A finales del mes de agosto, ZETA solicitó acceso a la información a través de la plataforma Transparencia para el Pueblo, para conocer el contrato plurianual signado entre el Poder Ejecutivo y la empresa c, por el que se pagarán alrededor de dos mil millones de pesos en el gobierno de Marina del Pilar. Sin embargo, ha sido constante la negativa del Gobierno del Estado para transparentar la información de dicho contrato, lo cual, por cierto, es ilegal, especialmente cuando se intenta conocer las condiciones y montos.
El decreto que reduce de 17 a dos los requisitos de excepción para reservar información, conserva el criterio de “seguridad nacional”, el favorito de los morenistas para desinformar
Después de seis meses, Transparencia para el Pueblo sin operar al 100% en Baja California, porque organismos públicos no asumen la responsabilidad. Tribunal Electoral, el más atrasado
La autonomía concedida al INAI fue un avance en transparencia y rendición de cuentas. La Ley General recién abrogada debe ser punto de partida para mejorar