La falta de permisos municipales y federales, además de la iniciativa a la Industria Eléctrica que presentó el Presidente Andrés Manuel López Obrador, impactan sustancialmente el intento de Jaime Bonilla Valdez por instalar una planta fotovoltaica, propiedad de la empresa Next Energy, que dotaría de energía eléctrica al acueducto Río Colorado-Tijuana. Octavio Sandoval López, titular de la Coparmex, asegura que con la reforma incrementaría el precio de la energía, toda vez que tendría que venderse a la CFE y esta a su vez al Estado
El proyecto para instalar una planta fotovoltaica propiedad de la empresa Next Energy de México, SA de CV, que el gobernador Jaime Bonilla Valdez ha promovido insistentemente como una alternativa para dotar de energía eléctrica al acueducto Río Colorado-Tijuana, se encuentra al borde del colapso.
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El 15 de junio, el titular del Poder Ejecutivo del Estado encabezó un magno evento a la altura del Kilómetro 26 de la Carretera Mexicali-San Felipe, en los alrededores de Cerro Prieto, donde se hizo acompañar de toda la cúpula política de BC, entre ellos su sucesora, Marina del Pilar Ávila Olmeda, quien en ese momento respaldó el proyecto.
“La columna vertebral del Estado es la soberanía energética”, comentó el mandatario estatal durante su discurso ante representantes populares, directivos de la empresa e incluso influencers que ofrecen sus servicios para respaldar este tipo de proyectos.
La capacidad de la planta fotovoltaica tendría como objetivo dotar de 80 kilowatts/hora al acueducto que se encarga de trasladar el agua del Río Colorado a Tijuana, a un precio inferior del que se paga actualmente -dijo el mandatario-, con la tendencia de que se reduciría a partir del año 18, pues hay que recordar que el proyecto fue licitado con la intención de que Next Energy de México brindara el servicio por los próximos 37 años.
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Pese a como se vendió la idea, dicha planta no cubriría las carencias en materia de energía del Estado, el cual se estima entre los 500 y 600 kilowatts.
En el evento realizado en el sitio donde se construiría la planta, que consta de 10´687,000.00 metros cuadrados, es decir, mil 067.7 hectáreas y con clave catastral H4-500-001, Bonilla Valdez defendió el proyecto, como recalcó defendería las necesidades de la población, pero ya tenía pleno conocimiento de que el Gobierno de México no estaba de acuerdo con sus intenciones.
Desde el 21 de agosto de 2020, Bonilla Valdez recibió un oficio de tres páginas con número SENER.100/2020/303, firmado por Norma Rocío Nahle García, secretaria de Energía, donde le precisaron que dicho proyecto no podría concretarse, al no contar con el aval del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) ni de la Comisión Reguladora de Energía (CRE); además de que constitucionalmente, los temas relativos a la energía eléctrica son facultad exclusiva de la Federación, toda vez que son los únicos con capacidad suficiente para llevar a cabo los estudios de viabilidad financiera y técnica, donde se contemplen las afectaciones ambientales que representa.
El documento indica:
– El Centro Nacional de Centro de Energía (CENACE) es el Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Federal facultado, entre otras, para establecer las características específicas de la infraestructura requerida para la interconexión de Centrales Eléctricas.
– Las Bases del Mercado Eléctrico establecen, en la Base 5.1.1, que las solicitudes para realizar obras de interconexión de las Centrales Eléctricas a la Red Nacional de Transmisión o a las Redes Generales de Distribución, deberán atender lo previsto en el Manual de Prácticas de Mercado correspondiente.
– El Manual para la Interconexión de Centrales Eléctricas y Conexión de Centros de Carga, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 9 de febrero de 2018, establece el procedimiento que el CENACE debe llevar a cabo para la atención de las Solicitudes de Interconexión de CE así como el proceso para la realización física de la Interconexión de la misma a la Red Nacional de Transmisión o a las Redes Generales de Distribución con base en principios de eficiencia, transparencia y objetividad y garantizando el acceso abierto y no indebidamente discriminatorio al Sistema Eléctrico Nacional.
– Las Centrales Eléctricas requieren permiso otorgado por la Comisión Reguladora de Energía para generar energía eléctrica en el territorio nacional y, de conformidad con la Ley de Órganos Reguladores Coordinados en Materia de Energía, dicha Comisión, en coordinación con la política que define el Ejecutivo Federal, a través de esta Dependencia, está facultada para autorizar o negar los permisos de generación, conforme lo disponga, entre otros, el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional y balance energético.
Cada uno de estos puntos era de conocimiento del mandatario estatal a través de dicho documento, pero aun así, continuó con la licitación y todos los procedimientos respectivos, hasta el 29 de septiembre, cuando la empresa presentó formalmente la intención de obtener los permisos de uso de suelo ante el Ayuntamiento de Mexicali.
Ese día, directivos de Next Energy de México, SA de CV presentaron comprobantes de pago por más de 500 mil pesos con motivo de permisos municipales; y la empresa Polo de Desarrollo Cerro Prieto, SA de CV, por más de un millón 984 mil pesos por concepto de “movimiento de tierra”.
Sin embargo, el Ayuntamiento de Mexicali decidió no otorgar el permiso, ya que no contaba con el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) ni con la opinión técnica de la Cenace, ni el permiso de la CRE, al momento de presentar la documentación correspondiente.
La tarde del 30 de septiembre, trascendió que hubo una intensa presión hacia el ex director de Administración Urbana, Juventino Pérez Brambila, para otorgar la firma de los permisos locales por parte de la ex alcaldesa de Mexicali, Guadalupe Mora Quiñónez, directivos de la empresa y hasta de funcionarios estatales, pero finalmente no se concretó.
El 5 de octubre se formalizó el rechazo para entregar los permisos, por lo que, de manera momentánea, el proyecto no podría continuar su avance en la instalación de los paneles solares.
Para Octavio Sandoval López, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) el proyecto de la planta fotovoltaica comenzó al revés, puesto que arrancó su construcción sin los permisos necesarios para su ejecución.
Agregó que con el proyecto de reforma que el Presidente Andrés Manuel López Obrador presentó ante el Congreso de la Unión en torno a la regulación de energía eléctrica, la planta fotovoltaica se torna aún más complicada.
Y es que, dentro de sus principales puntos, establece limitantes para que empresas privadas puedan dotar de energía eléctrica a sectores privados, por lo que ahora Next Energy de México tendría que vender la energía a CFE y esta al Gobierno del Estado, lo que evidentemente aumentaría su costo.
Para finalizar, Sandoval López se manifestó en contra de la reforma del Presidente, debido a que volvería el monopolio de la energía eléctrica y generaría incertidumbre a las empresas productoras de energía, inclusive las fuentes limpias, pues el Estado sería el encargado de dotar toda la energía, priorizando su producción por encima de las otras.
