“Sé mucho de Bonilla, pero me callo”: Bibi Ayala

Foto: Enrique Botello
Edición Impresa lunes, 20 septiembre, 2021 12:00 PM

Luego de sus posturas políticas públicas, el abogado Jesús Ayala -tío del alcalde Armando Ayala- enfrenta el embate de Fisamex y Gobierno del Estado, con cobros millonarios por agua, así como incitaciones del gobernador para que acudan al restaurante propiedad de la esposa del litigante y no paguen el consumo

“Yo le puedo decir (al gobernador Jaime Bonilla) que también él debe mucho y que se acuerde que conozco todo, porque agraciadamente me tocó ser el abogado de sus empresas, conozco la historia, pero me quedo calladito porque no es la forma”, lanzó el abogado Jesús “Bibi” Ayala, al hablar sobre las incitaciones del mandatario suscitadas el sábado 11 de septiembre en Ensenada.

Ese día, el titular del Poder Ejecutivo estatal, en una Jornada por la Paz celebrada en la colonia Las Flores, cargó contra Casa Magnolia al asegurar que no pagaba el agua. “Entonces, cuando ustedes vayan a consumir, pues no paguen la cuenta, ¿no? Y le dicen, ‘Así como tú no pagas el agua y nos la cobran a nosotros, ahora tú paga mi cuenta’”, sugirió el mandatario.

Foto: Enrique Botello.- Armando Ayala Robles, presidente municipal de Ensenada

Ayala Urías acusó una actitud flagrantemente ilegal por parte de Bonilla, al incitar a la gente a no respetar el Estado de Derecho, bajo la premisa que, si tiene la razón, la haga valer en los tribunales.

“Si él considera que las cosas se tienen que hacer como él las hace, darlas a la luz pública y que todo mundo se entere, bueno, si entramos a ese juego, yo también le entro. Y puedo hacer muchas cosas, sacar muchas cosas a la luz pública, pero no es mi estilo; yo soy profesional, tengo ética profesional y, cualquier cosa que tenga contra alguien que me esté agrediendo a mí y a mi patrimonio, al patrimonio de mi esposa, pues claro que voy a acudir a los tribunales”, amagó.

El hecho de defenderse, estimó, le afectó al gobernador y al presidente municipal, ahora -dijo- tiene auditorías y multas en sus negocios y el de su esposa.

“Hay una línea política de afectar al tío ‘Bibi’ Ayala a través del restaurante de su esposa, pero se les está cayendo el negocio de querer cobrar más de 900 mil pesos”, comentó.

Ayala pidió al gobernador ser más justo y ético, que si alguien debe, se lo cobre a través de los conductos legales y administrativos, en apego al Estado de Derecho.

Además, acusó golpeteo político en su contra por parte de altos funcionarios del Estado para amedrentarlo, tras haber apoyado a Carmen Salazar y asesorado a los ocho regidores opositores a la municipalización del agua.

“En su momento el alcalde me tuvo como asesor, pero no coincidimos y me removió, algo válido, pero que también aguante si alguien me pide una asesoría para combatir lo aprobado ilegalmente en una sesión de Cabildo, como fue la municipalización del agua. Tengo que aguantar, no me pondré a las patadas, pero sí me voy a defender”, remató el abogado ensenadense.

 

LE FIJAN ADEUDO DE 2.3 MILLONES

Más de 2 millones 300 mil pesos, pretende cobrar el Gobierno del Estado al restaurante Casa Magnolia por derechos de conexión de agua y alcantarillado, así como agua no contabilizada.

El establecimiento, ubicado en el Bulevar Costero, Fraccionamiento Acapulco, en un predio de dos hectáreas donde se construirán 45 casas, es propiedad de la esposa del abogado Jesús Ayala Urías, la señora María Guadalupe Magnolia López González.

El ex abogado del gobernador Jaime Bonilla y tío del alcalde Armando Ayala ve la intentona como un golpeteo político por haber apoyado la candidatura a la presidencia municipal de Carmen Salazar y asesorado, a través de su despacho Ayala y Asociados, al grupo de ocho regidores opositores a la municipalización del agua.

Ayala Urías -quien asegura no conocer el dictamen de la empresa, solamente lo que se ha “litigado” en medios, ni haber tenido derecho de audiencia- mostró a ZETA documentos que contradicen la versión del gobernador Jaime Bonilla, Fisamex, Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (CESPE) y de la secretaria de Honestidad y Función Pública, Vicenta Espinosa.

