela Gómez Santelices, en idéntica situación.
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Ambos expedientes fueron ingresados ante la judicatura federal en Tijuana en respuesta a las acciones emprendidas por la autoridad administrativa federal dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tras la difusión de los reportes internacionales del gobierno estadounidense.
Previo a la radicación de las demandas presentadas en Tijuana por Moreno Gómez Santelices y Villela Gómez Santelices, el empresario y político Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, promovió un juicio de amparo similar ante el Juzgado Segundo de Distrito en Mexicali.
En dicho proceso interpuesto el 16 de octubre de 2026, el promovente solicitó la protección de la justicia federal contra su inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas de la SHCP y la inmovilización de sus cuentas en Banco Mercantil del Norte (Banorte).
En ese expediente, la autoridad judicial resolvió el 22 de octubre de 2026 negar la suspensión provisional solicitada, al considerar que la orden emitida por la Unidad de Inteligencia Financiera constituye un acto fundado en disposiciones de orden público dirigidas a la protección del sistema financiero nacional.
• *CONTRATOS EN BC*
En el caso de Marco Antonio Moreno Gómez Santelices es señalado de encabezar una red de empresas de seguridad, bienes raíces y entretenimiento en Baja California que presuntamente funcionó como una estructura de blanqueo de capitales para el Cártel de Sinaloa, específicamente para la facción alineada a Ismael Zambada Sicairos, alias Mayito Flaco y a operadores como Juan José Ponce Félix, el Ruso y los hermanos Alfonso y René Arzate García.
Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, estas firmas sirvieron para proporcionar apoyo financiero, material y tecnológico a la delincuencia organizada.
Las investigaciones registran que diversos entes públicos en la entidad otorgaron un total de 42 contratos a la red corporativa de Moreno Gómez Santelices. Entre sus empresas destacan Inteliproof Efficient y Private Equity Baja, las cuales acumularon adjudicaciones por un monto superior a los 139 millones de pesos a partir del año 2021 por parte del Gobierno del Estado, la Fiscalía General del Estado y los ayuntamientos de Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito.
Tan solo la firma Inteliproof Efficient concentró 40 contratos gubernamentales destinados a la provisión de equipo táctico, software de reconocimiento facial, chalecos antibalas, uniformes, patrullas y servicios de semaforización.
La asignación recurrente de estos contratos por parte de la fiscalía estatal involucra al oficial mayor de dicha dependencia, Ricardo Daniel Garduño Barrera, quien se ha mantenido en el cargo administrativo desde el año 2019.
Las nueve sociedades mercantiles asociadas al empresario fueron constituidas a partir de 2021, compartiendo la misma estructura jurídica, representaciones legales y delegados especiales en común.
Ante las sanciones del gobierno norteamericano y la posterior inclusión de las firmas en la Lista de Personas Bloqueadas por la autoridad federal, el ejecutivo estatal instruyó la revisión de los expedientes contractuales para su remisión ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
• *SANCIONES EN EU*
Las acciones inhibitorias adoptadas por las autoridades financieras en territorio mexicano encuentran su antecedente directo en las investigaciones efectuadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
A finales de septiembre de 2026, la dependencia norteamericana formalizó la inclusión de 21 personas físicas y 25 entidades corporativas en la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas, notificación difundida en el Registro Federal estadounidense bajo la firma de su director, Bradley T. Smith.
Las determinaciones se sustentaron en las órdenes ejecutivas 14059 y 13224, al señalar a los involucrados por la aportación de apoyo financiero, material o tecnológico a favor de la organización criminal denominada Cártel de Sinaloa.
En el listado publicado en el Registro Federal estadounidense se incluyen personas físicas ubicadas en municipios de Baja California como Tijuana y Mexicali, entre ellas los hermanos Jorge Mario y Jerónimo Vera Ayala, además de entidades comerciales en los estados de Sinaloa, Sonora, Quintana Roo y Chihuahua.
