El Ayuntamiento de Los Cabos anunció con bombo y platillo el inicio de la cruzada nacional por el agua, exhibiendo por medio de un boletín la reunión entre autoridades municipales y representantes de la empresa Eroagua, cuyo representante es Manuel García Soto, director de Fisamex, empresa denunciada por cobros ilegales a empresarios y triangulación de pagos millonarios del gobierno estatal de Baja California.
Ante la falta de acciones concretas, pareciera que la administración encabezada por la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, no tiene interés suficiente en responsabilizar a los funcionarios del bienio del ex mandatario y compañero morenista, Jaime Bonilla Valdez, de las irregularidades perpetradas, las cuales dejaron el erario mermado.
“Yo le puedo decir (al gobernador Jaime Bonilla) que también él debe mucho y que se acuerde que conozco todo, porque agraciadamente me tocó ser el abogado de sus empresas, conozco la historia
Al 27 de julio de 2021, el gobierno de Baja California pagó 329 millones 771 mil 371 pesos a Fisamex por las auditorías hechas a 4 mil 87 empresas, usuarias de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, Mexicali, Ensenada y Tecate.
La candidata de la coalición “Va por Baja California”, Lupita Jones Garay interpuso dos denuncias contra la empresa Fisamex, su representante Manuel García Soto y el gobernador Jaime Bonilla Valdez, entre otros funcionarios estatales, por hechos que podrían constituir los delitos de lavado de dinero, concusión, peculado, usurpación de funciones y los que resulten.
Carlos Atilano Peña, candidato a la gubernatura de Baja California por el PBC, comparó la actual administración de Morena en el estado, con el gobierno de Kiko Vega
