Nunca en la historia de la FGR en Baja California habían trasladado a un detenido con público en la acera para ser exhibido. No lo hicieron con Mario Aburto, a quien ocultaron; como tampoco con Jesús Labra, el financiero de los hermanos Arellano Félix; ni con ningún otro narcotraficante, asesino, secuestrador o criminal de altos vuelos, como lo hicieron con Ruffo.
Ernestina Godoy, fiscal general de la República, está lejos de ser autónoma como en el papel lo es la institución que encabeza. Es fundadora de Morena, ha trabajado con los gobiernos de Morena, y reacciona a los deseos de Morena incrustados en Palacio Nacional y concretados por un Poder Judicial que, bueno, también es de Morena.
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En medio del escarnio y el señalamiento público en México contra, por lo menos, cuatro gobernadores emanados de Morena, a quienes no se les indaga ni se les toca ni con la hoja de una carpeta de investigación, en tres semanas ya ha detenido a dos exgobernadores emanados de la oposición, al tiempo que cubre con un manto de impunidad a los suyos.
Mientras en los Estados Unidos han judicializado un caso por narcotráfico, entre otros delitos graves aquí y allá, contra el gobernador ahora con licencia, Rubén Rocha Moya, y nueve de sus colaboradores, grupo al que la investigación en la Corte de Distrito Sur de Nueva York llama el Clan de Culiacán, en México se le protege tanto al mandatario morenista de Sinaloa como a sus señalados compinches.
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Rocha Moya dicen que fue a declarar ante la FGE, pero se le protegió para que nadie lo viera ni entrar ni salir de las oficinas, contrario al primer exgobernador detenido por la morenista Godoy, Ernesto Ruffo Appel, aprehendido en Ensenada, Baja California, donde no se escondía de nadie, y trasladado en un -ahora sí- muy aparatoso operativo federal hasta las oficinas de la FGE en Tijuana, donde no lo introdujeron por el sótano o con medidas de seguridad y protección, como han hecho con narcotraficantes detenidos por acá, como Pablo Edwin Huerta Nuño (a quien ocultaron de la prensa), sino que al ex mandatario panista lo sacaron de la unidad frente a todos los representantes de los medios de comunicación, para que le fotografiaran esposado, sometido por policías federales que sujetaron su cabeza como si el hombre de 72 años fuese a atentar contra sus vidas.
Nunca en la historia de la FGR en Baja California habían trasladado a un detenido con público en la acera para ser exhibido. No lo hicieron con Mario Aburto, a quien ocultaron; como tampoco con Jesús Labra, el financiero de los hermanos Arellano Félix; ni con ningún otro narcotraficante, asesino, secuestrador o criminal de altos vuelos, como lo hicieron con Ruffo.
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Justo cuando la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda era exhibida a través de audios publicados por el periodista Héctor de Mauleón, en los que se le escucha negociar acuerdos con representantes de agencias de los Estados Unidos para proporcionales información a cambio que le regresen su visa de turista para ingresar a la Unión Americana (de hecho en uno de los audios dijo que ya había cruzado, sin visa, a sostener una plática), justo en ese contexto, vino la morenista fiscal Ernestina Godoy y detuvo al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, por presuntamente encabezar una millonaria red de huachicol fiscal.
Ruffo es emblemático porque fue el primer gobernador de oposición en el país, cuando en 1989 derrocó al PRI en Baja California, que para entonces gobernaba todos los estados de México y la Presidencia de la República, menos el estado 29. Ya estaba en el destino de Ruffo ser parteaguas; lo fue de la transición política en el país, y lo es como primer preso de partido opositor del morenismo.
Por supuesto que los audios de la gobernadora no se olvidaron con la detención de Ruffo. Sí salieron momentáneamente de las primeras planas, pero su imagen ha continuado en la esfera pública, por los audios, por la revocación de su visa; por los señalamientos contra su exmarido, Carlos Torres Torres, por presunto huachicol fiscal y ligas, también presuntamente, con la célula de los Rusos; y, por supuesto, por su pleito público, sonoro y notorio contra el ex gobernador, también de Morena, Jaime Bonilla Valdez, quien la acusó a ella de ejercer un narcogobierno, y ella a él de tenderle una trampa y armarle una “emboscada psicológica”.
La aprehensión de Ruffo, catalogado por la oposición mexicana como preso político, no fue suficiente cortina de humo para olvidar los casos de Rocha, de Marina del Pilar, y de los también desvisados gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, y de Tamaulipas, Américo Villarreal. Morena sigue en el ojo del huracán público frente a las elecciones del 2027… y ahora, la fiscal morenista detuvo a otro ex gobernador.
El 6 de agosto aprehendieron al exgobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, acusado, en “un nuevo modelo de investigación sobre el caso Ayotzinapa”, de haber destruido evidencia que revelaba la ubicación del paradero de los estudiantes de la Normal que fueron privados de su libertad, y que hasta la fecha se desconoce su ubicación.
Ángel N, como lo identificó la FGR, fue priista hasta el 2010, para el siguiente año ser candidato del Pardito de la Revolución Democrática a gobernador de Guerrero, cargo que ganó en las urnas, pero al cual renunció en 2014, precisamente por las presiones de la desaparición de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero.
Y después de 12 años, Ángel Aguirre se convierte, en la era del morenismo en México, en el segundo exgobernador de la oposición en ser aprehendido, exhibido, y encarcelado, aunque apenas iniciarán sus audiencias. En ambos casos, el de Ruffo y el de Aguirre, fueron jueces del bienestar, como les llaman, dado que llegaron al Poder Judicial por la elección que propuso, promovió, y el morenismo, en el Poder Legislativo y en las Entidades Federativas, aprobaron a la Presidencia de la República.
Ruffo fue el parteaguas, Aguirre le sigue, y probablemente, conforme se acerquen las elecciones del 2027, caigan más exgobernadores, o exfuncionarios de la oposición, al tiempo que los mexicanos serán testigos de la protección y la impunidad que se le otorga a los gobernantes y políticos de Morena, hagan lo que hagan.
