Hacia el final de su administración, el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, ha recibido distintos reveses en un afán de sacar adelante proyectos, sin tomar en cuenta el criterio de otra autoridad o invadiendo competencias, según dan constancia resoluciones y argumentos emitidos al respecto.
Argumentó que después de un esquema gubernativo de desgaste, se debe apostar por la inclusión de distintas expresiones políticas para el próximo gobierno de BC; “cada gobernador tiene las facultades de nombrar a quienes considera que son los mejores perfiles”, refirió
Hace unos días, después de haber sido nombrado como futuro secretario general de Gobierno de Baja California por la próxima mandataria Marina del Pilar Ávila Olmeda, Catalino Zavala Márquez se apersonó en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado y sostuvo reunión con su titular, Guillermo Ruiz Hernández.
Ricardo Iván Carpio ha trascendido a administraciones estatales, al ambiente político y a la delincuencia organizada. Egresado de la tercera generación de la Academia de Seguridad Pública, es un policía de carrera con más de 17 años en el servicio público dentro de la Fiscalía General del Estado (FGE), donde ha focalizado sus esfuerzos en la atención del delito de secuestro.
La alcaldesa Montserrat Caballero Ramírez, negó que el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, hubiera incidido para que el Comité de Municipios del Estado (Comunes), instaurado el 4 de octubre, exhortara a la Comisión Federal de Electricidad a restablecer el suministro eléctrico al Acueducto Río Colorado-Tijuana tras el corte del servicio al que procedió la CFE por una deuda de 163 millones 193 mil 181.82 pesos que atribuyó al gobierno estatal.
Reconoció que pese a que el relevo en el poder se dará entre autoridades pertenecientes a una misma fuerza política, ha habido “ideas diferentes” entre los dos equipos encargados de los trabajos de entrega-recepción
Desde inicios de septiembre se solicitó que se incluya el estado que guardan los organismos de agua en los trabajos de transición, pero el actual Poder Ejecutivo se ha negado
