Para la Presidenta de la República y para su gabinete siempre hay alguien detrás de un problema, de un fenómeno social que lacera a un sector o de las protestas que indistintos grupos encabezan para manifestar su inconformidad por las condiciones de inequidad, de riesgo o de inseguridad. Invariablemente pretenden deslegitimar marchas y manifestaciones, sea en redes sociales o en las calles del país, adjudicando la organización de las mismas a grupos conservadores, de derecha, neoliberales o cualesquiera que se les ocurra.
Hace unos días fue la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien pretendió poner en duda la legítima manifestación de los colectivos de madres buscadoras, cuando dijo en la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien comparte el punto de vista de su colaboradora, que: “También es importante señalar que contamos con información que indica la presencia no solamente de los colectivos de la Ciudad de México, y los colectivos de Jalisco, sino que algunas personas provenientes del estado de Jalisco recibieron apoyo para trasladarse a esta movilización; estamos recabando toda la información para conocer el origen de todos esos apoyos y determinar si existió alguna intención ajena a la legítima denuncia de búsqueda y justicia que encabezan las familias”.
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Si existe en México un sector muy en el abandono de los gobiernos ese es el de los colectivos de buscadores: familias, madres, padres, que quieren encontrar a sus seres queridos que fueron desaparecidos, sea de forma forzosa, ciertamente con la participación de la autoridad, o de privación de la libertad por parte de un grupo del narcotráfico o la criminalidad organizada.
Los colectivos de búsqueda -y en Sinaloa y Baja California hay muchos ejemplos- se formalizaron desde la sociedad organizada precisamente por no recibir apoyo de fiscalías, secretarías de seguridad y gobiernos, en la demanda de buscar a los desaparecidos, a pesar que es el Estado, representado en las dependencias de prevención, procuración y administración de la justicia, quien tiene las facultades, el presupuesto y las herramientas para iniciar operativos y estrategias de búsqueda de ciudadanos desaparecidos.
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A lo más que han llegado, en el colmo del cinismo gubernamental, es en apoyarles con círculos de seguridad para cuando realizan las búsquedas en zonas alejadas del urbanismo que suelen ser utilizadas por el narco y el crimen organizado para sepultar a aquellos que han desaparecido de la faz de la Tierra. También han llegado a regalarles picos y palas para que hagan sus propias búsquedas, para que desentierren a sus muertos, asesinados, que el Estado olvidó buscar.
Poner en duda la inconformidad de los colectivos de buscadores, porque llegaron en autobús desde otro estado y hasta la Ciudad de México, es validar la duda que muchos mexicanos tienen, cuando la Presidenta y su partido suelen llenar la plancha del Zócalo de la Ciudad de México con seguidores que llegaron en cientos de autobuses de todos los rincones del país. Los acarreados son legítimos cuando el oficialismo se encarga de su traslado y su pago.
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El 11 de junio y los días previos, muchos sectores se manifestaron en la Ciudad de México, transportistas que transitan por inseguras carreteras, agricultores que no ganan lo justo por la venta de sus cosechas y además están vulnerados ante el crimen organizado y el narcotráfico que los extorsiona, les cobra piso o los mata; profesores sindicalizados que aun recuerdan la promesa de la Presidenta Sheinbaum (y del expresidente AMLO) de derogar la Ley del ISSSTE aprobada en 2017, que quieren un salario mayor y no están de acuerdo con la reforma educativa que trajo a este país “la Nueva Escuela Mexicana”, un modelo que le apuesta a la mediocridad y que ha cambiado la historia, la forma de impartir clase y la entrega de plazas para la academia; y los padres, madres y familias de buscadores de desaparecidos que están solos, solos, solos, recuperando cuerpos, huesos, vestimentas y otros artículos que identifican como los usados por los suyos, que fueron violentamente arrancados del seno de sus familias y de la vida misma.
En México hay muchos problemas. Impera la inseguridad, la falta de oportunidades, la violencia, el crimen, el cobro de piso, la desaparición, la extorsión, delitos todos que en los últimos años se cometen con mayor impunidad ante un gobierno que no los quiere ver, que los minimiza y en el mejor de los casos dice que existen, pero que no son una realidad, sino una narrativa sembrada en grupos de la sociedad civil por intereses adversos a los suyos. En México se esconden los problemas en cifras amañadas, en estadísticas manipuladas, pero se viven en la realidad fuera de Palacio Nacional, en los municipios azotados por la violencia, dominados por el narcotráfico y la criminalidad organizada.
“En México no hay problemas; bueno, sí hay, pero los estamos atendiendo”, dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum para minimizar las marchas que, aun en todo el país activas, se concentraron en la Ciudad de México debido al inicio de la Copa del Mundo en aquella entidad, porque en este 2026, la fiebre mundialista mexicana fue la que se minimizó, no sólo por los 14 pírricos partidos de la justa deportiva que se desarrollarán en el país, sino porque, cada vez, los mexicanos tienen menos que celebrar y más que protestar, aunque Morena desde el poder lo ignore.
