A finales del mes de agosto, ZETA solicitó acceso a la información a través de la plataforma Transparencia para el Pueblo, para conocer el contrato plurianual signado entre el Poder Ejecutivo y la empresa c, por el que se pagarán alrededor de dos mil millones de pesos en el gobierno de Marina del Pilar. Sin embargo, ha sido constante la negativa del Gobierno del Estado para transparentar la información de dicho contrato, lo cual, por cierto, es ilegal, especialmente cuando se intenta conocer las condiciones y montos. Pero la forma en que en esta ocasión negaron el acceso a la información, es interesante. Si bien es cierto que el acuerdo fue aprobado por el Poder Legislativo para que el Ejecutivo firmara el contrato plurianual, en enero del 2025, los mismos diputados aprobaron que todas las funciones inherentes al C5, pasaran de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) a la Fiscalía General del Estado (FGE), como una medida política para darle más poder a la titular, Ma. Elena Andrade. Lo que no vislumbraron es que al pasar el C5 en su totalidad a las funciones de la FGE, entre todos esos documentos también debió incluirse el C5i, por tratarse del contrato más importante pare el funcionamiento de la central de emergencias, dado que la FGE -en teoría- es independiente al Poder Ejecutivo, y, por ende, las responsabilidades de la FGE son exclusivamente de la Fiscalía; pero a pesar de ello, al solicitar el contrato a la institución encargada de la investigación de los delitos, la FGE refiere “notoria incompetencia” y canaliza la respuesta a la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo, lo que demostraría abiertamente que existe subordinación de la Fiscalía al gobierno morenista. Por lo menos deberían cambiarle el nombre a Fiscalía General del Ejecutivo.
Incompetencia de la FGE
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