A finales del mes de agosto, ZETA solicitó acceso a la información a través de la plataforma Transparencia para el Pueblo, para conocer el contrato plurianual signado entre el Poder Ejecutivo y la empresa c, por el que se pagarán alrededor de dos mil millones de pesos en el gobierno de Marina del Pilar. Sin embargo, ha sido constante la negativa del Gobierno del Estado para transparentar la información de dicho contrato, lo cual, por cierto, es ilegal, especialmente cuando se intenta conocer las condiciones y montos.
El gasto corriente mantiene “un peso predominante” dentro de la estructura presupuestal, lo que limita que el recurso destinado a infraestructura crezca significativamente
La iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para prohibir la doble nacionalidad en cargos de alto nivel avanza en San Lázaro, generando intensos debates sobre lealtad patriótica y derechos políticos
Refuerzan la seguridad en el edificio del Gobierno del Estado, colocando protección de metal en las ventanas; mientras que el Ayuntamiento de Mexicali también tomará medidas en el Palacio Municipal para proteger el inmueble.
Otro año cierra sin que Ayuntamiento de Mexicali, o algún otro de BC, impulse el proyecto de Justicia Cívica; ya hacia los seis años desde colocación de la primera piedra
El alcalde Ismael Burgueño presumió que el Gobierno Municipal tiene finanzas sanas y que el acuerdo emitido por la gobernadora para apoyar a Issstecali no tendría afectaciones en las arcas locales.
La bancada del PAN en el Congreso local solicitó que el ex coordinador de Proyectos Estratégicos del Ayuntamiento de Tijuana presente una declaración patrimonial, ya que utilizó recurso público dentro de sus actividades como funcionario honorario.
Las autoridades municipales y estatales colocaron bardas en los accesos del poder ejecutivo y del palacio municipal, esto previo a la manifestación que se llevará a acabo el sábado por la tarde.
Dos manifestaciones se realizaron en el Poder Ejecutivo en Mexicali: la primera exigía justicia por el asesinato de Sunshine, mientras que la segunda pedía la destitución de la fiscal María Elena Andrade Ramírez.
La decisión de hacer obligatorio el cobro del reemplacamiento para vehículos cuya documentación haya sido emitida desde el 2021 o en años anteriores, fue meramente del poder ejecutivo.
