El gremio en Tijuana, Mexicali y Ensenada espera que no desvíe la atención de otros asuntos de interés público, en alusión a los audios en los que se escucha a la gobernadora Marina Ávila Olmeda ofrecer información a autoridades estadounidenses a cambio de recuperar su visa y/o presuntamente evitar cargos judiciales
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Tijuana, Mexicali y Ensenada ve en el caso judicial contra el exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel y el empresario Ricardo Thompson Navarro una aplicación “discrecional” de la Ley, para crear “cortinas de humo” ante otros temas que preocupan al país.
“Lamentamos coincidir con la percepción ciudadana de que la aplicación de la Ley de hace de manera discrecional de acuerdo, más a criterios políticos para crear cortinas de humo ante otros temas que preocupan al país”, indicaron.
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Así mismo, se pronunciaron porque el proceso judicial contra Ruffo Appel y Thompson Navarro por huachicol fiscal se conduzca con “absoluta objetividad”, respetando la presunción de inocencia y garantizando que cualquier determinación se sustente exclusivamente en los hechos, las pruebas y el marco aplicable.
“La Coparmex espera que este caso no tenga el efecto de desviar la atención de otros asuntos de interés público que también demandan claridad, transparencia y rendición de cuentas, particularmente aquellos relacionados con señalamientos que han sido formulados públicamente respecto a altos funcionarios del Gobierno del Estado de Baja California”, indicó el sindicato patronal en Tijuana, Mexicali y Ensenada.
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Ello, en alusión a los audios difundidos por el periodista Héctor de Mauléon en los que se escucha a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda ofrecer información de las mesas de seguridad a autoridades estadounidenses a cambio de recuperar su visa y/o presuntamente evitar cargos judiciales.
Los centros empresariales -encabezados por Elisa Ibáñez, Ernesto García Manjárrez y José Alfredo Salazar, respectivamente- expresaron su “preocupación” porque otros asuntos que involucran a actores políticos en temas relacionados con la delincuencia organizada, señalamientos puntuales de otros países con el crimen organizado y asuntos relacionados con lavado de dinero y huachicol fiscal no forman parte de las políticas de legalidad del gobierno federal.
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“Exigimos que la Ley se aplique por igual a todos los involucrados en los delitos de ‘´huchicol fiscal’ algunos de ellos en ejercicio de encargos públicos”, expresaron en alusión al gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, quien está acusado en un Corte Federal de Estados Unidos de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa, entre otros personajes ligados al partido oficial Morena.
“La justicia debe ser imparcial, transparente y pareja para todos”, reiteraron y urgieron a la Fiscalía General de la República que dirige Ernestina Godoy a actuar en el marco de su autonomía y deslinde responsabilidades en pleno apego al Estado de derecho, “con pruebas contundentes” que no dejen lugar a dudas de su actuación imparcial e institucional.
“La Coparmex no aboga por nadie de manera oficiosa, simplemente exigimos la aplicación de la Ley con bases jurídicamente sólidas, sin sesgos políticos, sin consignas, de manera imparcial y con plena justicia”, añadieron en un comunicado, difundido este 17 de julio de 2026.
