El presidente Andrés Manuel López Obrador informó, este miércoles 3 de noviembre, que ordenó poner a disposición a los elementos de la Guardia Nacional (GN) que dispararon, alrededor de las 18:00 horas del pasado domingo 31 de octubre, en Pijijiapan, Chiapas, contra un vehículo en el que viajaban 13 migrantes provenientes de Cuba, Ghana y Brasil, lo que dejó un saldo de al menos cuatro personas heridas y dos fallecidas.
En lo que va de la presente Administración encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador -desde diciembre del 2018 hasta el pasado 30 de octubre-, han sido asesinados un total de 49 comunicadores, además de 94 activistas, lo que daba un total de 141 personas y la mayoría de estos crímenes están impunes.
La Guardia Nacional (GN) admitió que agentes de dicha institución dispararon, alrededor de las 18:00 horas del pasado domingo 31 de octubre, contra un vehículo en el que viajaban 13 migrantes provenientes de Cuba, Ghana y Brasil, lo que dejó un saldo de varias personas heridas y una fallecida, aunque no aclaró si se trata de un hombre cubano asesinado a balazos, que formaba parte de la caravana que avanza por Chiapas.
Javier Coello Trejo acaba de publicar recientemente un libro que venía preparando, según su aserto, desde hace algún tiempo, mismo que se denomina El Fiscal de Hierro; sin lugar a duda, el lector bien podría decirme que Javier Coello Trejo es un personaje sumamente controversial, tanto en el ámbito de la política como en la función pública.
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó los apartados de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza (LNUF) -en vigor desde el 28 de mayo de 2019-, mismos que autorizan la intervención de las fuerzas de seguridad en manifestaciones o reuniones públicas que puedan tornarse violentas.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó, este martes 26 de octubre, a la Fiscalía General de la República (FGR), reabrir la investigación por el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, ex candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Presidencia de la República, quien supuestamente fue asesinado por Mario Aburto Martínez, el 23 de marzo de 1994, en la colonia Lomas Taurinas, en Tijuana, Naja California.
Denuncias hasta de niños de 2 años de edad que han sido víctimas de agresiones sexuales y con ellos se ha producido pornografía infantil, es lo que registran autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) en los últimos dos años, periodo en que se han tipificado 90 casos al respecto.
Mientras Miguel Ángel Badiola sigue cosechando impunidad para no ser investigado por el fraude que le acusan empresarios tijuanenses de haber cometido en su contra -junto a su secretaria-, utilizando como “anzuelo comercial” un concierto de Los Tucanes de Tijuana organizado por la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, al apoyar en relaciones públicas al fiscal general del Estado, Guillermo Ruiz, y entregar reconocimiento al gobernador Jaime Bonilla por parte de la misma Canirac, su esposa, Irma Contreras, mejor conocida como Irma Badiola, intentó ir más allá.
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reiteró, este martes 17 de agosto, que las entidades federativas no tienen competencia para imponer el requisito de ser mexicano por nacimiento para desempeñarse como titular de una institución pública, en este caso del Sistema Penitenciario de Baja California.
Con singular interés, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acompaña al recluso Mario Aburto Martínez, homicida confeso del ex candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio Murrieta, en sus exigencias de recibir un mejor trato de autoridades penitenciarias y ser trasladado “de inmediato y sin dilación” del penal de máxima seguridad de Ocampo, Guanajuato, al Centro de Reinserción Social (Cereso) El Hongo en Baja California.
