El coordinador de la bancada de Morena en el Senado de la República, Ignacio Mier Velazco, descartó el 29 de julio de 2026 cualquier medida contra el senador Enrique Inzunza Cázarez, imputado por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, al sostener que el legislador conserva plenamente sus funciones porque no existe sentencia ni requerimiento judicial en su contra.
“El senador Inzunza está en funciones de senador de la República, como lo mandata la Constitución: no hay en este momento ni sentencia ni requerimiento de carácter judicial, para que el Senado de la República o la Mesa Directiva, en su caso, le pueda notificar en sentido contrario”, alegó Mier Velazco.
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El señalamiento estadounidense contra Inzunza Cázarez se hizo público el 30 de abril de 2026, cuando concluía el periodo ordinario de sesiones y el nombre del legislador figuraba en la lista de quienes participarían en los trabajos de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Desde esa fecha, el senador se trasladó a Sinaloa, donde ha permanecido al margen de la actividad legislativa.
A un mes de que inicie el siguiente periodo ordinario de sesiones, no existe certeza respecto a si Inzunza Cázarez se presentará a ocupar su escaño en el Senado de la República. La dieta correspondiente a su cargo ha continuado sin interrupción.
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El caso se inscribe en una serie de señalamientos emitidos por autoridades estadounidenses respecto a presuntos nexos entre funcionarios y políticos sinaloenses y el Cártel de Sinaloa, entre ellos el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, cuyo entorno también ha sido objeto de reportes difundidos en EE.UU.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reservó por un plazo de cinco años las comunicaciones oficiales relacionadas con Rocha Moya e Inzunza Cázarez, decisión que limitó el acceso público a los intercambios sostenidos con el Gobierno de Estados Unidos respecto a ambos casos.
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La postura de Mier Velazco delimita el criterio de la mayoría legislativa: sin una resolución judicial formal, mexicana o extranjera, el fuero y las prerrogativas del senador permanecen intactos, incluida su remuneración, con independencia de las imputaciones formuladas en el extranjero.
