En el podcast hablamos de la violencia en Valle de Guadalupe y de Mexicali, de lo que implica la cancelación del concierto de Nodal y la identificación de los homicidas en plazas comerciales.
El gobierno del estado emitió la declaratoria de utilidad pública y ordenó la expropiación de tres predios con una extensión de 38 mil 720 metros, pertenecientes a la Liga de Beisbol de Playas de Tijuana para la construcción de un parque.
En pleno ejercicio de su gobierno, a mediados de 2020 iniciaron las obras de remodelación del inmueble que alberga PSN (Primer Sistema de Noticias), propiedad del gobernador Jaime Bonilla Valdez.
Los taxistas que se manifestaron porque no quieren que se les instale un taxímetro y porque eran multados por no traer un tarjetón, del cual no había para todos, lograron que Jaime Bonilla Valdez, gobernador del Estado, les diera una prórroga de seis meses.
A unos días de haber recibido un premio económico por parte de la administración de Andrés Manuel López Obrador, la medallista olímpica de Tokio, Aremi Fuentes Zavala, denunció un nuevo engaño de parte de Jaime Bonilla, gobernador de Baja California y de David González, director del Instituto del Deporte y Cultura Física.
Acostumbrado a utilizar el aparato estatal y sus tribunas para señalar, atacar y enjuiciar sin réplica a adversarios, empresarios y quienes no compartan su opinión, el gobernador Jaime Bonilla dijo que decapitar y sacar de la jugada a adversarios políticos es de un gobierno fascista.
Desde hace un par de años, por lo menos, un hombre irrumpió, de la mano de la II Región Militar, a la escena de la seguridad pública en Baja California. Lo reconocieron como un elemento de la DEA (Agencia Antinarcóticos de los Estados Unidos).
Por falta de pago, profesores interinos presionan al gobierno estatal para que salde las deudas que tienen desde hace más de dos años en Tijuana y San Quintín
La toma política del Palacio Municipal de Tijuana, la madrugada del 29 de septiembre, obedeció al intento de parte del Gobierno del Estado, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad de Tijuana, de no permitir el acceso al presidente municipal, Arturo González Cruz.