A principios de septiembre, unos días después de llevarse a cabo una rueda de prensa de los ocho regidores opositores a la municipalización del agua, Fisamex presentó un resumen de la auditoría al restaurante, estableciendo una deuda de 960 mil 619.20 pesos por agua no contabilizada.

El lunes 6, personal de la CESPE cerró una válvula que supuestamente surtía de agua a Casa Magnolia, que hasta el cierre de edición -jueves 16 de septiembre- seguía clausurada.

El 8 de agosto, a través de un comunicado expedido por la secretaria de Honestidad y Función Pública, David Germán, representante de Fisamex, informó que el restaurante tenía un adeudo de un millón 433 mil 196.93 pesos por derechos de conexión de agua y alcantarillado, es decir, un total de 2 millones 393 mil 816.13 pesos.

 

DOS MEDIDORES, UNO NO ESTÁ REGISTRADO

En entrevista, “Bibi” Ayala reconoció que el medidor de serie 18005248, señalado por Fisamex y la CESPE como no registrado, efectivamente no cuenta con registro, pero atribuyó tal situación al organismo operador del agua.

Incluso, dijo, existe un procedimiento ante el Tribunal de Justicia Administrativa para que la Comisión registre el medidor de donde se surten las tres casas existentes en la privada Magnolia, dentro del mismo predio que el restaurante.

Agregó que Casa Magnolia sigue teniendo agua debido a que no se surte del medidor ubicado a pie del predio, sino de otro colocado en Avenida Pedro Loyola y cuya tubería fue instalada por el restaurante hace aproximadamente ocho años.

Acorde con Ayala, Fisamex pretende cobrarle por consumo de agua desde 2016, cuando aún no existía la Privada Magnolia; recordó que la CESPE emitió dio factibilidad de servicio en agosto de 2018, una vez autorizada la instalación y construcción. Los trabajos se terminaron en septiembre de 2019, sin embargo, “ese medidor empezó a trabajar en abril de 2021”.

En el caso de la válvula que la CESPE cerró, aclaró que se surten las casas existentes en la privada, no así el restaurante, por lo cual reclamó la ilegalidad del hecho, al ser el agua “un derecho humano consagrado en la Constitución y no se puede privar a nadie”, a lo sumo reducirle el abastecimiento.

En ese sentido, Ayala Urías reveló la presentación de una demanda, considerándola “una ilegalidad para presionar que pague lo que ellos quieren que pague”.

Insistió en que, al acudir a una reunión con personal de la CESPE, ni siquiera los empleados conocían el proyecto autorizado por la paraestatal para el predio de Ayala y Asociados.

Al ser señalado como propietario de Casa Magnolia, “Bibi” solicitó a la Comisión un informe escrito de los adeudos a su nombre: cinco predios aparecen en distintas partes de la ciudad, y en uno de estos, un adeudo por 14 mil 254 pesos, mismo que atribuye al inquilino de un departamento.

Foto: Marco Flores.- Jesús Alberto Ayala Urías, abogado

DICTAMEN FISAMEX

De acuerdo con la investigación de Fisamex, dentro de la revisión en los consumos registrados en la cuenta de Casa Magnolia, el usuario carece de lecturas reales a lo largo de su histórico y este se encuentra promediado. Dichos promedios ocasionan que la facturación del usuario se encuentre considerablemente anómala.

Durante la visita de campo, se encontró el medidor de serie 18005248 con una lectura de 6 metros cúbicos, el cual no cuenta con ningún contrato de prestación de servicios asociado para la facturación de los volúmenes de agua que son aprovechados por el inmueble, ni avale el pago por el derecho de consumo.

El 3 de septiembre, Fisamex detectó que el usuario contaba con una toma directa ¾ (sin medidor) al pie de su predio, encargada de abastecer al restaurante.

Ante la presunta irregularidad, la empresa auditora recurrió a una presuntiva de consumo promedio de 206 metros cúbicos de un giro similar como base de cálculo para determinar el retroactivo correspondiente por consumos de agua no contabilizada.

Así, se concluyó que el usuario ha omitido el pago por consumo de agua -como lo señala la Ley de Ingresos del Estado- por un volumen de 206 metros cúbicos mensuales por 60 meses y arroja un adeudo total de 12 mil 360 metros cúbicos, por un monto de 960 mil 619 pesos con 20 centavos.

 

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