El decreto que reduce de 17 a dos los requisitos de excepción para reservar información, conserva el criterio de “seguridad nacional”, el favorito de los morenistas para desinformar
El artículo 6°, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), ha obligado por décadas a los funcionarios a la máxima publicidad, a difundir proactivamente toda, toda la información que genera cualquier autoridad como resultado del ejercicio de su función y en el uso de fondos del erario, porque se están gastando el dinero del pueblo.
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El rechazo público a la opacidad y al abuso del poder no es nuevo; recordemos aquel junio del 2001, cuando una solicitud de transparencia evidenció los gastos superfluos y excedidos del expresidente Vicente Fox y la que sería su esposa, Martha Sahagún, en toallas importadas de 400 dólares y cortinas a control remoto de 17 mil dólares, entre otros enseres en los que se gastaron 4.5 millones de pesos.
Historias como esa -y peores- hubo muchas antes y después, porque de poco o nada sirven las Leyes si las personas en el poder, designadas o elegidas para cumplirlas y hacerlas respetar, son corruptas; empleados de gobierno que eligen su propio beneficio por encima de sus obligaciones y de la justicia.
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Como lo hizo la oficial mayor del Ayuntamiento de Tijuana, Nelly del Carmen Pabello Vega, y el secretario de Desarrollo Económico, Pedro Alejandro Montejo Peterson, cuando el ayuntamiento que representan favoreció con contratos millonarios, en 2025, a Power and Sinergia S.A. de C.V. (propiedad de la familia Riguero, de Jalisco) y AGEM – Asistencia en Gestión para las Empresas, S.C., empresas con las que los funcionarios mencionados están vinculados empresarial y laboralmente, a pesar de que han vendido acciones y anulado nombramientos a conveniencia para no ser acusados de abuso de poder.
Pareciera que no hay ley que valga para los ladinos sin llene, que viven buscando cómo apoderarse de los recursos públicos. Y se puso peor cuando los gobiernos de Morena decidieron desmantelar la estructura del Instituto Nacional de Transparencia.
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Ante la continuidad de los actos de corrupción, ahora tocó el turno a la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien el pasado 4 de agosto de 2026 anunció y publicó un decreto para fortalecer la transparencia y el derecho de acceso a la información que, en papel, ya está garantizado por el Estado.
En el artículo, primero les tuvo que recordar a sus funcionarios la obligación de “dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia referentes a las contrataciones públicas”, y después agregó lo de “determinar la información adicional que de manera proactiva publicarán los sujetos obligados… en el ámbito de sus respectivas competencias, por ser de interés público”.
Como avance, la actualización de información de los contratos de gobierno, que tenían un plazo de tres meses para su publicación, la redujo a un mes, y cualquier convenio modificatorio debe ser publicado en un período máximo de 15 días.
En cuanto a la información adicional que se va a transparentar, en las contrataciones de obra y servicios, la de PEMEX, CFE y las filiales del gobierno, el decreto refiere estados financieros, operaciones, personal, remuneraciones, actas de asambleas, políticas de operación y contratos adicionales, programas anuales de fiscalización, auditorias y observaciones, estadísticas, padrón de despachos de auditores externos, entre otros.
Sin embargo, este decreto, que se compromete a reducir de 17 a dos los requisitos de excepción para reservar la información, ya tiene un problema porque esas causales serán: los casos bajo proceso judicial (se harán versiones públicas) y seguridad nacional, esta última convertida por los morenistas en el argumento favorito para desinformar.
Cómo olvidar al expresidente Andrés Manuel López Obrador clasificando el controvertido Tren Maya como obra de seguridad nacional, para agilizar los permisos de construcción -particulares habían iniciado litigios por afectaciones- y restringir información de los contratos y costos, que en medio de la opacidad aumentaron de 120 mil millones de pesos a 470 millones de pesos. También por seguridad nacional clasificaron los contratos y los comprobantes de pago de las vacunas del COVID-19.
En Baja California hicieron lo mismo con las obras públicas: puentes y pasadizos subterráneos, construidos por el ejército, que continuamente aumentaron de precio y cambiaban de rumbo, a pesar de que se había pagado proyecto y estudios previos.
Igual, Alejandro Avilés, secretario de Seguridad de Tijuana, se negó a informar el nombre de la empresa que fue favorecida con el contrato de las cámaras corporales de los policías, como si revelarlo pudiera dañar la defensa, la estabilidad o la paz del país. Y como estos, miles de ejemplos en el país.
La promesa es más información y más publicitada; ahora deberán pasar 90 días hábiles para saber cómo Transparencia para el Pueblo arma los criterios técnicos que deberán cumplir los sujetos obligados. Y si encuentran la fórmula y establecen criterios específicos para evitar que las autoridades sigan abusando de la seguridad nacional como criterio de reserva.
Los objetivos puestos en papel por el Gobierno Federal son: “erradicar la corrupción en la vida pública y promover la ética, la honestidad, la integridad y el buen gobierno para fortalecer la confianza en las instituciones” e “implementar un modelo de prevención de la corrupción y fiscalización que combata la impunidad en el servicio público”. Cuestión de esperar para saber hasta dónde están dispuesto a llegar realmente, porque es más fácil decretarlo que cumplirlo.
