Pese a que en Baja California ha habido gobiernos muy ligados a la corrupción, y para ejemplos ahí están el último del PRI, encabezado en 1988 por Xicoténcatl Leyva Mortera, o el último del PAN, que dirigió Francisco Vega de Lamadrid, o el primero de Morena, el de Jaime Bonilla Valdez con los moches al inicio de su administración, y los contratos por los que hoy es citado a juzgados, ninguno había estado tan en el ojo del huracán como el de Marina del Pilar Ávila Olmeda… pero el que terminó siendo detenido, el primer exgobernador de Baja California en ser aprehendido, fue Ernesto Ruffo Appel, el primer mandatario de oposición en el país, cuando en 1989 ganó la elección estatal.
El clima está muy enrarecido: la gobernadora Marina del Pilar tiene ya más de un año de estar en la nota nacional e internacional, y no precisamente por sus buenos resultados, pero sí por la sospecha que recae sobre ella desde aquel mayo de 2025, cuando hizo público que el Gobierno de los Estados Unidos le revocó la visa de turista para adentrarse en su territorio. Entonces, ella se convirtió en la primera gobernante en funciones en la historia de México en ser desprovista del documento de cruce fronterizo por el gobierno del vecino país.
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Desde entonces, sus esfuerzos por recuperar la compostura política han sido muchos, pero infructuosos. Quien por entonces era su esposo, Carlos Torres Torres, y su hermano -y por tanto cuñado de la mandataria- Luis Torres Torres, fueron mencionados por un testigo del mega decomiso de ocho millones de litros de combustible ilícito, huachicol, en el puerto de Ensenada, como parte del engranaje que funcionó para que, en el compartimiento de carga de un buque, el combustible fuese internado a México de forma ilegal.
La mecánica, relató el testigo cuyo testimonio consta en un expediente que exprofeso apertura la FEMDO, Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, era que los hermanos Torres, dado su conocimiento del régimen aduanal, debido al paso por la Administración de la Aduana de Tijuana de Luis Torres en tiempos del gobierno de Felipe Calderón, y la capacidad y el poder político de Carlos Torres al ser el esposo de la gobernadora de Baja California, tenían influencias para desviar la atención del combustible en los buques cargueros. Lo que sucedía es que registraban una carga distinta a la real, una que sí estuviese permitida su importación y que además tuviese tasas bajas. Quien revisaba la carga se hacía de la vista gorda y registraba lo que le indicaban.
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Una vez internado en el país, de manera ilegal, el combustible era trasladado en pipas a un terreno cercano al puerto aduanal de Ensenada, a la vista de todos, y en el cual se habían habilitado contenedores para almacenar el hidrocarburo. El predio está a nombre de Gerardo Novelo, exsenador de Morena y hermano de un exalcalde de Ensenada, emanado del PRI, pero ya enquistado en el hoy partido oficial.
Tal relato quedó en la investigación de la FEMDO, sin embargo, no ha habido avances y se ha mantenido en secrecía.
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Tres meses después, en julio de 2025, otro mega decomiso de huachicol fue realizado en Chihuahua: 15 millones de litros de combustible, casi el doble de lo incautado en Ensenada. En la investigación, fueron identificadas cuatro empresas utilizadas para la tramitología de importación del combustible al país, una de ellas Ingemar, donde el ex gobernador panista de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, era el principal accionista.
Por supuesto que la investigación del decomiso de huachicol de julio de 2025, donde se inmiscuía al panista, avanzó más rápido que la del huachicol de marzo de 2025, donde se relacionó a tres morenistas, el exsenador, el exesposo de la gobernadora y el cuñado de esta. Expeditos anduvieron y Ruffo Appel, al conocer de las implicaciones de su empresa y su nombre, ofreció colaborar con la FGR, y declaró públicamente que su empresa tenía un permiso legal para importación, de hecho entregado por el gobierno ya en manos de Morena, en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador; a grandes rasgos, dijo que ellos se encargaban de tramitar vía papel las importaciones y que nada tenían que ver con el huachicol.
Pero en la FGR de Morena, el caso político avanza más rápido que el criminal, y mientras Ruffo ofreció cooperación, acudió a declarar, no tramitó amparo (lo que sí hizo Novelo, al tiempo que los Torres han permanecido ocultos desde el retiro de visa), el detenido fue el ex gobernador panista. Ahora enfrentará un proceso en el que se solicitó su orden de aprehensión por delincuencia organizada y huachicol, ambos delitos graves.
La cuestión, lo que genera más sospecha sobre la imparcialidad de la justicia en México (ya le tocará a Ruffo y a sus abogados defenderse), es que la detención se da en el momento más álgido para los gobiernos de Morena en Baja California, cuando la gobernadora Marina del Pilar ha sido evidenciada, a partir de por lo menos tres audios de conversaciones que ella sostuvo con autoridades de los Estados Unidos, y dadas a conocer por el periodista Héctor De Mauleón, de cooperar con el gobierno extranjero, para evitar, de acuerdo a lo que se percibe en los audios, cargos en su contra, una solicitud de extradición (como la de Rubén Rocha Moya), y, por otro lado, recuperar o que le sea entregada de nueva cuenta, la visa de turista que le fue revocada en mayo de 2025 (entre el decomiso de Ensenada y el de Coahuila).
En su última justificación y defensa, al conocerse el segundo audio, la gobernadora de Baja California reveló que había caído en una trampa; que quien les había acercado a los intermediarios para que acordaran con ella, y a quienes ella estaba dispuesta a darles información y lo que le pidieran, se los había enviado Jaime Bonilla, el exgobernador de Baja California, ambos en el poder representaron al mismo partido. Bonilla agarró un segundo aire, y ha concedido entrevistas para reiterar lo que dijo en la Tribuna y cuando era senador de la República: que la gobernadora tiene ligas con el narcotráfico. Por supuesto, ha negado que él haya intervenido.
A la publicación de un tercer audio, que confirma aún más la disponibilidad de la gobernadora Marina del Pilar a cooperar, por su visa, con las autoridades de los Estados Unidos, el interlocutor menciona a tres, Departamento de Justicia y Departamento de Seguridad del Interior de los Estados Unidos, y las cuales habrían aprobado una reunión del FBI con la mandataria bajacaliforniana, para que les proveyera información, a lo que ella habría accedido… y ese era el tema en la conversación nacional el jueves 16 de julio de 2026, cuando la FGR anunció: “Como resultado de una investigación de alta complejidad relacionada con grandes operaciones de contrabando de combustible, realizadas por una empresa fundada por un exgobernador de Baja California, la #FGR solicitó y obtuvo una orden de aprehensión por la posible comisión de los delitos de delincuencia organizada y contrabando en contra de Ernesto ‘N’, la cual fue cumplimentada esta tarde en Ensenada, Baja California, por elementos de la @SSPCMexico. En breve, brindaremos mayor información”. El texto lo acompañó con una imagen del ex mandatario panista con los ojos cubiertos, su nombre seguido de “N”, aunque en el mismo ya lo habían identificado como “exgobernador de Baja California”.
Mientras corresponde al equipo legal del ensenadense enfrentar el proceso por el cual fue detenido, cabe preguntar si la justicia también alcanzará a otros mencionados en el caso del huachicol en Ensenada, o si la aprehensión fue sólo para quitarle la marca a la gobernadora Marina del Pilar Ávila por su cooperación con Estados Unidos, algo catalogado en el morenismo nacional como intolerable y como traición a la patria. Cuestión de ver lo que sucederá en los siguientes días y ver si la justicia en tiempos de Morena en México, es selectiva, y sólo una herramienta política. De ser así, qué grave.
