Organizaciones civiles señalaron falta de continuidad en programas de atención, recursos para albergues y deficiencias en servicios médicos, mientras cuestionan que el albergue Flamingos limite a 48 horas la estancia de personas mexicanas deportadas.
A 13 años del inicio del movimiento de personas deportadas en Tijuana, organizaciones civiles señalaron que persisten deficiencias en materia de atención médica, seguridad y reintegración, además de falta de recursos para los albergues que atienden a esta población.
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Durante la conmemoración del movimiento iniciado el 7 de agosto de 2013 en la Plaza Constitución, integrantes de la sociedad civil reconocieron que algunas de las demandas planteadas en aquel entonces derivaron en la creación de instituciones y programas, pero señalaron que con el paso de las administraciones se ha perdido continuidad en la atención.
José María García Lara, de Movimiento Juventud 2000, señaló que a partir de las acciones emprendidas por las organizaciones se logró impulsar la creación del Consejo Estatal de Asuntos Migratorios y la Dirección Municipal de Atención al Migrante, además de la capacitación para policías municipales, por lo que consideró necesario revisar cómo se están aplicando actualmente estos programas.
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“Sí se ha logrado ciertas cosas, pero ¿cómo las estás llevando a la práctica? Ese es el cuestionamiento realmente de todo lo que se está haciendo ahorita”, sostuvo.
Uno de los principales señalamientos fue contra el funcionamiento del albergue Flamingos, destinado a personas mexicanas deportadas, debido a que actualmente permite una estancia de 48 horas, periodo que los activistas consideran insuficiente para que quienes regresan al país puedan decidir si regresan a sus lugares de origen o buscan permanecer en Tijuana.
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García Lara pidió ampliar la estancia a por lo menos 15 días y acompañarla de programas de empleo, documentación, salud y reintegración, además de señalar que las organizaciones civiles dejaron de recibir recursos federales para atender a personas deportadas desde 2019.
“No queremos decir que lo quiten, sino que lo actualicen y que se haga el trabajo que verdaderamente se tiene que hacer tal y como lo hace la sociedad civil”, afirmó.
Además señaló que aunque actualmente no se observa una llegada masiva de personas deportadas a Tijuana, los migrantes continúan llegando a la ciudad de manera menos visible, principalmente quienes cuentan con familiares en California y buscan permanecer cerca de ellos.
Explicó que las organizaciones han identificado grupos de entre ocho y 15 personas deportadas que llegan a distintos puntos de la ciudad y que, en algunos casos, reciben apoyo de familiares para rentar una vivienda, buscar trabajo o establecerse de manera permanente en Tijuana.
Añadió que, de acuerdo con la última información proporcionada por autoridades migratorias, entre Tijuana y Mexicali salen diariamente alrededor de 70 u 80 personas deportadas desde Estados Unidos.
Por su parte, Hugo Castro, representante de S.O.S. Migrante, señaló que desde 2013 algunas condiciones han cambiado, pues actualmente ya no se registran tantas redadas ni se criminaliza de la misma manera a la comunidad deportada, aunque afirmó que todavía existen detenciones en zonas como Playas, donde personas migrantes son trasladadas a la delegación 20 de Noviembre.
“Ya no hay tantas redadas, ya no se está criminalizando tanto a la comunidad deportada”, dijo, aunque señaló que todavía se presentan detenciones y problemas para acceder a servicios, entre ellos la atención médica en el Hospital General de Tijuana.
Castro también denunció deficiencias en la atención médica y mencionó los casos de dos mexicanos deportados atendidos durante julio en el Hospital General de Tijuana.
De acuerdo con su testimonio, José, un mexicano deportado, murió en el Hospital General luego de no recibir, según afirmó, la atención médica que necesitaba, mientras que Óscar García permaneció una semana en el nosocomio sin recibir el tratamiento requerido y posteriormente fue atendido en Estados Unidos, donde le destaparon dos arterias.
“Algo que pudieron haber diagnosticado aquí, duraron una semana ahí en el hospital, no hicieron nada”, afirmó.
El activista consideró que estos casos muestran que las personas deportadas continúan enfrentando dificultades para acceder a servicios, pese a que actualmente Tijuana recibe menos deportaciones directas que en años anteriores.
En relación con la seguridad, Castro recordó que al inicio del movimiento alrededor del 70 por ciento de los migrantes detenidos en la delegación 20 de Noviembre no contaban con identificación, situación que afectaba especialmente a personas recién deportadas que tenían dificultades para obtener documentos oficiales.
Señaló que actualmente los abusos policiales contra migrantes han disminuido respecto a años anteriores, aunque todavía se presentan casos y consideró necesario mantener la capacitación en derechos humanos para policías y jueces calificadores.
Aunque actualmente no se registra una llegada masiva de personas deportadas a Tijuana, una parte importante de las deportaciones de mexicanos se realiza por vía aérea hacia la Ciudad de México y la frontera sur, por lo que los activistas señalaron que la disminución de personas deportadas visibles en la ciudad no significa que la problemática migratoria haya terminado.
Los activistas insistieron en que los gobiernos municipal, estatal y federal deben retomar el trabajo conjunto con las organizaciones civiles y fortalecer los programas de atención a personas deportadas, particularmente ante la posibilidad de que aumenten las deportaciones desde Estados Unidos.
