La candidata de la coalición “Va por Baja California”, Lupita Jones Garay interpuso dos denuncias contra la empresa Fisamex, su representante Manuel García Soto y el gobernador Jaime Bonilla Valdez, entre otros funcionarios estatales, por hechos que podrían constituir los delitos de lavado de dinero, concusión, peculado, usurpación de funciones y los que resulten.
Una de las denuncias fue presentada ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) este 3 de mayo de 2021 en la Ciudad de México, por operaciones de procedencia ilícita (lavado de dinero), ya que la actual administración morenista pagó 278 millones de pesos a Fisamex (Romafam S.A. de C.V.), equivalentes al 20% del recurso que cobró ilícitamente.
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El documento detalla que Romafam S.A. de C.V., propiedad de Manuel García Soto, pagó a dos empresas casi el 100 por ciento del recurso que le entregó el gobierno estatal en 2020. Entre octubre y diciembre de 2020, Romafam S.A. de C.V: pagó 63.8 millones de pesos a Salhec Grupo Constructor S.A. de C.V.; empresa constituida el 28 de mayo de 2020, para “recibir el dinero de Romafam y justificar costos de operación bajo el mismo objeto social”, siendo sus propietarios Wister Xavier Valenzuela y Héctor Manuel Sánchez López.
El 7 de diciembre de 2020, Romafam S.A. de C.V. pagó a Fiscales del Agua Méx S.A. de C.V. 162.4 millones de pesos en una sola exhibición, a dos meses de que esta última fue constituida por el mismo propietario de Romafam, Manuel García Soto y Karen Joanna García Lizárraga, el 28 de septiembre de 2020.
La segunda denuncia presentada por la candidata del PAN-PRI-PRD y el ex candidato por Movimiento Ciudadano al gobierno de Baja California Héctor Osuna Jaime fue ante la Fiscalía General del Estado por delitos de peculado, concusión, y usurpación de funciones, más lo que resulte, debido a que el gobierno del estado cobró a empresas y personas físicas contribuciones “inexistentes” que no fueron determinadas de forma legal y fueron calculadas por encima de lo que corresponde conforme a la ley (delito de concusión).
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Ello, pese a que los organismos operadores del agua cuentan con amplios departamentos de fiscalización y cobranza, “lo que advierte la posibilidad de que se esté configurando el delito de ejercicio indebido público y peculado”.
En conferencia de prensa, Lupita Jones, Héctor Osuna Jaime y su asesor legal señalaron que la fiscalización y cobranza de contribuciones compete únicamente del gobierno, y la administración de Bonilla privatizó esas facultades.
“Es alarmante la forma en cómo estas personas han operado de forma arbitraria, de manera completamente sin justificación, fuera de la ley, y sobre todo sometiendo al ciudadano a extorsiones, intimidaciones, retirándole los medidores del agua sin ningún aviso, enviándoles a la Coepris, al SAT, para presionar a los ciudadanos, a empresarios, a realizar esos pagos injustificados, señaló Jones.
“No podemos permitir que el Estado se nos vaya de las manos con cobros ilegales, con marcada corrupción y afectando al ciudadano”, aseveró Jones, quien estuvo acompañada de la senadora del PAN, Gina Cruz.
La denuncia señala que al mismo tiempo los servidores se coaligaron para impedir la aplicación de las leyes fiscales y el derecho de defensa de los particulares, habiendo hecho expresa esa intención la secretaria de Honestidad y Función Pública Vicenta Espinosa Martínez, quien confesó públicamente que la “auditorias” fueron encargadas a una empresa privada (Fisamex y/o Manuel García Soto), para evitar demandas contra el gobierno. “Es, decir, cometieron el delito de coalición de servidores públicos”, indica la denuncia presentada por Jones.
Las auditorías de Fisamex y de quien encabeza la empresa (Manuel García Soto) “rayan en el delito de usurpación de funciones”, añade el documento.
Otros funcionarios estatales contra quienes interpusieron las denuncias son: Luis Salomón Faz Apodaca, secretario del Agua; Vicenta Espinosa Martínez, secretaria de Honestidad y Función Pública.
Así como a los funcionarios de la Cespt, Juan Pablo Guerrero Mercado, Eliel Alejandro Vargas Pulido, y Sergio Antonio Rosete Weben. (este último exdirector del organismo público).
