Tecate es un municipio de Baja California que apenas supera los 100 mil habitantes. Pueblo Mágico, decretado por la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal, en los últimos meses ha perturbado a sus habitantes el estruendo sónico de las balas que salen zumbando de armas cortas y largas en cualquier parte de la pequeña ciudad.
Enclavado entre cerros, donde destaca el Cuchumá, y con una zona agreste de colindancia con los Estados Unidos, Tecate es un territorio preferido por criminales para asentarse y desde ahí desarrollar sus ilícitos negocios, predominando al son de balas, amenazas, muertos, desaparecidos y sobornos. Lo mismo se trata de trasiego de droga a cargo del Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Sinaloa o lo que queda de los Arellano, que de tráfico de personas, abuso de migrantes, robo en carreteras, cobro de piso, extorsión, secuestro, desaparición de personas, incendios.
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El municipio de Tecate está tomado, controlado y dominado por los cárteles de la droga. De manera particular por quienes en esa demarcación representan en pequeñas, pero impunes células, al Cártel de Sinaloa y al de Jalisco, y que de manera itinerante han integrado cualquiera de las dos mafias y accionan en consecuencia: asesinando a quienes traicionaron o matando a los traidores.
Pero en medio de esa narcoguerra que de manera sostenida han protagonizado desde hace por lo menos dos años, intensificándose los últimos seis, están los ciudadanos de bien, las mujeres, los hombres, las familias enteras que ven correr la sangre al son de las balas que también les tocan de manera directa. Como el caso de abril reciente, cuando tres niños fueron reportados como desaparecidos.
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Aun en la adolescencia, pero como muchos menores en este país, los tres mozos se aventuraron a buscar trabajo, sea para ayudarse en su economía o en la de sus familias. Respondieron a un anuncio de oferta laboral que seguramente satisfacía su necesidad, ante su limitada capacidad para cumplir con requisitos legales. Los menores fueron presa, como sucedió en Jalisco y fue evidenciado con el caso del Rancho Izaguirre (un centro de reclutamiento forzado, adiestramiento y exterminio del Cártel Jalisco Nueva Generación), de los reclutadores de los cárteles.
Un hombre de 40 años, César Iván, el 60, miembro del Cártel Jalisco Nueva Generación, relató cómo fue que se convocó a los tres menores para reclutarlos a la actividad de la mafia basada en Jalisco, y cuando los niños no aceptaron, simplemente decidieron matarlos y enterrarlos en una fosa. El crimen que sumió a tres familias en el luto, la tristeza y la desolación, que coartó a los adolescentes de una vida plena, aún no es resuelto del todo por la fiscalía general del Estado. De tres participantes en el aberrante asesinato de los niños, sólo el 60 está detenido, y fue quien confesó los hechos y el lugar donde ilegalmente inhumaron a los tres adolescentes.
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Hace unos días, el sábado 4 de julio, hombres avituallados con armas largas llegaron hasta una taquería y abrieron fuego. Ahí mismo asesinaron a Elvia, quien era cajera de la taquería Mis Tíos. También a Juan Antonio, un joven de 18 años que estaba en lo que era —y fue— su primer y único día de trabajo. Las balas alcanzaron también a un comensal, Luis Antonio, y le arrebataron la vida. En el hospital, mientras eran tratados por las heridas recibidas, fallecieron otras dos personas: Yaritza, hija de Elvia, y otro hombre.
A pesar que la taquería está ubicada en una céntrica zona, vigilada además por cámaras oficiales, los asesinos huyeron. Antes de emprender la huida, y para dejar en claro su control y sadismo, los sicarios, identificados por la fiscal del Estado de Baja California como miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación, mancillaron el cuerpo de Elvia, la cajera del establecimiento. La arrastraron ya sin vida para sacarla del lugar y prenderle fuego a su cuerpo.
El nivel de impunidad del Cártel Jalisco Nueva Generación en Tecate produce ese tipo de escenas de horror, que laceran a la sociedad, que matan inocentes. La impunidad, en este caso, y como suele ser, no es gratuita. Hace no muchos meses fue aprehendido un notorio criminal de esa mafia local, y en su teléfono celular le fueron encontradas comunicaciones directas, vía llamada o mensajería instantánea, con policías municipales del Pueblo Mágico.
En las comunicaciones, los agentes del Ayuntamiento de Tecate que fueron contratados para proteger a la ciudadanía, que pasaron —se supone— exámenes de control, evaluación y confianza, colaboran directamente con el CJNG. Les advertían cuando un operativo conjunto, con corporaciones estatales o federales, se llevaría a cabo para contenerles, con el objetivo de que huyeran o se defendieran. Se convertían en cómplices al utilizar la posición de policías para detener a los adversarios del cártel que se les ordenaba. Aprehendían por encargo y accionaban sus operativos a petición de los criminales.
A pesar que los policías fueron detenidos, otros han continuado en esa ilícita labora. Ni la aprehensión de los eslabones más débiles de los cárteles de la droga ha terminado con la violencia y la inseguridad en Tecate, ni el descubrimiento de policías encubiertos la ha aminorado. Cosa contraria, la violencia sigue ahí. Las balaceras se continúan escuchando, los cuerpos siguen cayendo y los desaparecidos van en aumento.
Mientras en 2025 en los primeros seis meses se registraron 45 homicidios dolosos, en el mismo periodo de este 2026, la cifra ya alcanza los 100; aun cuando son 97 oficialmente los asesinatos registrados (donde se incluyen a menores, mujeres e inocentes víctimas colaterales), los desaparecidos sí llegan a los 100, en el trágico entendido que muchos de ellos serán recuperados sin vida.
La Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, visitó Baja California recientemente. No pasó por Tecate. Fue a continuar con un fallido plan de justicia para San Quintín, estuvo en Mexicali, la capital, y pasó por Tijuana. A Tecate, gobernado por un representante de Morena, y a pesar de la presencia de corporaciones de las Fuerzas Armadas, Federales, Estatales y Municipales, lo tienen abandonado en materia de contención de la inseguridad. Entre la complicidad de policías con los cárteles, el abandono en una estrategia integral federal para combatir la impunidad de los cárteles y la corrupción en las corporaciones, esa frontera está en manos del narcotráfico. Y su población, así apenas supere los 100 mil habitantes y no les represente tantos votos como quisieran, es de las más vulneradas de este país que, cada vez, se desangra más.
