Esta semana el gobierno de Donald Trump le dio varios apretones de soga al de México. En el tema económico y en el tema judicial.
Justo al superar los 60 días de que, de manera formal, el Gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Justicia, solicitara la detención provisional con fines de extradición del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y éste siga libre, impune y sin ser investigado, la administración federal del vecino país dio otro golpe de timón.
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Primero, con el anuncio de que no se refrendaría el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá por 16 años más, como se tenía previsto, sino que, cosa contraria, contribuirán con una revisión anual, de manera particular para ajustar tarifas, aranceles e impuestos.
La Unión Americana de Donald Trump ya ha logrado varias de sus peticiones a México al amenazar, en el pasado inmediato, con el alza en aranceles de no cumplirse sus solicitudes, de manera particular en el tema del combate al narcotráfico y los cárteles de la droga. Tan sólo en esa estira y afloje el gobierno mexicano detuvo, con fines de extradición al no perseguírsele en suelo nacional, a Ovidio Guzmán López, a quien el propio expresidente Andrés Manuel López Obrador había ordenado que liberaran cuando la Policía Federal lo detuvo en Culiacán en el año 2019.
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Con la amenaza de subir los aranceles, la administración de Trump ha conseguido que la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo haya extraditado, con trámite o sin él, a más de 170 criminales que permanecían en prisiones mexicanas, en su mayoría narcotraficantes, integrantes o cabecillas de los distintos cárteles de la droga.
Las presiones de los Estados Unidos sobre México se intensificaron cuando hace unos meses, el Departamento de Justicia presentó el caso del entonces gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve de sus colaboradores en la Corte de Distrito Sur de Nueva York, acusados por narcotráfico, y por quienes solicitaron fuesen detenidos en México para ser extraditados a la Unión Americana.
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Aunque el Gobierno de México no ha respondido de manera satisfactoria en este caso, bajo la presunción de que tanto a Rocha como a sus colaboradores se les investigará en este país, el gobernador con licencia se ha convertido en la principal moneda de cambio para la Unión Americana ante la evidente protección del Gobierno de la República Mexicana. Es decir, no entregan a Rocha, pero entregarán a otros.
Pero como si eso no fuese suficiente, los vecinos del norte dieron otro apretón a la soga, al filtrar al diario Los Angeles Times que a dos gobernadores más, al de Sonora, Alfonso Durazo, y el de Tamaulipas, Américo Villarreal, les había sido revocada la visa de turista para entrar a aquel país, dado que se tenían sospecha de que ambos estuviesen también, como Rocha y colaboradores (o el “Clan Culiacán”, como le denominan), favoreciendo las actividades de cárteles de la droga para el trasiego de estupefacientes a aquel país.
Con la inclusión de Durazo y Villarreal en la lista de gobernadores a quienes se les revoca la visa y se les declara personas non gratas para entrar a territorio estadounidense, ya suman cuatro (pero la lista no se detendrá en esa cifra) los desvisados, si se considera la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y al propio Rocha Moya.
Después vendría un apretón más por parte del Departamento del Tesoro, mediante el anuncio de una nueva lista de personas y empresas ligadas al Cártel Jalisco Nueva Generación, que están contribuyendo no solo con el desarrollo del narcotráfico, sino con el trasiego ilegal de hidrocarburos, el huachicol.
Efectivamente, el 30 de junio de 2026, la Oficina de Control de Activos en el Extranjero, la OFAC del Departamento del Tesoro de la Unión Americana, anunció acciones contra una red de contrabando de combustible ligadas al Cártel Jalisco, que incluyó a dos mexicanos y nueve empresas: Oscar Guillermo Juraidini Silva, señalado como operador financiero del CJNG, y que presumen importa combustible desde Estados Unidos hacia México de manera ilícita, y seis de sus empresas. Además, a Refugio Ruiz Villagomez y sus empresas, también por introducir hidrocarburos de forma ilegal de la Unión Americana a México.
Lo más grave es que entre las acusaciones del Gobierno de los Estados Unidos hacia estas personas y sus empresas, se encuentra que el dinero ilícito logrado por tales hechos delincuenciales es utilizado no sólo para financiar el tráfico de drogas y el crecimiento de los cárteles, sino para invertir en la corrupción en México y aportar para las campañas políticas.
Del dinero del narco y el crimen organizado en las campañas políticas ya había hecho referencia el Gobierno de los Estados Unidos en la indagatoria judicial de Rocha Moya, a quien acusan de pactar con el ala de los Chapitos del Cártel de Sinaloa, precisamente para asegurar su triunfo en la elección al gobierno de Sinaloa en el 2021.
Para rematar con la presión a México, y ponerlo contra las cuerdas en materia de cooperación binacional en temas de combate a los cárteles, a los cuales Estados Unidos les dio la clasificación de organizaciones terroristas en enero de 2025, los apretones de soga se intensificaron con la negativa a ampliar el tratado comercial entre los tres países de América del Norte; y aunque esto ha sido tomado con optimismo por México y Canadá -que tendrá otras condiciones-, al asegurar que una revisión anual es igualmente satisfactoria, la realidad es que únicamente le crea un escenario de negociación anual, al menos por los siguientes tres años, a Donald Trump, para solicitar lo que le convenga a Estados Unidos, mientras que México tendrá que ver la forma de compensar la incertidumbre que esta realidad le causará al país ante los inversionistas.
