La Fiscalía General de la República (FGR) informó el 8 de agosto de 2026 la detención de Guadalupe “N”, identificada como apoderada legal de la empresa Ingemar S.A. de C.V., señalada como pieza de la red de contrabando de hidrocarburos por ferrotanques vinculada al exgobernador de Baja California, Ernesto Guillermo Ruffo Appel, actualmente preso. Con esta aprehensión suman nueve personas detenidas por el caso.
Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Federal y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) cumplimentaron la orden de aprehensión en la colonia Chapultepec Morales, en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, por los delitos de delincuencia organizada y contrabando. La mujer fue puesta a disposición de la autoridad judicial que requirió su captura.
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Según el comunicado 516/26 de la FGR, la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) solicitó y obtuvo el mandamiento judicial tras acciones coordinadas con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, basadas en labores de inteligencia e intercambio de información.
Según la indagatoria, Hernández Hinojosa habría intervenido en operaciones de comercio exterior en las que se declaraban volúmenes de hidrocarburo significativamente inferiores a los realmente transportados. También habría participado en actos jurídicos y comerciales de la empresa, incluida la formalización de contratos vinculados con la distribución de petrolíferos y gestiones ante autoridades aduaneras respecto a mercancías detectadas con irregularidades.
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La FGR identificó a la detenida como firmante autorizada en diversas cuentas bancarias de Ingemar, circunstancia que le habría permitido intervenir en la administración financiera de la compañía, de la que el exmandatario estatal figura como socio.
El caso se desprende de la Estrategia Nacional contra la Extracción Ilegal, Robo y demás Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, en cuyo marco fueron localizados 33 ferrotanques abandonados en inmediaciones del municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, en julio de 2025. Personal de la FGR, en coordinación con la SSPC Federal, la AIC, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Coahuila, con apoyo de la Comisión Nacional de Energía y de Petróleos Mexicanos (PEMEX), realizó la toma de muestras, que determinó presencia positiva de hidrocarburos.
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Al continuar las investigaciones, la Fiscalía reconstruyó el esquema de operación de una red de contrabando de combustible por vías férreas que funcionaba mediante empresas fachada, en las que participaban operadores logísticos, agentes aduanales y esquemas financieros con la probable complicidad de servidores públicos. El combustible ilegal era mezclado con producto legal para dificultar su identificación y distribuirlo en el mercado para su venta.
El trabajo de inteligencia permitió identificar a una probable red de contrabandistas ferroviarios que usaban cargamentos declarados ante las autoridades con volúmenes muy inferiores a lo que transportaban, o que declaraban que se trataba de otros productos para evadir el pago de impuestos.
Los otros detenidos por este caso son Ernesto Guillermo Ruffo Appel, Ricardo Thompson Navarro, Juan Hermilo Chávez Rodríguez, Guillermo de la Peña Rosales, José María de la Peña Ramos, Luis Antonio Barrientos Juárez, Adriana Magali Bárcenas Guillén y José Merino Valdés Cuervo. De las nueve personas aprehendidas, ocho ya fueron vinculadas a proceso.
La FGR precisó que las investigaciones continúan para el combate de toda la estructura criminal y que a la persona mencionada en el comunicado se le presume inocente mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.
