Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California, presentó el 27 de julio de 2026 una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado de Baja California contra quien o quienes resulten responsables de la difusión de los audios en los que se le escucha hablar de su visa estadounidense con supuestos intermediarios del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) de EE.UU., y acusó a su antecesor, el exgobernador Jaime Bonilla Valdez, de tenderle una “emboscada psicológica” al enviarle a un supuesto asesor que grabó las conversaciones haciéndole creer que le ayudaría a recuperar el documento.
Según el escrito recibido el 27 de julio de 2026 en la Fiscalía Regional de Mexicali, la mandataria estatal compareció en su carácter de víctima y en su calidad de gobernadora constitucional, y señaló que los hechos podrían ser constitutivos de los delitos de ultrajes a la autoridad, usurpación de funciones públicas y violencia política contra las mujeres en razón de género, previstos en el Código Penal para el Estado de Baja California, además de los que resulten de la investigación, cometidos en su agravio y en perjuicio de la administración pública y de la confianza en las instituciones.
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En entrevista con el diario El País, publicada el 29 de julio de 2026, Ávila Olmeda explicó que no puede revelar la identidad del asesor que le envió Bonilla Valdez precisamente por la presentación de la denuncia, la cual se dirige a los delitos que la autoridad determine, pues sostuvo que buscaron intimidarla y que fue violentada al encontrarse sola, sin abogado ni persona alguna que le explicara los planteamientos que le hacían en ese momento.
“Él empieza a plantearme escenarios que no había escuchado antes: cargos, sanciones, habló incluso de extradición, de cartas. Lo sentí como una emboscada psicológica. Fue una emboscada. Le dije: ‘¿De qué me estás hablando? No había escuchado nada de esto'”, relató la gobernadora respecto a la reunión con el enviado del exmandatario estatal, ocurrida a mediados de diciembre de 2025. “Cuando comenzaron a hablar de investigaciones y de una posible extradición, pensé en mis hijos, porque nunca antes me habían planteado algo semejante”, añadió.
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La mandataria bajacaliforniana explicó que aceptó la ayuda de Bonilla Valdez tras una reunión celebrada en el verano de 2025, pese a la enemistad que ambos arrastran desde 2022 por la cancelación de un contrato de 40 mil millones de pesos con la empresa Next Energy para construir una planta fotovoltaica sin permisos federales. “Acepté su ayuda de buena fe”, dijo, y argumentó que confió en el exgobernador porque “es ciudadano americano, vive en San Diego, participa en política, milita en un partido en Estados Unidos”. Reconoció, no obstante, que recibir al enviado fue un error: “Fue una trampa”.
“En una de las llamadas que él me hace, hablaban de Panamá. A Panamá no he ido ni de vacaciones. Los planteamientos que se hacen en los audios nunca se llevaron a cabo. Nunca buscaron a las personas que me asesoraron. Hoy sé que fue una trampa. Tan claro está, que me grabaron, que indujeron la conversación, que trataron de acorralarme”, manifestó Ávila Olmeda, quien afirmó que respondió a la intimidación pidiendo que el tema se tratara por “canales formales, con un asesor”.
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Respecto al pasaje de los audios donde se le escucha ofrecer información de las mesas de seguridad, la gobernadora argumentó que se trata de datos que se comparten dentro del marco legal en mesas binacionales, como incidencia delictiva, delitos del fuero común, robos y homicidios, y sostuvo que ese ofrecimiento no se liga al tema de la visa, sino que las grabaciones se hicieron con el propósito de difundir fragmentos descontextualizados.
Cuestionada sobre si la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo o Omar Hamid García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Federal, conocían el asesoramiento que recibía, la mandataria estatal respondió que “ellos sabían que estaba haciendo las gestiones para tramitar la visa”, pero no que contaba con asesoría externa. Añadió que desconoce si existen más audios por difundirse y si hay alguna investigación en su contra, aunque aseguró que continúa la coordinación con las autoridades de EE.UU.
El escándalo estalló el 22 de junio de 2026, cuando el columnista Héctor de Mauleón difundió en el diario El Universal una primera grabación en la que la gobernadora gestionaba un acercamiento con autoridades estadounidenses, y escaló el 13 de julio del mismo año con un segundo audio en el que, ante el temor de una orden de extradición, afirmó: “Yo puedo decir lo que he escuchado en las mesas de seguridad”, lo que llevó al Partido Acción Nacional (PAN) a exigir su separación del cargo. El origen del conflicto se remonta a mayo de 2025, cuando el Gobierno de EE.UU. revocó las visas de la gobernadora y de su entonces esposo, Carlos Torres Torres, quien enfrenta una carpeta de investigación en la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos vínculos con el cártel de Los Rusos, facción del Cártel de Sinaloa.
Ávila Olmeda descartó separarse de la gubernatura: “Yo tengo mi conciencia tranquila y la frente en alto”, expresó, y aseguró que no ha dejado de trabajar un solo día. Indicó que el estatus de su visa se encuentra en “proceso administrativo”, que desconoce el motivo de la cancelación y que, en caso de recuperar el documento, sí viajaría a EE.UU. Defendió además que Morena llegará fuerte y unido a las elecciones de 2027, con resultados en reducción de delitos, obra pública y disminución de la pobreza en Baja California.
