En México hay muchos problemas. Impera la inseguridad, la falta de oportunidades, la violencia, el crimen, el cobro de piso, la desaparición, la extorsión, delitos todos que en los últimos años se cometen con mayor impunidad ante un gobierno que no los quiere ver, que los minimiza y en el mejor de los casos dice que existen, pero que no son una realidad, sino una narrativa sembrada en grupos de la sociedad civil por intereses adversos a los suyos
AMLO metió el tema de las investigaciones contra gobernadores morenistas, como Rubén Rocha Moya, uno de los más defendidos por él mismo, y la revocación de las visas de Alfonso Durazo y Américo Villarreal, en el cajón de la agenda política, ponderando un ataque contra su movimiento, Morena, y achacando un “fortalecer” de la derecha en México.
...en un intento de hacer del pecado de Morena un asunto de Estado, la Presidenta inmiscuye el tema de la defensa de la soberanía, y -de hecho- a su antojo y capricho, reforma la Ley para considerar como causal de anulación de una elección la “injerencia extranjera”.
De aquella acción ciudadana de transparencia han transcurrido 31 años, y al paso de cinco gobernadores más, y una gobernadora, la actual, ninguno repitió la hazaña de transparencia de don Héctor Terán. De hecho, poco a poco fue desarrollándose todo lo contrario. De la voluntad con la transparencia transitamos a la obligatoriedad de la misma, y a la opacidad.
Ese día, cinco después de la licencia de Rocha, y mientras persistía la embestida contra Maru Campos, el secretario de Educación y ex dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, anunció que -contrario a la Ley- el ciclo escolar de educación básica en el país, no concluiría el 15 de julio, sino el 5 de junio, que serían, pues, 40 días menos en las aulas para los estudiantes en el país.
La de abril fue la acusación formal contra el otrora todopoderoso y protegido de López Obrador y Sheinbaum, Rubén Rocha Moya; la de mayo aún no llega, pero ya hace temblar a la clase política morenista
Tres personas han politizado la acusación que hizo el Departamento de Justicia de los Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y nueve de quienes han sido y son sus colaboradores: el propio morenista mandatario de aquella entidad, el senador Enrique Inzunza, también acusado y requerido por la justicia norteamericana, y la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.
En un año preelectoral como lo es 2026, la inseguridad arrecia ante el desvío de atención y de recursos de los gobiernos estatales para mantener sus entidades en el oficialismo
Sostenía Gertz que al bloquear cuentas, la UIF, ante la presunción de lavado de dinero, violaba el orden jurídico y también las disposiciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, órgano que se había pronunciado contra tal medida. Mientras, Nieto argüía el combate a la criminalidad organizada y los cárteles de las drogas.
