“Yo con mucho gusto la recibo y sirve que aprende un poquito cómo funciona en la frontera los temas del agua”, dice el mandatario a la comisionada de la CILA, Adriana Reséndiz Maldonado.
Ricardo Iván Carpio ha trascendido a administraciones estatales, al ambiente político y a la delincuencia organizada. Egresado de la tercera generación de la Academia de Seguridad Pública, es un policía de carrera con más de 17 años en el servicio público dentro de la Fiscalía General del Estado (FGE), donde ha focalizado sus esfuerzos en la atención del delito de secuestro.
La alcaldesa Montserrat Caballero Ramírez, negó que el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, hubiera incidido para que el Comité de Municipios del Estado (Comunes), instaurado el 4 de octubre, exhortara a la Comisión Federal de Electricidad a restablecer el suministro eléctrico al Acueducto Río Colorado-Tijuana tras el corte del servicio al que procedió la CFE por una deuda de 163 millones 193 mil 181.82 pesos que atribuyó al gobierno estatal.
El proyecto para instalar una planta fotovoltaica propiedad de la empresa Next Energy de México, SA de CV, que el gobernador Jaime Bonilla Valdez ha promovido insistentemente como una alternativa para dotar de energía eléctrica al acueducto Río Colorado-Tijuana, se encuentra al borde del colapso.
El mandatario estatal afirmó que “de plano (los legisladores) demostraron su desconocimiento” en el tema “del agua, de la luz” y consideró que “a menos que haya intereses mezquinos, escondidos detrás”, se puede estar en contra de la instalación de una planta fotovoltaica
Reconoció que pese a que el relevo en el poder se dará entre autoridades pertenecientes a una misma fuerza política, ha habido “ideas diferentes” entre los dos equipos encargados de los trabajos de entrega-recepción
En la comparecencia del secretario Salomón Faz Apodaca ante el Poder Legislativo, comentó que se solicitó una revisión ante la CRE para determinar sí el cobro de energía eléctrica por el acueducto es el correcto. El adeudo restante podría ser de entre 105 y 220 millones de pesos.
Yo sabía que iban a chillar (en SADER), claro, y que iban a empezar a pegar de gritos, que me denuncien”, espetó el mandatario estatal en un nuevo encontronazo con instancias federales.