Cuando hablaban de René Arzate, la Rana, un temible señalado miembro del Cártel de Sinaloa con operaciones ilícitas en Baja California, la pregunta fue muy clara a la fiscal del Estado, Elena Andrade: “¿Pero sí está confirmada su detención?”, y ella respondió rápidamente: “No tengo un documento, pero sí tenemos la información extraoficial”.
Los Arzate García, Alfonso y René, son de los personajes del mundo criminal más buscados; al menos el Buró de Investigaciones de los Estados Unidos (FBI, de acuerdo a sus siglas en inglés) ofrece una recompensa de cinco millones de dólares por información que lleve a la captura de cada uno de ellos.
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Aun cuando en Baja California la fiscal -cada que puede- intenta pasar los temas relacionados con el narcotráfico a las autoridades federales, pese a que está en su facultad también perseguirlos, dados los asesinatos que cometen las personas ligadas al narcotráfico en cualquiera de los cárteles que por acá delinquen, sea el de Jalisco, el de Sinaloa en sus facciones de la Mayiza y los Chapitos, o el de los Arellano, la realidad es que Andrade no los está buscando, ni les está integrando expedientes para, en dado caso que le caigan del cielo, tener órdenes de aprehensión.
El desconocimiento de lo que sucede en la criminalidad en Baja California por parte de la fiscal, llegó a un punto grave esta semana, cuando tranquilamente confirmó que René Arzate, la Rana, había sido detenido. La información proporcionada por la autoridad resultó falsa.
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En su ignorancia, habló de tener “toda la información” al respecto, y algunos de los periodistas que estuvieron presentes en su conferencia de prensa tomaron su declaración como válida. Además, ¿cómo no hacerlo? Ella representa a la autoridad procuradora de justicia en el Estado de Baja California, participa de las reuniones de la mesa de seguridad, es persona de confianza de la gobernadora Marina Ávila, y se supone que tiene coordinación con las Fuerzas Federales, sea Ejército, Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad o Fiscalía General de la República. Pero no, la fiscal Andrade cometió una pifia.
Una vez que la información de la “captura de la Rana” comenzó a circular en redes sociales, la FGE tuvo que emitir un comunicado para precisar que no era verdad, pero no asumiendo la responsabilidad de la fiscal por proporcionar información falsa, sino a una “interpretación”.
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El texto de la fiscalía para deslindar a la titular de la misma de su propia pifia decía: “En relación con la información difundida durante la conferencia de prensa realizada en instalaciones de la Fiscalía General del Estado, Zona Tijuana, se precisa que durante la intervención de la titular donde se encontraba respondiendo un cuestionamiento sobre el caso de René Arzate García, alias ‘La Rana’”.
“Al cierre de su participación, una de las declaraciones pudo interpretarse como una referencia a una presunta detención; sin embargo, dicha información no se encuentra confirmada. Asimismo, se aclara que este asunto corresponde al ámbito de competencia y jurisdicción federal.
“Ofrecemos esta precisión con el fin de evitar interpretaciones incorrectas y mantener el rigor informativo”.
La realidad es que no tener nada de rigor y proporcionar información falsa no le ha resultado en ninguna consecuencia a la fiscal Elena Andrade; ni ella solicitó una réplica de manera directa, ni le fue llamada la atención, ni la retiraron del cargo por el error, ni se le ha conminado a realizar su trabajo, documentar los crímenes que estos líderes de célula del Cártel de Sinaloa realizan en la entidad, ni nada. Andrade permanece impune de su desaguisado que evidencia no sólo su ignorancia en el tema más lacerante para Baja California, como es la persecución de los criminales generadores de la violencia en la entidad, sino también la descoordinación que tiene con las autoridades federales, pues a saber habrían sido éstas y no la institución que encabeza las que “capturaron” a Arzate García.
Lo grave es que al falsear información le resta credibilidad a la institución más importante en el ámbito local en materia de procuración de justicia; es decir, la presunción de que si lo declara la fiscal es verdad, porque cumple con su trabajo, porque se coordina o porque sabe lo que está haciendo, no es más una realidad, y los ciudadanos y los reporteros deberán confirmar con otras fuentes los dichos de la fiscal, asumiendo que podrían no ser veraces.
En los casi tres años que lleva al frente de la FGE, Elena Andrade no ha tenido resultados de valía en materia de la inseguridad y violencia que se vive en Baja California; la corporación que está en su fuero no ha tenido capturas de relevancia que abonen a generar un clima de mayor seguridad para los bajacalifornianos, pero sí varios de sus colaboradores o agentes han sido señalados de actividades irregulares, sea en complicidad con miembros del narcotráfico y la criminalidad organizada, o en colaboración con células de cárteles para atacar a contrarios o hurtar cargamentos.
Aunque a la gobernadora Marina Ávila le queda poco más de un año de administración, los cambios en la recta final de su gobierno deberían ser una realidad, al menos para cerrar con fuerza lo que en materia de procuración de justicia no se ha hecho. Baja California sigue siendo uno de los estados más violentos del país, con impunidad y señalada corrupción en el sector policíaco y de justicia, con un promedio mensual de arriba de 130 asesinatos, extorsiones, cobros de piso, violaciones, abusos de menores, y las desapariciones, que se cuentan por miles en Baja California, y que han generado casos de horror como los menores desaparecidos, asesinados y enterrados en Tecate en las últimas semanas con suma impunidad.
La pifia de Andrade es producto de la inacción de su parte para generar un clima de seguridad, justicia y atención a las víctimas, y de su falta de coordinación con las autoridades federales para confirmar primero, antes de declarar falsedades que, luego dice, son cuestión de “interpretación”. A ver qué hace la gobernadora al respecto, porque ya hace falta un cambio de dirección en esa materia y poco tiempo le queda a Marina Ávila para refrendar que su compromiso con Baja California es por la seguridad.
