La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) advirtió el 5 de agosto de 2026 a los funcionarios mexicanos que otorgan protección al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y a otras organizaciones del narcotráfico que serán perseguidos hasta ser localizados, sin que su cargo o sus vínculos políticos los resguarden.
Terrance Cole, titular de la DEA, formuló el señalamiento durante una conferencia de prensa realizada en la sede del Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ, por sus siglas en inglés), convocada para anunciar nuevos cargos criminales contra diversos integrantes del CJNG en distintas cortes federales estadounidenses.
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“Permítanme ser claro: si trafican con drogas letales, si lucran con el sufrimiento ajeno o utilizan cargos públicos para proteger a los cárteles, esta es su advertencia: la DEA va a por ustedes. Ningún título, cargo ni conexión política los protegerá”, expresó el funcionario estadounidense.
Cole extendió de manera explícita la advertencia a integrantes del Gobierno mexicano. “Esto incluye a miembros del Gobierno mexicano que protegen a los líderes del CJNG de ser entregados a la justicia y que facilitan el narcotráfico, el lavado de dinero y la violencia. Las acciones del CJNG han provocado la muerte de miles de estadounidenses”, sostuvo el titular de la agencia antidrogas.
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El mismo día, el Departamento de Estado de EE.UU. (DOS, por sus siglas en inglés) anunció, a través de su Buró de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, recompensas por hasta 102 millones de dólares por información que conduzca al arresto o condena, en cualquier país, de ocho líderes y asociados del CJNG. Las ofertas se emitieron en coordinación con el DOJ, la DEA, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) y el Centro Nacional de Coordinación.
La mayor de las recompensas asciende a 25 millones de dólares por Juan Carlos Valencia González, alias “Pelón”, nuevo líder del cártel tras la muerte de su padrastro, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, fundador de la organización. El monto aumentó desde los 5 millones previos. Las demás ofertas comprenden hasta 15 millones de dólares por Audias Flores Silva, alias “Jardinero”; hasta 15 millones cada uno por Gonzalo Mendoza Gaytán, alias “Sapo”, y Julio Alberto Castillo Rodríguez, alias “Chorro”, yerno de Oseguera Cervantes; hasta 10 millones cada uno por Ricardo Ruiz Velasco, alias “Tripa”, Julio César Montero Pinzón, alias “El Tarjetas”, y Carlos Andrés Rivera Varela, alias “La Firma”; y hasta 2 millones por Griselda Margarita Arredondo Pinzón.
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El DOS impuso además restricciones de visa a 65 personas que son familiares o socios personales o de negocios cercanos de individuos vinculados al CJNG y sancionados bajo la Orden Ejecutiva 14059, que impone medidas contra personas extranjeras involucradas en el comercio ilícito global de drogas. De ese total, 26 contaban con visas vigentes, las cuales fueron revocadas. Desde que la política de restricción se anunció en junio de 2025, suman 93 visas canceladas a familiares y asociados de narcotraficantes sancionados ligados a organizaciones designadas como terroristas extranjeras.
Las recompensas complementan la desclasificación, por parte del DOJ, de los cargos formulados contra Mendoza Gaytán, Castillo Rodríguez, Ruiz Velasco, Montero Pinzón y Rivera Varela. El Gobierno de Estados Unidos designó al CJNG como Organización Terrorista Extranjera (FTO, por sus siglas en inglés) y Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT, por sus siglas en inglés) el 20 de febrero de 2025.
Las ofertas se autorizaron bajo el Programa de Recompensas por Narcóticos (NRP, por sus siglas en inglés) y el Programa de Recompensas contra el Crimen Organizado Transnacional (TOCRP, por sus siglas en inglés). Según el DOS, el NRP fue establecido en 1986 y cumple 40 años en 2026; junto con el TOCRP ha llevado ante la justicia a más de 90 criminales transnacionales y grandes narcotraficantes, con pagos superiores a 200 millones de dólares por datos que derivaron en aprehensiones y otros resultados calificados.
La advertencia de Cole se inscribe en una línea sostenida de señalamientos del funcionario respecto a la colusión de autoridades mexicanas con el narcotráfico. El 13 de julio de 2026, durante una cumbre contra las adicciones celebrada en Orlando, Florida, el titular de la DEA afirmó que existía una “mortífera conexión” entre las redes de los cárteles y el Gobierno mexicano, declaración que el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México calificó de carente de sustento y que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó al conminarlo a investigar el mercado de drogas dentro de territorio estadounidense.
Esos pronunciamientos ocurrieron después de que la agencia estadounidense anunciara cargos criminales contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, emanado de Morena, y otros nueve funcionarios, episodio que tensó la relación bilateral en materia de seguridad. Ante el Capitolio, Cole había advertido desde mayo de 2026 que esas acusaciones eran apenas el comienzo de una ofensiva contra políticos mexicanos presuntamente coludidos con organizaciones criminales.
